El jefe del Banco de Valencia dice que no propuso las operaciones que llevaron a la quiebra a la entidad

El exconsejero delegado de Banco de ValenciaDomingo Parra ha negado tener responsabilidad en las tres operaciones inmobiliarias que, seg¨²n c¨¢lculos del FROB, dejaron un agujero de 160,5 millones de euros en la entidad. En la primera sesi¨®n del juicio contra la antigua c¨²pula del banco, que fue intervenido por el Banco de Espa?a a finales de 2011, Parra ha defendido esas operaciones y ha asegurado que eran tan buenas que incluso permitieron "ganar dinero" al banco.

Parra ha asegurado en varias ocasiones no ser responsable de nada al no haber tomado esas decisiones. "No soy quien plantea las operaciones ni pone las fechas ni con qu¨¦ papeles se piden", ha respondido. "No he entrado nunca en estos pormenores", ha asegurado en otro momento.

El exconsejero delegado ha asegurado en varias ocasiones durante el interrogatorio, de aproximadamente dos horas y media, que "nadie se quej¨® ni puso ning¨²n reparo en el consejo de Administraci¨®n" sobre estas operaciones. "Ni el presidente ni ninguno de los otros 15 consejeros". Parra fue consejero delegado de Banco de Valencia desde 1994 hasta el 7 de octubre de 2011. Cuando fue despedido, Parra reclam¨® al FROB que le pague m¨¢s de 10 millones de euros que figuraban en su contrato en caso de jubilaci¨®n o despido.

El Banco de Valencia se vendi¨® en 2012 a La Caixa por un euro, despu¨¦s de haber recibido dinero p¨²blico por un importe que ronda los 6.000 millones de euros (998 millones hasta mayo de 2012 y 4.500 millones en la intervenci¨®n del Banco de Espa?a). Sus antiguos directivos est¨¢n siendo juzgados en la Audiencia Nacional por presunta administraci¨®n desleal y apropiaci¨®n indebida. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita cuatro a?os de prisi¨®n para Parra y Alfonso Monferrer, director de las participadas inmobiliarias. Tambi¨¦n est¨¢n acusados los empresarios Salvador Vila, Juan Soler, Fernando Polanco, su mujer, Teresa Villalba, y el notario Carlos Pascual.

El fiscal, Conrado S¨¢iz, ha insistido en sus preguntas acerca de las operaciones de la sociedad de gesti¨®n de suelo Nou Litoral, constituida por el banco en 2013 junto a los promotores Vila y Soler para la compra de terrenos. El FROB calcula que esas operaciones causaron un quebranto a Banco de Valencia de 83,2 millones de euros.

Operaciones sin control previo

El Banco de Valencia ten¨ªa un 20% de las participaciones de la sociedad Nou Litoral. A la vez, le conced¨ªa l¨ªneas de cr¨¦dito y avales para comprar suelo que deb¨ªan pasar por la comisi¨®n ejecutiva y por el comit¨¦ de riesgos. En al menos dos ocasiones, seg¨²n ha relatado el fiscal durante la vista, las operaciones de financiaci¨®n se aprobaron sin el visto bueno previo de ese ¨²ltimo comit¨¦. Del resultado de una de esas ventas, Nou Litoral reparti¨® un dividendo de 10 millones, de los que dos correspondieron a Banco de Valencia. "La empresa reparte dividendos porque ha obtenido beneficios, y Banco de Valencia, como es accionista, recibe", ha contestado muy tranquilo Parra a preguntas sobre si no consider¨® irregular ese procedimiento.

En otra operaci¨®n de Nou Litoral se reparti¨® un dividendo de 60 millones entre los cinco socios. A preguntas sobre si fue positiva para Banco de Valencia, Parra ha afirmado que Nou Litoral "fue un ¨¦xito absoluto hasta que vino la crisis".

En su querella el FROB aseguraba que se trat¨® de "operaciones de financiaci¨®n verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intenci¨®n de obtener un lucro para los diversos socios del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia". Se refer¨ªa tanto a Nou Litoral como Valenciana de Viviendas, que provoc¨® un quebranto de 47,7 millones y Faverch, que cost¨® 29,8 millones. Parra ha defendido ante la secci¨®n primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estos procedimientos asegurando que se trataba de socios que eran clientes solventes y que ofrec¨ªan garant¨ªas.?

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita cuatro a?os de prisi¨®n para Parra por presunta administraci¨®n desleal, delito para el que plantea la alternativa de apropiaci¨®n indebida, en cuyo caso la petici¨®n de condena aumenta hasta los seis a?os de c¨¢rcel. La de Parra es la petici¨®n m¨¢s elevada. Para otros dos directivos (Carlos Zafrilla, exdirector de auditor¨ªa interna y Celestino Aznar, exresponsable de participadas) solicita tres a?os.