La zona cero del caos hipotecario

Edificios de ladrillo anaranjado o de tonos blancos y grises a ambos lados. Un bulevar central ajardinado que acaba en un descampado. La escenograf¨ªa no es muy diferente de la de otros barrios residenciales recientes. Pero un logotipo se repite en todos los bloques y recuerda qui¨¦n los construy¨®: EMV Rivas Vaciamadrid. Estamos en la calle Madres de la Plaza de Mayo, eje central de un desarrollo urban¨ªstico p¨²blico. En sus or¨ªgenes se encuentra un largo litigio administrativo y judicial. Comenz¨® como una disputa tributaria entre dos administraciones y termin¨® con una fuerte sacudida burs¨¢til a la banca y una decisi¨®n ins¨®lita del Tribunal Supremo. Esta es la zona cero del caos del impuesto hipotecario.

30 de diciembre de 2003. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, al sureste de Madrid, constituye su Empresa Municipal de Vivienda (EMV). "Se cre¨® para que la gente que vive o trabaja en Rivas pueda quedarse aqu¨ª", recuerda Pedro del Cura, alcalde de esta ciudad donde gobierna Izquierda Unida desde 1991. "La Comunidad de Madrid viv¨ªa un gran boom inmobiliario y aqu¨ª hac¨ªamos justo lo contrario", a?ade.

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El gran embrollo de las hipotecas: tres a?os de caos judicial en el impuesto

?Qu¨¦ es y cu¨¢nto cuesta el Impuesto de Actos Jur¨ªdicos Documentados?

Durante a?os, no hubo problemas. La empresa p¨²blica municipal ped¨ªa cr¨¦ditos a los bancos para edificar casas que luego vend¨ªa o alquilaba. Cada vez que ten¨ªa que registrar un piso o un pr¨¦stamo promotor, el procedimiento era el mismo. Al ser viviendas de protecci¨®n oficial (VPO), el Ayuntamiento se declaraba exento del Impuesto de Actos Jur¨ªdicos Documentados (IAJD).

Pero en 2009, estallada la burbuja, todo cambi¨®. No era una ¨¦poca boyante para las haciendas auton¨®micas, encargadas de recaudar el IAJD, y la Comunidad de Madrid hab¨ªa cambiado las tipolog¨ªas de vivienda protegida. ¡°Nosotros no hac¨ªamos vivienda social. Hac¨ªamos lo que antes era VPO, que no limita a la gente que puede acceder¡±, se?ala una fuente jur¨ªdica del Consistorio. Pero la Comunidad reclam¨® el impuesto alegando que algunos pisos no pod¨ªan ser protegidos por superar los 90 metros.

¡°Pensamos que no pod¨ªamos depender de una decisi¨®n arbitraria del Gobierno de Esperanza Aguirre¡±, relata Del Cura, que entonces era concejal. Ram¨®n Casero, abogado y profesor de derecho tributario en ICADE, asesoraba hac¨ªa a?os al Consistorio ripense cuando le pidieron ayuda con las reclamaciones ante la hacienda auton¨®mica. Fueron a?os de visitas a las oficinas y organismos competentes, que no les dieron la raz¨®n. La v¨ªa administrativa qued¨® cerrada.

¡°Les pregunt¨¦ si quer¨ªan recurrirlo judicialmente, porque hab¨ªa doctrina contraria consolidada en el Supremo, pero me dijeron: 'lo recurrimos¡±, recuerda el abogado. Del Cura, que en 2015 ya llevaba un a?o al frente de la Alcald¨ªa, dice que fue una decisi¨®n ¡°pol¨ªtica¡±. ¡°Lo que no pueden hacer las personas podemos hacerlo las administraciones. Por eso decidimos ir hasta el final¡±, aclara.

Siete fallos en contra

Pusieron siete recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y a?adieron un nuevo argumento. ¡°Entend¨ªamos que no deb¨ªamos pagar un impuesto por algo que decide el banco que hagamos¡±, resume el alcalde. Pero la profec¨ªa del abogado se cumpli¨® y los siete se resolvieron en su contra. Era 2017 y solo quedaba pagar un mill¨®n o ir al Supremo.

Una palabra se cuela tres veces en el riguroso relato jur¨ªdico de Casero: ¡°Suerte¡±. La primera, se?ala el abogado, fue que en 2016 hab¨ªa cambiado la ley de casaci¨®n para lo Contencioso-Administrativo. ¡°Con la anterior hubiera sido dificil¨ªsimo recurrir en este caso¡±, asegura.

Tambi¨¦n fue una suerte el error judicial: ¡°En diciembre de 2015 la sala Civil, sin darse cuenta de lo que dec¨ªa la de lo Contencioso-Administrativo, se?al¨® que estaba claro que el que se beneficia del registro de la hipoteca es el banco¡±, expone Casero. Corrigieron la sentencia en febrero de este a?o, pero ya era tarde. ¡°Yo ya me hab¨ªa basado en eso para poner mis recursos¡±, explica el letrado. Luego la Abogac¨ªa del Estado cit¨® el auto de febrero en su respuesta y Casero aleg¨® indefensi¨®n porque su escrito era anterior y no hab¨ªa podido argumentar sobre eso. Los magistrados tomaron entonces una decisi¨®n poco habitual y lo llamaron a vista oral.

¡°Me la prepar¨¦ a conciencia¡±, recuerda el abogado. Al llegar al tribunal se dio cuenta del tercer hecho fortuito: ¡°Esta sala tiene nuevos magistrados, los antiguos me hubieran dicho que ya se hab¨ªan pronunciado¡±, sostiene. El 18 de octubre, el?fallo de esos magistrados les daba la raz¨®n. No entraba en el litigio con la Comunidad por el tama?o de los pisos, ya que se?alaba directamente que el IAJD deben pagarlo los bancos. Al d¨ªa siguiente, el presidente de la Sala Tercera del Supremo anunciaba una reuni¨®n del Pleno ¡°a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado¡±.

¡°Tenemos claro que nuestro fallo es firme y lo que vale para Rivas tiene que valer para los ciudadanos¡±, reivindica Del Cura. El abogado apunta en la misma l¨ªnea: ¡°El resultado el d¨ªa 5 va a ser el que consideramos, otra cosa es que se hable de la retroactividad¡±.

26 de octubre de 2018. Laura Molina, de 38 a?os, lleva 30 en Rivas. Lleg¨® al Barrio de la Luna en 2007. Pag¨® 152.000 euros por un piso de la EMV. Algo ha o¨ªdo sobre el IAJD, pero se extiende m¨¢s al contar que conoce a muchos vecinos de su anterior barrio. Son hijos de vecinos de sus padres que tambi¨¦n se mudaron aqu¨ª. ¡°Esto es lo que ha construido Rivas, que seamos una pi?a¡±, asegura.