Hacienda crea un sistema para valorar los inmuebles que provocar¨¢ una subida de impuestos, seg¨²n los expertos

El proyecto de ley de fraude fiscal llegar¨¢ finalmente este jueves a la Comisi¨®n de Hacienda del Senado despu¨¦s de haber recibido luz verde en el Congreso a finales de mayo. La norma incluye varias novedades, como la limitaci¨®n del pago en efectivo o la prohibici¨®n de amnist¨ªas fiscales. Tambi¨¦n contempla un nuevo valor de referencia de los bienes inmuebles, que sustituir¨¢ al valor real y afectar¨¢ a la base imponible de impuestos como transmisiones patrimoniales y actos jur¨ªdicos documentados, sucesiones y donaciones y patrimonio.

Hacienda niega que el cambio conlleve una subida de impuestos, como alegan muchos asesores fiscales, y defiende que de esta forma se proporcionar¨¢ mayor seguridad jur¨ªdica y se reducir¨¢ la litigiosidad entre contribuyentes y Administraci¨®n. Fuentes del ministerio aseguran que el valor de referencia no puede superar el valor de mercado ¨Dque los tribunales han venido asimilando al valor real¨D, y que para su c¨¢lculo se emplear¨¢n valoraciones individualizadas de cada inmueble relativas a calidad constructiva, antig¨¹edad, estado de conservaci¨®n o superficie.

Para ello se tendr¨¢n en cuenta datos catastrales a partir de las declaraciones de los ciudadanos y comunicaciones de ayuntamientos, notarios y registradores. Es decir, tanto la informaci¨®n relativa a las compraventas como otros elementos recogidos en los datos catastrales. De momento, sin embargo, no se conocen los detalles de c¨®mo se elaborar¨¢ el c¨¢lculo, ya que el desarrollo reglamentario que los determine est¨¢ a¨²n pendiente.

Fuentes de Hacienda explican que las nuevas reglas se concretar¨¢n despu¨¦s de que se apruebe la ley de lucha contra el fraude, no entrar¨¢n en vigor hasta el 1 de enero de 2022 y no tendr¨¢n car¨¢cter retroactivo. El IBI, el impuesto municipal sobre bienes inmuebles, se quedar¨¢ fuera de estas modificaciones.

¡°A d¨ªa de hoy la base imponible la determina el valor real, que es un concepto abstracto¡±, explica Raquel Jurado, economista del servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE). ¡°A causa de su dif¨ªcil cuantificaci¨®n, se declaran valores pr¨®ximos a los catastrales, que son menores¡±, a?ade. Jurado confirma que esta situaci¨®n ha dado pie a muchas regularizaciones por parte de la Administraci¨®n que han desembocado en litigios con los contribuyentes, y confirma que el nuevo valor de referencia ¡°se va a aproximar al valor de mercado¡±.

El texto del proyecto de ley de lucha contra el fraude se?ala que, ¡°tanto en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur¨ªdicos documentados como en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones, se modifica la base imponible del impuesto, sustituyendo el valor real por valor, concepto que se equipara al valor de mercado¡±. Recuerda que el Tribunal Supremo ya ha determinado que ¡°no existe un valor real¡± y que el m¨¦todo de comprobaci¨®n de la Administraci¨®n, basado en estimaciones por referencia a valores catastrales, multiplicados por ¨ªndices o coeficientes, ¡°no es id¨®neo (...) salvo que tal m¨¦todo se complemente con la realizaci¨®n de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a aval¨²o, lo que dificulta en gran medida la facultad comprobadora de la Administraci¨®n tributaria¡±.

Carga de la prueba

El objetivo de Hacienda es fijar reglas claras y reducir la litigiosidad. Pero hay quien alerta de los efectos colaterales. Seg¨²n Agust¨ªn Fern¨¢ndez, presidente del REAF-CGE, este cambio normativo supondr¨¢ probablemente una subida fiscal. Rub¨¦n R¨²a, coordinador del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro de la Asociaci¨®n Espa?ola de Asesores Fiscales (Aedaf), est¨¢ convencido de ello. Y apunta a otro elemento que considera a¨²n m¨¢s relevante: ¡°Pasamos de un sistema en el que el contribuyente declara y la Administraci¨®n comprueba a un sistema donde la Administraci¨®n dice lo que vale lo que compras y el contribuyente tiene que recurrir. Le estamos dando la vuelta a la tortilla. Es el contribuyente quien tiene que probar que la administraci¨®n est¨¢ confundida¡±, resume. ¡°As¨ª evitamos la litigiosidad y garantizamos la seguridad jur¨ªdica, pero de la administraci¨®n, no del contribuyente¡±.

R¨²a explica que en los ¨²ltimos a?os hubo procedimientos de comprobaci¨®n masivos por parte de la Administraci¨®n para poder incrementar el valor declarado de los inmuebles. ¡°Dec¨ªa que una cosa era el valor declarado en el notario, y otra cosa el valor real¡±. Pero los tribunales sol¨ªan dar la raz¨®n al contribuyente. ¡°Hab¨ªa que cambiar las reglas del juego y no se les ha ocurrido otra manera que hacer una ley titulada ley de prevenci¨®n del fraude fiscal que, en el fondo, quiere blindar la seguridad jur¨ªdica de la propia Administraci¨®n. Pero eso no es fraude fiscal, es de alguna manera garantizar la recaudaci¨®n de la Administraci¨®n y evitar la litigiosidad¡±.

A?ade que la falta de desarrollo reglamentario est¨¢ creando inseguridad de cara a futuras inversiones y que existe el riesgo de que se generen grandes diferencias entre Ayuntamientos, ya que algunos llevan d¨¦cadas sin actualizar sus valores catastrales. ¡°Hay una canci¨®n de Vetusta Morla que dice: Fue un atraco perfecto / Fue un golpe maestro / Dejarnos sin ganas de vencer. Es lo que est¨¢ haciendo la Administraci¨®n¡±, concluye.