Los auditores de Hacienda rechazan colaborar en casos de corrupci¨®n por estar ¡°desbordados¡±
La IGAE admite en documentos enviados al juez del 'caso P¨²nica' que carece de personal para ayudarle en la investigaci¨®n
Los interventores del Estado est¨¢n desbordados y carecen del personal suficiente para colaborar con los juzgados espa?oles que luchan contra la corrupci¨®n. As¨ª lo reconoce la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S. En ellos rechaza elaborar un informe para el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso P¨²nica. La IGAE afirma que la saturaci¨®n le ¡°est¨¢ impidiendo aceptar solicitudes¡± de auxilio judicial. Los informes de los auditores del Estado han sido claves en casos como Acuamed o Lezo.
La IGAE es el organismo de Hacienda encargado del control interno del sector p¨²blico estatal: se ocupa del control financiero, de la auditor¨ªa p¨²blica y tambi¨¦n elabora las cuentas y determina el d¨¦ficit p¨²blico. Precisamente por esas competencias, y por contar con profesionales altamente cualificados, otra de sus atribuciones es el auxilio judicial, esencial para la lucha de los tribunales contra la corrupci¨®n. Los funcionarios de la IGAE elaboran informes y peritajes por encargo de los jueces, sobre todo en el ¨¢mbito penal pero tambi¨¦n en otras jurisdicciones.
Sin embargo, su capacidad para dar apoyo a la justicia empieza a resentirse por la falta de personal. La IGAE asegura estar ¡°desbordada¡± por las solicitudes de colaboraci¨®n que recibe de los juzgados. As¨ª lo ha reconocido en los ¨²ltimos meses en dos ocasiones en sendos escritos remitidos al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso P¨²nica, en el que se investiga una trama de corrupci¨®n que implica a numerosos cargos p¨²blicos del PP de la Comunidad de Madrid.
Personal de auxilio judicial "limitado"
En una comunicaci¨®n del 22 de marzo pasado el organismo manifiesta la imposibilidad de hacerse cargo de un informe sobre la trama de corrupci¨®n, entre otros motivos porque ¡°el personal adscrito a funciones de auxilio judicial es limitado y actualmente est¨¢ desbordado, lo que est¨¢ impidiendo aceptar solicitudes que indiscutiblemente son de competencia de la IGAE¡±. Ante la insistencia de Garc¨ªa-Castell¨®n, en junio la Intervenci¨®n remiti¨® un segundo documento al juzgado en el que de nuevo asegura carecer ¡°de personal disponible para asumir nuevas actuaciones¡±. Ambos van firmados por la subdirectora general de Estudios y Coordinaci¨®n de la IGAE, Mercedes Vega.
Seg¨²n un portavoz oficial de Hacienda, la IGAE cuenta actualmente con una unidad de colaboraci¨®n con la justicia ¡°con dedicaci¨®n exclusiva¡± que se encuentra en los servicios centrales. Est¨¢ formada por cuatro funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado ¡ªempleados p¨²blicos que superan una de las oposiciones m¨¢s duras de la funci¨®n p¨²blica¡ª y cinco funcionarios del Cuerpo T¨¦cnico de Auditor¨ªa y Contabilidad. Hacienda se?ala que el resto de personal de la IGAE colabora puntualmente en estos encargos, pero compatibiliz¨¢ndolos con el desempe?o ordinario de sus funciones. Seg¨²n se?al¨® el portavoz, actualmente hay 17 funcionarios del cuerpo superior y nueve del cuerpo t¨¦cnico, adem¨¢s de tres funcionarios m¨¢s del Cuerpo Superior de Interventores de la Seguridad Social.
Con datos a 31 de julio, la IGAE est¨¢ colaborando en 56 asuntos judiciales, de los cuales 10 son de la Audiencia Nacional. La memoria de la IGAE de 2018 recoge que sus funcionarios tambi¨¦n realizaron actuaciones en el ¨¢mbito privado y de la administraci¨®n auton¨®mica y local.
Un perjuicio de 15 millones de euros
La escasez de personal de la Intervenci¨®n sale a la luz despu¨¦s de que en julio de 2018 el instructor del caso P¨²nica solicitara a la IGAE que designara a algunos de sus expertos ¡°a la mayor brevedad posible y por considerarlo imprescindible para la instrucci¨®n de la presente causa¡± para elaborar un informe sobre uno de los fraudes destapados: la supuesta concesi¨®n irregular del concierto escolar a nueve colegios por los que la red se embols¨® presuntamente 15 millones de euros, seg¨²n un reciente informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Garc¨ªa-Castell¨®n, a instancias del ministerio p¨²blico, solicitaba que la IGAE determinase la regularidad de los expedientes administrativos por los que los centros educativos obtuvieron suelo p¨²blico para levantar sus instalaciones y la concesi¨®n de un concierto para recibir las subvenciones de la Comunidad de Madrid. Tambi¨¦n la cuant¨ªa del perjuicio que la actuaci¨®n de la trama provoc¨® a los cooperativistas que participaron en la puesta en marcha de estos colegios.
Tras no obtener respuesta a este primer escrito, el juez reiter¨® su petici¨®n en octubre pasado. La IGAE remiti¨® su primer escrito de respuesta el pasado 19 de marzo para rechazar hacerse cargo del peritaje al considerar que el objeto del peritaje que se le ped¨ªa no era de su competencia, ya que los expedientes bajo sospechas eran del ¨¢mbito auton¨®mico, y no estatal, al que limita su actuaci¨®n. ¡°Elaborar informes sobre materias ajenas de las cuales se carece de experiencia y dominio suficiente ser¨ªa contraproducente para el correcto desarrollo del procedimiento¡±, se afirmaba en el escrito.
El juez insiste
Pese a la negativa, Anticorrupci¨®n y el juez reiteraron su petici¨®n el pasado 26 de abril. La respuesta de la Intervenci¨®n, fechada el 10 de junio, fue la misma. En este segundo documento, el ¨®rgano de Hacienda recalcaba su ¡°decidida voluntad de colaboraci¨®n¡± con la justicia, y pon¨ªa como ejemplo los informes que estaba realizando en otros tres sumarios por corrupci¨®n que instruye el juez Garc¨ªa-Castell¨®n: los casos Acuamed, Lezo y el c¨¢rtel del fuego. ¡°Esta capacidad de colaboraci¨®n solo viene limitada por la capacidad t¨¦cnica y la disponibilidad de personal para poder responder de forma efectiva a las m¨²ltiples solicitudes que se reciben¡±, se?ala el escrito en el que se incide en que ¡°todo el personal asignado a la unidad de auxilio judicial se encuentra trabajando en informes solicitados por diversos juzgados¡±.
Esta nueva respuesta tampoco ha convencido a Anticorrupci¨®n, que en el informe que present¨® el pasado 2 de agosto en la Audiencia Nacional para reordenar las diferentes piezas del caso P¨²nica reclama que se solicite ¡°de nuevo la designaci¨®n de un interventor de la IGAE en auxilio judicial¡± para poder avanzar en la investigaci¨®n sobre la concesi¨®n supuestamente irregular del concierto a los centros escolares.
El Ministerio de Hacienda rechaz¨®, a preguntas de este diario, precisar en cu¨¢ntos casos se ha negado la IGAE a auxiliar a los tribunales por falta de personal. ?nicamente se?al¨® que el Gobierno ¡°ha hecho un esfuerzo para atender y mejorar la funci¨®n de auxilio judicial de la IGAE¡± y record¨® que esta es una ¡°labor adicional¡± a la que tienen encomendada los auditores p¨²blicos.
Falta de personal tambi¨¦n para controlar subvenciones
No es la primera vez que la IGAE reconoce su carencia de suficientes auditores p¨²blicos. El a?o pasado lo hizo p¨²blicamente al divulgar en el Bolet¨ªn Oficial del Estado una orden en la que autorizaba la contrataci¨®n de algunas de sus tareas con empresas privadas. La IGAE "carece de efectivos suficientes para hacer frente" a actuaciones de control y auditor¨ªa del plan de control de las subvenciones y ayudas p¨²blicas de 2019 y del que fiscaliza el uso de los fondos europeos, dec¨ªa la orden publicada en el BOE. Para poder dar cumplimiento a los objetivos de esos planes y a la normativa nacional y comunitaria, el Ministerio de Hacienda reconoc¨ªa que se ve¨ªa obligado a "establecer un proceso de colaboraci¨®n con empresas privadas de auditor¨ªa".
La Ley General Presupuestaria prev¨¦ que la Administraci¨®n General del Estado pueda contratar a empresas privadas de auditor¨ªa, pero tiene que justificar la insuficiencia de medios disponibles. Adem¨¢s, es necesario publicar una orden del Ministerio de Hacienda en la que se especifique por qu¨¦ no son suficientes los funcionarios de la IGAE. La misma norma es la que obliga a la Intervenci¨®n a realizar anualmente la auditor¨ªa de las cuentas anuales del sector p¨²blico (organismos aut¨®nomos, entidades p¨²blicas empresariales, mutuas, fundaciones, sociedades mercantiles estatales...) y a controlar a los beneficiarios de subvenciones y ayudas p¨²blicas y con cargo a fondos comunitarios. Son estos ¨²ltimos trabajos los que Hacienda autoriz¨® contratar externamente a la IGAE ¡°dentro de sus disponibilidades presupuestarias¡±: control de subvenciones y de los fondos comunitarios.
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