La elecci¨®n de altos cargos

En los Estados modernos hay un buen n¨²mero de autoridades cuya direcci¨®n debe ser independiente de cualquier poder y tener excelente capacidad t¨¦cnica. Es bastante habitual que los partidos pol¨ªticos decidan la elecci¨®n de los altos cargos de esas instituciones. Este enfoque ser¨ªa adecuado si los partidos eligieran con criterios de m¨¦rito e independencia personal, y adem¨¢s se cumplieran las normas requeridas sobre incompatibilidades, duraci¨®n del cargo e inamovilidad, nuevos mandatos, etc¨¦tera.

Sin embargo, esta forma de proceder plantea dos riesgos si los partidos atienden a sus propios intereses en lugar de buscar la elecci¨®n de los mejores para responsabilizarse de esos ¨®rganos. En primer lugar, pueden preferir ocupar los altos cargos del Estado situando en estos a personas afines. El segundo riesgo es que los partidos ampl¨ªan as¨ª su poder, cuando con estas instituciones se intenta contrarrestar el mismo. La pol¨ªtica en lugar de dirigirse hacia el bien com¨²n persigue intereses de partido. Existen fundadas sospechas de que los riesgos apuntados se han manifestado en Espa?a.

En este terreno la soluci¨®n no radica en las buenas intenciones, sino en despolitizar la elecci¨®n v¨ªa la admisi¨®n del azar por parte de los partidos como incentivo para alterar su comportamiento actual (aunque seguir¨ªan teniendo la ¨²ltima palabra). Es tambi¨¦n claro que los pol¨ªticos no querr¨¢n perder espacios de poder y alejarse de muchos puestos donde colocar a su ¡°clientela¡± de partido.

No obstante, la regeneraci¨®n pol¨ªtica hoy reclamada, la mayor competencia entre los partidos por el voto ciudadano, la considerable dificultad de alcanzar pactos para la renovaci¨®n de quienes gobiernan las altas instituciones y la presi¨®n decidida de la sociedad civil, son razones para tener bastante optimismo en el logro de una transformaci¨®n del comportamiento partidista seguido en todo este ¨¢mbito. Los partidos ser¨ªan importantes beneficiarios de ese cambio, como el resto de la sociedad, a pesar de ceder poder.

El argumento esencial es que el azar promueve honestidad e imparcialidad, ya que lo aleatorio rompe el incentivo de seguir pol¨ªticas oportunistas, pues lo fortuito elimina saber con certeza qui¨¦n obtendr¨¢ algo. Resulta ser la mejor manera de entorpecer la utilizaci¨®n del poder de los partidos para colocar a sus favoritos en los altos cargos del Estado.

La propuesta innovadora de ¡°cargos con azar¡± es sencilla. El proceso comenzar¨ªa con un concurso p¨²blico en el que se aceptan o rechazan candidatos de acuerdo con la regulaci¨®n de la convocatoria. En la segunda fase act¨²a una Comisi¨®n de Evaluaci¨®n creada con intervenci¨®n del azar. La introducci¨®n de la aleatoriedad en la formaci¨®n de la Comisi¨®n induce a mayor honestidad y dificulta conductas oportunistas y partidistas.

En la propuesta de cargos ¡°con azar¡±, la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n de, por ejemplo, cinco miembros se forma por sorteo entre, digamos, 30 nombres de expertos aportados por los partidos con representaci¨®n parlamentaria y otras organizaciones. Las cifras se?aladas pueden tomarse como indicativas, pero son perfectamente razonables y est¨¢n bien estudiadas, estad¨ªsticamente, para lograr un punto crucial de la propuesta.

Este punto se basa en que quienes aportan los nombres entre los que se ha de sortear la Comisi¨®n evaluadora, lo hagan con un n¨²mero m¨¢ximo por entidad que totalice un tama?o determinado del grupo sometido al sorteo del que se obtienen los evaluadores. La l¨®gica de este requisito es que nadie que aporte nombres pueda contar con una probabilidad suficientemente alta de controlar, tras el sorteo, a la Comisi¨®n, incluso en el caso de alianzas pol¨ªticas.

Si, por ejemplo, el grupo a sortear es de 30 personas y cada uno de los, por ejemplo, cuatro grupos parlamentarios con m¨¢s votos propone a un m¨¢ximo de tres, contar¨¢n con una probabilidad del 36,95% o del 6,15% de tener en la Comisi¨®n, respectivamente, uno o dos de los tres miembros propuestos. Sin embargo, solo una probabilidad del 2,5 por mil de que el sorteo les conceda el control de la Comisi¨®n de cinco miembros con los tres aportados. Con estas probabilidades, y un proceso transparente por escrito, no tiene sentido que se adopten estrategias oportunistas, en lugar de proponer a buenos y reconocidos expertos como evaluadores.

El objetivo de la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n debe ser presentar, como m¨¢ximo, un n¨²mero doble de candidatos apropiados que el de altos cargos a cubrir, sin establecer ning¨²n orden de preferencia. Si, digamos, se ha admitido a 40 de los candidatos presentados a un concurso para renovar los 12 miembros de una instituci¨®n, la Comisi¨®n formada por sorteo seleccionar¨ªa, por mayor¨ªa y por escrito, 24 candidatos como m¨¢ximo, siempre que ese n¨²mero se alcance con personas apropiadas.

La tercera fase de la propuesta se desarrolla con clara participaci¨®n parlamentaria, ya que los partidos son los que cuentan con el respaldo de la soberan¨ªa popular. Esta fase puede llevarse a cabo de dos formas alternativas. En la primera, el Parlamento, por mayor¨ªas adecuadas y tras sesiones de audiencia, elige a quienes han de ocupar los altos cargos entre aquellos que la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n ha seleccionado, salvo que en caso de superarse ciertos l¨ªmites temporales (digamos, dos o tres meses de debate parlamentario) sin alcanzar las mayor¨ªas requeridas, se tenga que seguir obligatoriamente la segunda alternativa.

Seg¨²n esta segunda forma, los partidos, en sede parlamentaria, podr¨ªan establecer vetos de hasta una cuarta parte de las personas propuestas por la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n. As¨ª, los partidos pueden corregir, parcialmente, la selecci¨®n hecha por los evaluadores. Tras los posibles vetos, un sorteo imparcial entre los candidatos que resten de la propuesta de la Comisi¨®n dar¨ªa las personas que han de ocupar los altos cargos. En ambas formas alternativas, la imparcialidad del azar introduce los est¨ªmulos necesarios para evitar comportamientos partidistas inadecuados y poder asegurar una independencia personal de los altos cargos, nombrados de acuerdo con su m¨¦rito.

Emilio Albi es catedr¨¢tico em¨¦rito de Hacienda P¨²blica. Ha presentado esta propuesta en varias ocasiones, recientemente en el libro ¡®Supervisi¨®n, Control y Evaluaci¨®n¡¯ (IEF, 2018).