El Gobierno encarecer¨¢ la prejubilaci¨®n

El Gobierno est¨¢ decidido a poner coto a las prejubilaciones. Al menos, las que acometen grandes empresas con beneficios. Y para ello ha encontrado una v¨ªa: encarecerlas. Seg¨²n fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo va a exigir a las corporaciones m¨¢s rentables que, si reducen plantilla a trav¨¦s de prejubilaciones, asuman el coste de las prestaciones por desempleo que suelen soportar las arcas p¨²blicas.

La idea no es nueva; el ministro de Trabajo, Valeriano G¨®mez, la estudia desde hace meses. Pero es ahora, con una iniciativa parlamentaria, cuando tomar¨¢ cuerpo. Como norma general, un prejubilado es un trabajador en sus ¨²ltimos a?os de vida laboral que ha llegado a un acuerdo, colectivo o individual, con su empresa por el que recibe una indemnizaci¨®n en el momento de ser despedido. Entonces, el prejubilado, como cualquier otro desempleado -la figura administrativa del prejubilado no existe- pasa a cobrar de los servicios p¨²blicos de empleo la prestaci¨®n a la que tiene derecho durante un m¨¢ximo de dos a?os. Esto supone un abaratamiento del coste del despido para las empresas, ya que a la hora de calcular la indemnizaci¨®n ambas partes cuentan con el dinero que el prejubilado percibir¨¢ del antiguo Inem.

Se plantea cargar el coste a las firmas cuando se prejubile a mayores de 52 a?os

Est¨¢ a¨²n por decidir a partir de cu¨¢ntos beneficios y empleos se exigir¨¢ el pago

Las prejubilaciones son una de las v¨ªas m¨¢s utilizadas en despidos pactados

No es la primera vez que el Gobierno propone este tipo de cambio

Trabajo cree que la enmienda contar¨¢ con apoyo suficiente en el Congreso

El ministerio se ha inspirado en una regulaci¨®n aplicada en Finlandia

No obstante, en toda norma hay excepciones. En Espa?a ha habido grandes reducciones de plantillas en las que los prejubilados que perd¨ªan su trabajo no han pasado por las oficinas p¨²blicas de empleo y, por tanto, el Estado no ha tenido que desembolsar dinero alguno. Son los casos de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) en los ajustes de plantilla de la banca y alguno de los que ha hecho la propia Telef¨®nica hasta el momento. Telef¨®nica protagoniz¨® el mayor expediente de regulaci¨®n de empleo (aprobado sin cambios por el Gobierno), al que se acogieron 14.000 personas entre 2003 y 2008. En aquel ERE, pactado con los sindicatos, el grueso de las bajas fueron prejubilaciones de mayores de 52 a?os en las que la empresa compens¨® a los extrabajadores hasta su jubilaci¨®n anticipada (61 a?os), y en menor medida, hasta la edad legal de jubilaci¨®n (65 a?os). Y como era (y es) habitual, el antiguo Inem se hizo cargo de las prestaciones por desempleo.

Ahora, la intenci¨®n del Gobierno es obligar a las grandes empresas con ganancias a asumir el coste de esa prestaci¨®n en despidos colectivos para trabajadores mayores de 52 a?os que no van a reintegrarse al mercado laboral.

Para ello, fuentes cercanas al Ministerio que dirige Valeriano G¨®mez apuntan que Trabajo ha redactado un borrador que planea incorporar como enmienda en la tramitaci¨®n de la Ley General de Seguridad Social o en el Decreto Ley de Pol¨ªticas Activas de Empleo. En esta ¨²ltima opci¨®n se incluir¨ªa en la disposici¨®n final primera. Ambas normas se encuentran pendientes de su aprobaci¨®n en el Congreso, con un plazo de presentaci¨®n de enmiendas que se agota en las pr¨®ximas semanas. En Trabajo creen que habr¨¢ apoyo pol¨ªtico suficiente para sacarla adelante.

No es este el ¨²nico detalle que falta por cerrar. A "la primera versi¨®n" del texto que ha redactado Trabajo, todav¨ªa le faltan aspectos determinantes como a partir de qu¨¦ n¨²mero de trabajadores se impondr¨¢ la norma o cu¨¢l ser¨¢ el volumen de ganancias que servir¨¢ como referencia.

No es la primera vez que el Gobierno se propone endurecer las prejubilaciones. Ya el anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, las critic¨® con fiereza. "En los casos de empresas en beneficios, hay que prohibirlas directamente", lleg¨® a afirmar. Pero el departamento lleg¨® a la conclusi¨®n de que esa era una v¨ªa jur¨ªdica cerrada: en muchos casos, la prejubilaci¨®n no es m¨¢s que un despido pactado libremente entre empresa y trabajador.

La alternativa, en la que el equipo de Valeriano G¨®mez trabaja desde noviembre, apuesta por encarecerlas de forma indirecta. Hasta que no se fije a partir de qu¨¦ volumen de empleo y de qu¨¦ umbral de beneficios se aplicar¨ªa es imposible estimar el ahorro para los servicios p¨²blicos de empleo. Y en este asunto, escasean las referencias oficiales. Un informe elaborado por el Consejo Econ¨®mico y Social hace una d¨¦cada calculaba en 240 millones anuales al a?o el coste en prestaciones por desempleo por las prejubilaciones de grandes empresas. Pero las condiciones laborales han variado de forma notable.

Tampoco hay muchas m¨¢s pistas sobre la dimensi¨®n total del colectivo de prejubilados, cobren o no prestaci¨®n por desempleo. La asociaci¨®n de t¨¦cnicos de Hacienda cree que ronda las 400.000 personas, aunque esto incluye todo tipo de casos (expedientes colectivos y pactos individuales en empresas con beneficios o p¨¦rdidas, grandes o peque?as),

En Europa, Finlandia ya cuenta con una regulaci¨®n de este estilo. De hecho, Trabajo se ha inspirado en la norma finlandesa para su dise?o. En el pa¨ªs n¨®rdico, existen las llamadas "pensiones por desempleo" para los trabajadores mayores de 50 a?os afectados por regulaciones de empleos en empresas con beneficios. En estos casos, la compa?¨ªa abona el 100% de la pensi¨®n si tiene m¨¢s de 1.000 trabajadores. El porcentaje disminuye hasta el 80% conforme baja la plantilla.

Las prejubilaciones son una de las v¨ªas m¨¢s utilizadas en los despidos colectivos pactados por empresas y sindicatos. Pierden el empleo los trabajadores m¨¢s pr¨®ximos a la jubilaci¨®n a cambio de una indemnizaci¨®n que, muchas veces, supera lo establecido en la norma. Con ella el parado-prejubilado abandona un mercado laboral que tampoco les ofrece muchas oportunidades. Normalmente, acaban jubil¨¢ndose con pensiones menores por los coeficientes de reducci¨®n por hacerlo de forma anticipada. Por eso, en muchos casos no suponen un sobrecoste para el sistema de pensiones, ya que su paga ser¨¢ menor durante el resto de su vida.