Airbnb gana la batalla al Gobierno de Baleares en el Tribunal Supremo

El Gobierno de Baleares ha perdido la partida en los tribunales contra el gigante del alquiler tur¨ªstico Airbnb. El Tribunal Supremo ha inadmitido a tr¨¢mite el recurso presentado por el Gobierno regional contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anul¨® una multa de 300.000 euros impuesta al operador tur¨ªstico por comercializar viviendas sin exponer el n¨²mero de licencia. La secci¨®n primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Gobierno balear al considerar que ¡°no combate¡± los razonamientos de la sentencia recurrida e impone el pago de las costas a la Abogac¨ªa de la Comunidad Aut¨®noma.

El Gobierno aut¨®nomo mult¨® en 2018 a Airbnb al considerar que hab¨ªa vulnerado la Ley 8/2019 de Turismo de Baleares que obliga a exponer el n¨²mero de inscripci¨®n tur¨ªstica de la vivienda en los medios de difusi¨®n que comercializan estas estancias. Fue el primer expediente abierto a Airbnb por una ¡°infracci¨®n muy grave¡± de la Ley de Turismo desde la aprobaci¨®n de la normativa auton¨®mica unos meses antes. Sin embargo, la plataforma recurri¨® la imposici¨®n de la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares alegando que su actividad se encuentra bajo el amparo de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa a determinados aspectos jur¨ªdicos de los servicios de la sociedad de la informaci¨®n. El tribunal le dio la raz¨®n al considerar que la empresa es una prestadora de servicios.

En la sentencia, el tribunal balear apunt¨® que la empresa queda amparada en esa norma europea en virtud de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea de diciembre de 2019, que lo consider¨® un operador de intermediaci¨®n que se limita a una prestaci¨®n ¡°neutra, meramente t¨¦cnica y autom¨¢tica¡± de alojamiento de contenidos insertados por sus usuarios. ¡°La omisi¨®n de la inserci¨®n del n¨²mero de registro de la vivienda tur¨ªstica no es una publicidad il¨ªcita conforme a la normativa comunitaria¡±, subrayaron los jueces. El dictamen consideraba que la exigencia de la normativa balear a los responsables de los canales de ofertas tur¨ªsticas para que se aseguraran de que quienes ofertaban las viviendas hab¨ªan insertado el n¨²mero de licencia implicaba trasladar al prestador de los servicios unas competencias inspectoras que estaban vetadas por la directiva y cuyo ejercicio solo correspond¨ªa a la Administraci¨®n.

La sentencia destac¨® que Airbnb no ejerce una influencia ¡°decisiva¡± sobre la prestaci¨®n de los servicios y la obligaci¨®n de exponer el n¨²mero de licencia de la vivienda est¨¢ dirigido a la empresa tur¨ªstica ¡°y no a la empresa titular del medio en el que se publicite la oferta¡±. Los jueces recordaron que la colisi¨®n entre el derecho de la Uni¨®n Europea y el derecho nacional se revuelve bas¨¢ndose en la primac¨ªa de la norma comunitaria y la aplicaci¨®n directa del derecho de la UE en los Estados miembros.

Tras la inadmisi¨®n a tr¨¢mite del recurso del Gobierno de Baleares, la batalla en los tribunales por el pago de la multa queda agotada en la v¨ªa ordinaria. El dictamen del Supremo puede afectar a las sanciones impuestas tambi¨¦n a las plataformas Homeaway y Tripadvisor que fueron sancionadas por el mismo motivo y que tambi¨¦n podr¨ªan recurrir el pago de las multas.