Trabajo ha exigido 676 millones a empresas por las prejubilaciones

Espa?a ya ha explorado una v¨ªa para frenar las prejubilaciones: encarecerlas. Lo hizo en 2011 a trav¨¦s de lo que se llam¨® enmienda Telef¨®nica. Desde entonces y hasta 2018 el Ministerio de Trabajo ha exigido 676 millones a las empresas con beneficios con m¨¢s de 100 empleados que en los despidos colectivos prejubilan a trabajadores de m¨¢s de 50 a?os, seg¨²n fuentes del Ejecutivo. Buena parte de esta cantidad ya se habr¨ªa cobrado, aunque la cifra definitiva puede bajar algo, porque en muchas ocasiones las reclamaciones son recurridas ante los tribunales y, por tanto, quedan cantidades pendientes de los jueces.

La factura de una empresa por las prejubilaciones que lleva a cabo en los despidos colectivos puede no acabar con las indemnizaciones. Cuando tienen 100 trabajadores o m¨¢s y dos a?os de beneficios, deben compensar al Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) por las prestaciones y subsidios de los trabajadores de m¨¢s 50 a?os incluidos en estos expedientes de regulaci¨®n. Y eso es lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a reclamar 675,9 millones por ajustes hechos entre 2012 y 2018.

El pico de estas reclamaciones se alcanz¨® en 2013 y 2014, en los peores momentos de la crisis anterior. En a?os posteriores, las cantidades exigidas bajaron mucho y llegaron al m¨ªnimo en 2017 (tres millones). En 2018, rebotaron con fuerza las reclamaciones, hasta los 61 millones, cantidad todav¨ªa provisional.

Las prejubilaciones son uno de los elementos a los que ha apuntado la Seguridad Social para acabar elevando la edad real de jubilaci¨®n, pues muchos de estos trabajadores se retiran antes de la edad legal. Y viendo los c¨¢lculos que se hicieron cuando se aprob¨® la enmienda Telef¨®nica, que situaban su potencial recaudador en 350 millones al a?o, parece que hay margen para desincentivar este tipo de ajuste de plantilla.

M¨¢s de 100 trabajadores

La enmienda Telef¨®nica, nombre popular de esta medida, se aprob¨® por primera vez en 2011. Y se llama as¨ª por el anuncio que hizo la compa?¨ªa de telecomunicaciones de un despido colectivo que iba a afectar a m¨¢s de 6.000 trabajadores. Aquello provoc¨® la reacci¨®n del entonces ministro de Trabajo, el socialista Valeriano G¨®mez, que aprovech¨® la tramitaci¨®n parlamentaria de la reforma de pensiones para incluir una enmienda que afectaba a las empresas con 500 trabajadores o m¨¢s. Al a?o siguiente, el PP, con F¨¢tima B¨¢?ez al frente del departamento, ajust¨® la medida en la reforma laboral y rebaj¨® el list¨®n de 500 empleados a 100.

Entonces ¡ªy en los reglamentos posteriores¡ª se fijaron los criterios a seguir. Siguiendo esta regulaci¨®n, lo que Trabajo exige a las empresas es una cantidad que se sit¨²a entre el 60% y el 100% del coste de las prestaciones y subsidios por desempleo m¨¢s las cotizaciones correspondientes de los trabajadores mayores de 50 a?os afectados por despidos colectivos o los individuales que se producen tres a?os antes o despu¨¦s de esa regulaci¨®n de empleo.

Ese porcentaje se establece en funci¨®n del tama?o de la empresa, de la ratio de beneficios sobre ingresos y de la composici¨®n por edades de los trabajadores afectados en el ERE. Hay que tener en cuenta que la empresa no empieza a pagar en el momento en que el expediente se presenta ante las autoridades laborales, sino que empieza a hacerlo cuando se materializan los despidos. Esto puede dilatarse en el tiempo.

El protagonismo de Telef¨®nica en la iniciativa se ha mantenido despu¨¦s en las compensaciones. La operadora es, de largo, la compa?¨ªa que m¨¢s habr¨ªa tenido que pagar a las arcas p¨²blicas por sus prejubilaciones, apuntan fuentes gubernamentales. Ahora es probable que la banca recoja el testigo. Inmersa en un proceso de concentraci¨®n, los c¨¢lculos de CC<TH>OO apuntan a que el sector podr¨ªa reducir 20.000 empleos en 2021. Lo m¨¢s probable es que buena parte de ellos sean empleados mayores de 50 a?os.

Esto no tiene por qu¨¦ traducirse en una aplicaci¨®n autom¨¢tica del recargo, puesto que es necesario que la empresa que aplica el ERE tenga beneficios durante dos a?os. Y, adem¨¢s, recae sobre empresas y no sobre grupos empresariales. Es decir, son las filiales espa?olas las que deben afrontar el pago. As¨ª, dada la precaria situaci¨®n de la banca en Espa?a, puede suponer que no hayan encadenado dos ejercicios con resultados positivos y, por tanto, no tengan que hacerse cargo del coste extra de las prejubilaciones.

Las cantidades exigidas por Trabajo no son definitivas porque las empresas, en ocasiones, no est¨¢n de acuerdo con las liquidaciones que les presenta la Administraci¨®n. No obstante, fuentes del Ejecutivo apuntan que la discrepancia a?o a a?o entre las cantidades reclamadas y las percibidas finalmente no son significativas. Tambi¨¦n a?aden que el retraso en conocerse los datos finales se explica porque hasta que se consolidan en la contabilidad tardan varios a?os.