Viviendas sin derechos

Esta semana se ha publicado el VIII Informe de la Fundaci¨®n FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociolog¨ªa Aplicada) sobre Exclusi¨®n y Desarrollo Social en Espa?a. Se trata de la radiograf¨ªa m¨¢s completa de la evoluci¨®n social de nuestro pa¨ªs que tiene el extraordinario valor de contar con la experiencia de este tipo de investigaciones desde 1955.

El anterior informe (2014) subray¨® la transformaci¨®n social que sufri¨® este pa¨ªs como consecuencia de la Gran Recesi¨®n econ¨®mica que rompi¨® el contrato social que manten¨ªa la base de la estructura del bienestar. La investigaci¨®n de este a?o ha puesto de relieve que ¡°la recuperaci¨®n econ¨®mica y del empleo, a¨²n en su versi¨®n precaria, ha conseguido reducir la materialidad de la exclusi¨®n, pero no la erosi¨®n del ¨¢mbito de los derechos¡±. El deterioro de los derechos se ha agravado especialmente en el campo de la vivienda como se?ala uno de los documentos de trabajo El sistema p¨²blico de vivienda en el Estado espa?ol. Sin estrategia ni fundamentaci¨®n en los derechos humanos, elaborado por Sonia Olea, Guillem Fern¨¢ndez, Koldo Casla y Mar¨ªa Jos¨¦ Aldanas.

La idea fundamental de este trabajo es se?alar lo alejadas que han estado en Espa?a las pol¨ªticas p¨²blicas del derecho a la vivienda y de los Derechos humanos. En nuestro pa¨ªs se han dedicado ingentes recursos p¨²blicos a la construcci¨®n de viviendas protegidas, que entre 1951 y 2015 ascendieron a 6,3 millones, el 36,8% del total. Pero este extraordinario esfuerzo p¨²blico no ha impedido que hoy contemos con apenas un 2% de vivienda social, frente al 32% de Holanda; 23% de Austria; 18% en Reino Unido o 17% en Francia.

El Estado realiz¨® un esfuerzo importante en la construcci¨®n de viviendas que financiadas con el dinero de todos luego se transformar¨ªan en propiedades de algunos. ¡°Durante m¨¢s de medio siglo la pol¨ªtica de vivienda fue realmente una pol¨ªtica de privatizaci¨®n dosificada de un servicio p¨²blico¡±, se?ala el informe.

El sistema p¨²blico de vivienda implementado en nuestro pa¨ªs no se ha fundamentado en los Derechos Humanos sino en el desarrollo de una pol¨ªtica inmobiliaria para dinamizar la econom¨ªa. Aunque ahora la construcci¨®n de viviendas protegidas ha ca¨ªdo en picado no se deber¨ªa repetir el viejo modelo sino en financiar viviendas de alquiler en base a los derechos sociales.

Un reflejo de este rechazo al derecho humano a la vivienda lo hemos visto con la suspensi¨®n de leyes auton¨®micas sobre la funci¨®n social de la vivienda por el Tribunal Constitucional a petici¨®n del Gobierno del Partido Popular. Ha sido el caso de Andaluc¨ªa y Navarra (2013); Canarias, (2014); Arag¨®n y Euskadi (2015); Murcia, Extremadura y Catalu?a (2016) y Valencia (2017). El TC, no obstante, est¨¢ cambiando ¨²ltimamente hacia un mayor reconocimiento de la funci¨®n social de la vivienda. Muy relevante ha sido la sentencia del TC del pasado 28 de febrero, fundamentada en el derecho de la Uni¨®n Europea que ha amparado a una familia que iban a desahuciar. Un cambio trascendental y esperanzador.