El juez rastrea el destino final de 10,3 millones que el BBVA pag¨® a Villarejo
El magistrado reclama a 10 entidades financieras informaci¨®n sobre 31 cuentas a las que el comisario transfiri¨® millonarias cantidades de dinero
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha dado un nuevo impulso a la investigaci¨®n sobre el dinero que el BBVA pag¨® al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo con una providencia en la que reclama abundante informaci¨®n a una decena de entidades financiera. Se trata de los bancos, entre ellos el propio BBVA, en los que estaban abiertas 31 cuentas a nombre de 22 sociedades ligadas al polic¨ªa, en prisi¨®n desde noviembre de 2017, y a las que este transfiri¨® millonarias cantidades de dinero durante cerca de 14 a?os. El magistrado del caso Villarejo, que atiende as¨ª a una petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n del pasado 13 de marzo, pretende conocer el destino final de ese dinero, buena parte del cual corresponde a los pagos que recibi¨® de la entidad presidida entonces por Francisco Gonz¨¢lez por los trabajos ahora bajo investigaci¨®n judicial.
La decisi¨®n del juez, fechada el 13 de abril aunque conocida este jueves, se produce despu¨¦s de que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Polic¨ªa Nacional remitiera a finales de febrero un informe sobre los movimientos de la cuenta abierta por Villarejo en el BBVA a nombre de la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), epicentro de su trama societaria y a trav¨¦s de la cual cobr¨® los trabajos presuntamente ilegales que hac¨ªa para la entidad financiera. El polic¨ªa nunca figur¨® como titular o autorizado, aunque s¨ª aparec¨ªan su socio, el abogado Rafael Redondo; su mujer, Gemma Isabel Alcal¨¢; y uno de sus hijos, Jos¨¦ Manuel Villarejo Gil, todos ellos imputados en distintas piezas separadas de la causa. Mientras estuvo abierto, el dep¨®sito recibi¨® fondos por cerca de 31 millones de euros, de los que cerca de 10,3 millones correspond¨ªan a pagos efectuados por el BBVA. Incluso despu¨¦s de la detenci¨®n del polic¨ªa, la cuenta sigui¨® recibiendo fondos procedentes de la entidad financiera. En total, 242.000 euros repartidos en cuatro entregas de 60.500 euros.
El documento policial tambi¨¦n analizaba las salidas de fondos desde la misma cuenta en un trasiego continuo que, en algunos momentos, la deja pr¨¢cticamente a cero pese a los ingresos millonarios. En este caso, los investigadores agrupaban el destino de ese dinero en tres bloques diferentes. En primer lugar, las transferencias hechas a otras mercantiles para el pago de facturas por servicios prestados al entramado societario de Villarejo. En segundo, los gastos de ¡°mantenimiento de la estructura societaria¡± del polic¨ªa, entre ellos el pago del arrendamiento de los inmuebles que ocupaban sus empresas y las n¨®minas de los empleados, incluida su esposa. Y, finalmente, un tercer bloque de traspasos ¡°a empresas directamente vinculadas a Villarejo entre los que se incluyen traspasos a la propia Cenyt o a mercantiles bajo titularidad de aquel o con especial vinculaci¨®n con el mismo¡±, en referencia a sociedades de su socio Rafael Redondo y del empresario Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del comisario jubilado.
El juez quiere conocer ahora cu¨¢l fue el destino final del dinero enviado a estas ¨²ltimas cuentas, que recibieron traspasos desde el dep¨®sito de Villarejo del BBVA que iban desde los 2,6 millones que recibi¨® la propia Cenyt a los 5.000 euros transferidos a una empresa llamada Lextor. En total, 22 sociedades del entramado del polic¨ªa recibieron fondos desde esta cuenta. El juez pide ahora abundante informaci¨®n sobre esas 31 cuentas, incluida la relaci¨®n completa de movimientos de las mismas ¡°desde la fecha de apertura hasta la actualidad¡±, aunque ya hayan sido canceladas. Tambi¨¦n reclama a las entidades que le informen sobre cualquier otro producto bancario (incluidos cr¨¦ditos, pr¨¦stamos o hipotecas) o cajas de seguridad de las que estas 22 empresas hubieran sido titulares, as¨ª como la identidad de las personas que figurasen como autorizadas en las mismas. El magistrado da en su providencia a las entidades un plazo de siete d¨ªas para cumplimentar el requerimiento de informaci¨®n.
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