Los tractores cambiaron la ley

Con los tractores ocupando las carreteras, el Gobierno acaba de aprobar de urgencia la respuesta a una de las principales demandas del sector: unos precios justos de compra, que no sean inferiores a lo que cuesta producir, y una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

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El campo tiene un precio

La nueva disposici¨®n, que se ampliar¨¢ con una futura ley que incorpore las exigencias de la directiva comunitaria que debe ser aprobada en abril de 2021, contempla la obligaci¨®n para la industria y la distribuci¨®n de que los contratos de compra contemplen los precios de coste del producto. Se insiste en la prohibici¨®n de la venta a p¨¦rdidas sin los cuatro supuestos actuales, entendiendo que esta no ser¨¢ la diferencia entre el precio de compra que se aplica en la actualidad, sino desde el nuevo precio de coste. Tambi¨¦n aumentan las sanciones para lo que antes era una infracci¨®n leve, como la no existencia de contrato. Y, adem¨¢s, se podr¨¢ dar publicidad a las multas cuando sean firmes, algo ahora prohibido a la Administraci¨®n. La nueva normativa no modifica su ¨¢mbito de competencias y deja excluidas a las cooperativas.

La principal dificultad ser¨¢ determinar el precio de coste en un sector agrario tan dispar con tantas diferencias, variedades, categor¨ªas, tipos de explotaciones y condiciones de mercado. Un agricultor asfixiado por una gran cosecha puede firmar un coste inferior al real con tal de darle salida sin perderla. Hay que tener en cuenta, adem¨¢s, la capacidad de presi¨®n de la industria y de la distribuci¨®n organizada, donde seis grupos suponen m¨¢s del 51% de las ventas.

Esta disposici¨®n es una sorpresa positiva para el sector, pero negativa para todos los partidos, no solo para el actual. Es un cambio que llega de urgencia, con el campo en la calle, cuando lleva en las pancartas m¨¢s de una d¨¦cada, no solo desde la ley de 2013. La impresi¨®n es que la guerra del campo ¡ªy su respaldo social¡ª ha sobrepasado al Gobierno. Una duda razonable es c¨®mo se va a controlar todo ese proceso con una Agencia de Informaci¨®n y Control de la Cadena ya desbordada: su reforzamiento es obligado para que sea efectiva.

Sobre el papel, el Gobierno da respuesta a una petici¨®n hist¨®rica para mejorar los precios de venta y la rentabilidad del sector. Pero quedan respuestas sobre la rentabilidad de las explotaciones en la cadena de los costes de producci¨®n, que han pasado de suponer hace unos a?os un tercio del valor de la producci¨®n final agraria a casi la mitad, unos 23.000 millones de euros.

Queda pendiente corregir los desajustes en los pagos de los 5.000 millones de ayudas de la PAC, donde se mantienen los derechos hist¨®ricos, donde un olivar de elevada producci¨®n puede cobrar 700 euros por hect¨¢rea y uno de baja producci¨®n de secano solo 80: ah¨ª est¨¢ el fracaso de la convergencia de ayudas entre territorios y sectores. O que casi la mitad de los 700.000 perceptores de la PAC no tengan la actividad agraria como principal ingreso. Siguen sin resolver desde hace d¨¦cadas los planes de integraci¨®n asociativa para operar en los mercados, las pol¨ªticas de asesoramiento, ahora transferencia del conocimiento a pie de explotaci¨®n, y la olvidada modificaci¨®n de las tarifas el¨¦ctricas de riego.

Quedan m¨¢s movilizaciones. Aunque muchos abandonen. Y ya ser¨¢n menos.