S¨¢nchez planea medidas ¡°coercitivas¡± contra los due?os de viviendas vac¨ªas
El Gobierno quiere evitar la venta de pisos de alquiler adjudicados a familias en situaci¨®n vulnerable a "personas jur¨ªdicas con ¨¢nimo de lucro"
El Gobierno quiere dar un giro a la regulaci¨®n de la vivienda ¡°como un servicio p¨²blico de inter¨¦s general¡±. Y una v¨ªa para conseguirlo ser¨¢ adoptar ¡°medidas de car¨¢cter coercitivo¡± contra los propietarios de viviendas vac¨ªas. As¨ª lo asegura un informe interno sobre la situaci¨®n de la vivienda social elaborado por la Secretar¨ªa General de Vivienda y al que ha tenido acceso EL PA?S. Estas medidas no se limitar¨¢n a los inmuebles propiedad de bancos o promotoras, sino tambi¨¦n a ¡°personas f¨ªsicas¡±, seg¨²n este documento, que insiste tambi¨¦n en regular la funci¨®n social de la vivienda y darle rango de ley estatal.
En Espa?a se calcula que hay 3,4 millones de viviendas vac¨ªas, seg¨²n el Censo de Poblaci¨®n y Viviendas del INE del a?o 2011, el ¨²ltimo disponible. ¡°Conseguir movilizar¡± esa bolsa de vivienda vac¨ªa es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ministerio de Fomento. En un informe fechado el 11 de septiembre, y que ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros, Fomento insiste en que es necesaria una normativa homog¨¦nea y que la ¨²nica forma de garantizarla es la legislaci¨®n b¨¢sica estatal. Solo as¨ª se evitar¨ªa la situaci¨®n actual de ¡°desigualdad¡±: hay comunidades que han puesto en marcha medidas como las sanciones, la cesi¨®n y el alquiler forzosos, e incluso la expropiaci¨®n temporal del uso; las hay que aplican estas medidas a bancos y sociedades de activos inmobiliarios, y otras a cualquier propietario, y tambi¨¦n se da el caso de Administraciones que han vendido parques p¨²blicos de vivienda a sociedades de inversi¨®n.
Los tribunales ya reconocen la funci¨®n social
Los tribunales est¨¢n empezando a reconocer la funci¨®n social de los parques p¨²blicos de vivienda. Un juzgado madrile?o acaba de estimar el recurso colectivo de la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda P¨²blica y Social (PAVPS) contra la venta de 2.935 viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) al fondo de inversi¨®n Encasa Cibeles.
En mayo pasado, otro juzgado de Madrid critic¨® que ¡°no se ofrece ni justifica la raz¨®n o el porqu¨¦ dejan de ser necesarias dichas promociones [...] cuando cumplen una funci¨®n social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna¡±. Tanto en la sentencia de mayo como en esta ¨²ltima, los fallos consideran que la venta produjo una ¡°vulneraci¨®n de los principios de protecci¨®n a la familia, de protecci¨®n a los menores y del derecho a una vivienda digna¡±.
El Gobierno, seg¨²n esta hoja de ruta, pretende que la vivienda deje de considerarse un bien especulativo. Por eso la regulaci¨®n b¨¢sica de los patrimonios p¨²blicos de vivienda social incluir¨¢ la protecci¨®n ¡°frente a posibles enajenaciones a personas jur¨ªdicas con ¨¢nimo de lucro¡± y que no respeten esa funci¨®n social. Uno de los casos m¨¢s sonados fue la enajenaci¨®n, en plena crisis econ¨®mica, de 5.000 viviendas sociales de alquiler adjudicadas a familias en situaci¨®n vulnerable por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Las compraron los fondos de Goldman Sachs y Blackstone, y empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes no pudieron pagarlas.
Evitar estos casos es una de las prioridades de la estrategia gubernamental, que tambi¨¦n plantea modificar el actual Plan Estatal de Vivienda, el instrumento con el que el Estado puede influir en una competencia que reside en las comunidades aut¨®nomas. El Gobierno quiere ¡°ahondar en el car¨¢cter social de los programas de ayudas¡± y, m¨¢s concretamente, incrementar el parque p¨²blico de vivienda en alquiler y ¡°protegerlo¡± para asegurar en el tiempo su car¨¢cter de servicio de inter¨¦s general. El actual plan de vivienda trata por igual a los promotores p¨²blicos y privados y establece el mismo plazo de protecci¨®n de una vivienda financiada con fondos p¨²blicos: 25 a?os. La intenci¨®n del Ejecutivo es acabar con esta situaci¨®n y establecer plazos de gesti¨®n social ¡°de muy larga duraci¨®n¡±. Una vez finalizados estos plazos, las viviendas ya se regir¨ªan por el nuevo r¨¦gimen jur¨ªdico, es decir, nunca perder¨ªan la finalidad para la que fueron construidas con fondos p¨²blicos.
L¨ªnea de ayudas
Fomento habla en el documento presentado al Consejo de Ministros de crear una l¨ªnea espec¨ªfica de ayudas para la creaci¨®n de parque de viviendas sobre suelos p¨²blicos ¡°con una protecci¨®n de sus inquilinos durante un plazo muy superior al actualmente previsto¡±. Tambi¨¦n prev¨¦ otra l¨ªnea de financiaci¨®n para ampliar los parques p¨²blicos de vivienda mediante la compra. Bien adquiriendo en el mercado, bien ejerciendo el mecanismo del tanteo y retracto para evitar que fondos con ¨¢nimo de lucro se puedan hacer con promociones p¨²blicas.
El titular de Fomento avanz¨® algunas de estas medidas en su comparecencia en el Congreso en julio pasado. All¨ª ya anunci¨® que la duraci¨®n de los contratos, que se redujo a tres a?os con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, volver¨¢ a ser de cinco a?os para dar mayor seguridad a los inquilinos. Tambi¨¦n present¨® un plan de choque para promover la construcci¨®n de 20.000 viviendas en zonas con alta demanda y donde los precios del alquiler son tan altos que expulsan a las clases trabajadoras y medias. El documento no da m¨¢s detalles y habla tanto de provisi¨®n como de ¡°rehabilitaci¨®n¡±. Precisamente la rehabilitaci¨®n de vivienda, especialmente para favorecer el alquiler, tendr¨¢ financiaci¨®n a trav¨¦s de l¨ªneas espec¨ªficas del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), seg¨²n el informe.
Hacia un acuerdo amplio por la vivienda digna: ley o pacto de estado
¡°El derecho a la vivienda es, sin duda, un derecho social¡±, afirma el documento de trabajo que resume los objetivos del Ministerio de Fomento en cuanto a la situaci¨®n de la vivienda social en Espa?a. Partiendo de esa base, y sumando la idea de que acceder a un hogar digno y adecuado ¡°debe ser un servicio p¨²blico de inter¨¦s general¡±, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez quiere sumar los m¨¢ximos consensos posibles para poner en marcha la elaboraci¨®n de una ley estatal en materia de vivienda. Entre otras cosas, el Ejecutivo valora incluir en el texto legislativo la definici¨®n y r¨¦gimen jur¨ªdico de la vivienda social, la planificaci¨®n de vivienda que corresponde al Estado y la vinculaci¨®n del suelo con uso residencial a la efectividad del derecho a una vivienda.
La minor¨ªa parlamentaria del Partido Socialista y la corta duraci¨®n de la legislatura complican sacar adelante esta propuesta legislativa. El Ejecutivo tambi¨¦n valora la posibilidad de intentar sumar apoyos y apostar por un pacto de Estado por la vivienda digna. El presidente, Pedro S¨¢nchez, escribi¨® la semana pasada en su cuenta de Twitter: ¡°Hago un llamamiento a todas las fuerzas pol¨ªticas para alcanzar un pacto que convierta la vivienda en un derecho de ciudadan¨ªa, lejos de la especulaci¨®n¡±.
Fuentes del Ejecutivo destacaron que el plan se centrar¨¢ en los reg¨ªmenes de tenencia y que no entrar¨¢ en las competencias de las comunidades aut¨®nomas. ¡°Definiremos, como han hecho nuestros vecinos europeos, lo que es alquiler social y un alquiler asequible¡±, a?adieron estas fuentes.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado este mes a Pedro S¨¢nchez tres propuestas ¡°muy concretas¡± para bajar el precio de los alquileres: obligar a los grandes tenedores a poner viviendas en el mercado, que las Socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas con ventajas fiscales para los inversores) dejen de tributar al 0% y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler ¡°en aquellas ¨¢reas donde el mercado est¨¢ m¨¢s tensionado¡±.
El Gobierno ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial ¡°para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler¡± que este lunes se reuni¨® por primera vez con un orden del d¨ªa que incluy¨® la presentaci¨®n del informe elaborado por la Secretar¨ªa General de Vivienda. En el grupo est¨¢n representados ocho ministerios. El presidente es el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.
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