Covid-19: habr¨¢ tratamiento y vacuna, ?pero podremos pagarlo?

Estamos viviendo una situaci¨®n cr¨ªtica excepcional: 3.000 millones de personas en cientos de pa¨ªses hemos estado confinadas y los sistemas asistenciales se han visto desbordados por la magnitud e intensidad de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la COVID-19. M¨¢s de 3 millones de personas se han contagiado y decenas de miles de personas han fallecido por esta enfermedad. Por otra parte, el impacto econ¨®mico provocado por el freno de las econom¨ªas se est¨¢ midiendo en millones de puestos de trabajo perdidos, empresas llevadas a la bancarrota, ca¨ªdas de los valores en bolsa y previsiones muy negativas para los pr¨®ximos meses.

La gravedad de la situaci¨®n ha empujado a cientos de investigadores en todo el mundo a multiplicar sus esfuerzos para desarrollar tratamientos eficaces y seguros y alcanzar la ansiada vacuna, mientras que gobiernos de todo el mundo incrementan y reestructuran sus presupuestos en investigaci¨®n. Pero al desaf¨ªo cient¨ªfico hay que sumarle otro casi tan importante: conseguir que estos productos sean lo suficientemente asequibles para que todas las personas que los precisen, en Espa?a y en el mundo, puedan acceder a ellos.

El modelo actual de fijaci¨®n de precios establece que cuando se desarrolla un nuevo f¨¢rmaco cl¨ªnicamente efectivo, una vez autorizados por las agencias de medicamentos americana y europea y validados por la OMS, este pasar¨¢ a estar protegido por alguna patente y ser¨¢n las empresas propietarias de la misma quienes fijen el precio que les convenga, amparadas en su monopolio. Entonces, puede darse el caso de que muchas personas y sistemas de salud no puedan pagar los precios fijados. As¨ª sucedi¨® en 1996, cuando se descubri¨® un tratamiento eficaz para el VIH/sida. Y as¨ª ocurri¨® tambi¨¦n en 2014, cuando se descubri¨® un tratamiento efectivo para la hepatitis C.

Los precios fijados en los dos casos expuestos siguen sin ser asequibles a¨²n para miles de personas. Adem¨¢s, los pa¨ªses que los pueden pagar, con enorme esfuerzo, detraen grandes cantidades de recursos muy necesarios para contratar personal sanitario o financiar servicios sociales adecuados. As¨ª lo advert¨ªamos en el informe Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ¨¦tico y de salud p¨²blica, publicado hace algo menos de un a?o por la Fundaci¨®n Alternativas.

El sistema de patentes de medicamentos fue dise?ado inicialmente con la justificaci¨®n de financiar la investigaci¨®n realizada por las empresas farmac¨¦uticas. Pero como mostr¨¢bamos en el mencionado documento, tras d¨¦cadas en funcionamiento, se ha demostrado que no solo no ha sido efectivo para aumentar la innovaci¨®n, sino que adem¨¢s ¡°han producido importantes efectos negativos, como marcados sesgos en la agenda de investigaci¨®n (intereses comerciales y no necesidades de salud), sesgos de dise?o, sesgos de interpretaci¨®n y sesgos de publicaci¨®n¡±. En la Uni¨®n Europea, tan solo se dedica a la investigaci¨®n el 16% del total de lo ingresado por la venta de medicamentos, un porcentaje inferior al que se destina al marketing (23%) o a la distribuci¨®n de beneficios (20%). Adem¨¢s, no hay que olvidar que gran parte de la investigaci¨®n en biomedicina proviene de la financiaci¨®n p¨²blica directa, canalizada a trav¨¦s de institutos de investigaci¨®n, centros sanitarios, universidades, becas, proyectos, etc.

No obstante, hay otras alternativas para financiar esa investigaci¨®n. Una de ellas es pagar a la empresa propietaria de la patente lo que le ha costado esa investigaci¨®n, a?adiendo incluso una cantidad como premio, como sugiere Stiglitz. Los costes de pagar de esta manera la investigaci¨®n ser¨ªan mucho menores que los costes que deberemos pagar por el sobreprecio de las patentes. A ello habr¨ªa que descontar la ya mencionada financiaci¨®n p¨²blica directa destinada al desarrollo de nuevos tratamientos.

?Pero c¨®mo podemos estimar cu¨¢l es el precio justo de un medicamento? Para ello, es bueno conocer sus costes de producci¨®n, algo que ya se est¨¢ haciendo con algunos de los medicamentos que se est¨¢n ensayando para el tratamiento del COVID-19 (antivirales, antibi¨®ticos, etc.). Andrew Hill et al., en un estudio publicado en el Journal of Virus Erradication el pasado 9 de abril, estiman que la media del coste de producci¨®n de un tratamiento total (entre 10 y 28 d¨ªas) con alguno de los diferentes medicamentos testados no sobrepasar¨ªa los 30 d¨®lares. En el caso del remdesivir, uno de los m¨¢s prometedores hasta ahora (en los ¨²ltimos d¨ªas se han filtrado datos que ponen en duda su efectividad), el coste es de 0,93 d¨®lares por d¨ªa.

En la actualidad, el antiviral remdesivir, utilizado anteriormente para otras enfermedades como el ¨¦bola o el MERS, est¨¢ siendo aplicado como un potencial tratamiento efectivo para el COVID-19. Gilead, propietaria de la patente registrada en m¨¢s de 70 pa¨ªses, es la misma empresa que comercializ¨® el sofosbuvir para la hepatitis C a precios tan altos que muchos pa¨ªses no pudieron ni pueden pagarlos. La consideraci¨®n de que esta pandemia afecta a toda la humanidad ha llevado a m¨¢s 150 organizaciones civiles y profesionales a dirigirse a Gilead solicitando la puesta a disposici¨®n de los ciudadanos del conocimiento necesario para permitir la producci¨®n y el suministro del f¨¢rmaco por los fabricantes de gen¨¦ricos de todo el mundo.

Despu¨¦s de superar esta crisis ser¨¢ fundamental abordar el cambio del modelo de financiaci¨®n y desarrollo de vacunas para garantizar su sostenibilidad. Nos va la vida en ello

La gravedad de la pandemia y la urgencia de la situaci¨®n podr¨ªa empujar a las empresas privadas o los centros p¨²blicos de investigaci¨®n a poner a disposici¨®n de todos, voluntariamente, las investigaciones que est¨¦n desarrollando en relaci¨®n con el COVID-19. Esto acelerar¨ªa la investigaci¨®n y garantizar¨ªa precios asequibles. En este sentido, el presidente de Costa Rica ha dirigido estos d¨ªas una carta al director general de la OMS, en la que propone crear un repositorio voluntario de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, de vacunas, medicamentos, tests y tecnolog¨ªa m¨¦dica necesaria para diagnosticar, prevenir, tratar y controlar el COVID-19. Las compensaciones por la investigaci¨®n desarrollada se podr¨ªan financiar con un fondo com¨²n.

Pero ?qu¨¦ pasar¨ªa si la empresa privada propietaria de la patente no quiere cederla al fondo p¨²blico, o no quiere poner los precios de coste, sino precios abusivos? Como recuerda Carlos Correa, director ejecutivo de Centro Sur, en la carta dirigida a los directores de la OMS, de la OMC y de la OMPI el pasado 4 de abril, los Gobiernos pueden aprobar licencias obligatorias, suspendiendo temporalmente el monopolio que concede la patente y autorizando a otras empresas a fabricar o a importar ese medicamento a precio de gen¨¦rico. En este sentido, el Gobierno de Israel ha aprobado una licencia obligatoria para lopinavir y ritonavir, utilizados para tratar el COVID-19, y Chile, Ecuador, Canad¨¢, Alemania y Brasil han tomado iniciativas para facilitar la aplicaci¨®n de las licencias obligatorias. Espa?a deber¨ªa caminar ya en la misma direcci¨®n e impulsar en la Uni¨®n Europea la modificaci¨®n urgente de la legislaci¨®n necesaria (relacionada con la exclusividad de datos y de comercializaci¨®n).

El actual modelo de patentes, justificado para pagar la I+D de medicamentos, ha convertido a la industria farmac¨¦utica en una de las m¨¢s rentables del mundo. Como indic¨¢bamos en nuestro documento, ¡°los beneficios sobre ventas de las diez empresas farmac¨¦uticas m¨¢s grandes son tres veces mayores que los de las diez empresas m¨¢s grandes de todos los sectores¡± (y llegan a ser cinco veces y media mayores una vez se descuenta el gasto excesivo en marketing y otros servicios ajenos a la investigaci¨®n). La financiarizaci¨®n del sector se ha trasladado asimismo en enormes beneficios para accionistas y ejecutivos, como revela un informe del Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) publicado este mes.

El sobreprecio de los nuevos f¨¢rmacos es una tendencia creciente que afecta de forma profunda al gasto hospitalario, y los alt¨ªsimos precios dificultan a los pacientes y a los sistemas de salud el acceso a estos f¨¢rmacos, obligando al racionamiento o a la demora en su autorizaci¨®n, y detrayendo importantes recursos, en detrimento de otras necesidades sanitarias. Adem¨¢s, con este sistema, las empresas investigan en aquellos productos que les interesan desde su ¨®ptica de beneficio, pero no dirigen su investigaci¨®n seg¨²n las prioridades de salud p¨²blica. Por eso no se investiga en antibi¨®ticos y otros antiinfecciosos o en vacunas para algunas de las enfermedades m¨¢s letales.

En la crisis del COVID-19 todos sentimos que el acceso a una sanidad p¨²blica y a los medicamentos necesarios debe ser un derecho de todos, un derecho humano, y no un privilegio para quienes decida de forma unilateral el ejecutivo de una empresa privada. La ¨²nica prioridad ahora mismo debe ser responder a la crisis generada por esta pandemia. Y hemos de hacerlo con decisi¨®n y rapidez. Pero, despu¨¦s de afrontar y superar esta crisis, ser¨¢ fundamental abordar el cambio del modelo de financiaci¨®n y desarrollo de medicamentos y vacunas para garantizar su sostenibilidad. Nos va la vida en ello.

* Fernando Lamata es doctor en Medicina y especialista en Psiquiatr¨ªa, y Ram¨®n G¨¢lvez es especialista en Neurolog¨ªa