Espa?a 2050: los costes de la inacci¨®n

El informe Espa?a 2050 ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar una estrategia nacional de largo plazo para hacer frente tanto a las principales carencias que todav¨ªa arrastra nuestro pa¨ªs como a los retos que debe superar para crecer de forma sostenida y sostenible en el futuro. Uno de esos desaf¨ªos es reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social. Aunque ha habido innegables mejoras en t¨¦rminos de bienestar social desde la transici¨®n democr¨¢tica, son abundantes las carencias que persisten. Espa?a sigue siendo un pa¨ªs con altos niveles de desigualdad en el contexto comparado y el ascensor social parece haberse frenado.

Revertir este retrato es importante no solo como una cuesti¨®n de justicia social, sino tambi¨¦n de eficiencia econ¨®mica. Si no se resuelven los problemas citados, ser¨¢ muy complicado el crecimiento econ¨®mico futuro y seguiremos siendo muy vulnerables a los cambios de ciclo econ¨®mico. Invertir hoy en nuevas bases de desarrollo econ¨®mico, sobre los cimientos de mayores ganancias de productividad, empleo de calidad y redes s¨®lidas de protecci¨®n social, es fundamental para reducir el impacto de las crisis econ¨®micas sobre el bienestar social.

Los costes de no hacerlo son grandes. Sin mejoras notables en la productividad y en las tasas de empleo es f¨¢cil predecir que la econom¨ªa espa?ola registrar¨¢ tasas muy modestas de crecimiento econ¨®mico durante las pr¨®ximas d¨¦cadas. Eso supondr¨¢ remuneraciones m¨¢s bajas, un menor nivel de ingresos p¨²blicos y la disminuci¨®n del efecto igualador de las prestaciones y servicios del Estado de bienestar. Incluso si las mejoras de productividad no se acompa?aran de avances en las pol¨ªticas para favorecer la educaci¨®n y la movilidad social, la desigualdad tambi¨¦n podr¨ªa aumentar. Lo mismo puede decirse del aumento de la progresividad del sistema fiscal y del desarrollo de las prestaciones sociales e, incluso, de la necesidad de fomentar la negociaci¨®n colectiva para procurar un reparto justo de esas hipot¨¦ticas mejoras de productividad.

Tampoco puede orillarse la importancia de otros procesos que pueden afectar al bienestar social futuro. Todas las proyecciones demogr¨¢ficas apuntan al aumento de la proporci¨®n de poblaci¨®n en edades avanzadas (en 2050, uno de cada tres espa?oles tendr¨¢ m¨¢s de 65 a?os). Sin una mayor participaci¨®n de las rentas salariales en el PIB, la financiaci¨®n del sistema p¨²blico de pensiones quedar¨¢ comprometida, afectando a las cuant¨ªas de las pensiones futuras. A esto se a?aden las dificultades de cobertura del creciente n¨²mero de trabajadores no convencionales y de carreras profesionales cada vez m¨¢s discontinuas.

Otro proceso relevante es la aceleraci¨®n del cambio tecnol¨®gico. La digitalizaci¨®n de la econom¨ªa ha supuesto cambios importantes en la estructura ocupacional de los pa¨ªses de renta alta, propiciando nuevos aumentos de la desigualdad salarial y la ganancia de peso de las rentas del capital sobre las del trabajo. Si bien es grande la incertidumbre sobre los efectos en el largo plazo de los procesos de automatizaci¨®n, las evidencias parecen mostrar una mayor intensidad del capital en la producci¨®n y un mayor desplazamiento de la demanda hacia los trabajadores m¨¢s cualificados, con efectos sobre el empleo y los salarios.

Anticipar posibles tendencias como las descritas es importante, pero si esa prospecci¨®n no lleva a reformas de gran calado, se tratar¨ªa solamente de un ejercicio t¨¦cnico, con cierta utilidad para anticipar los escenarios futuros, pero sin transformaci¨®n alguna de la realidad social. Si la voluntad es aunar el crecimiento econ¨®mico con mayores niveles de bienestar social, son necesarias nuevas pol¨ªticas que concilien ambos objetivos. Como apuntan los expertos independientes que han elaborado el informe, parecen imprescindibles mejoras de la productividad y de la calidad de nuestro capital humano para cambiar el patr¨®n de crecimiento y ofrecer m¨¢s y mejores oportunidades econ¨®micas y laborales a nuestra poblaci¨®n, sobre todo a las generaciones m¨¢s j¨®venes. En esa tarea, la educaci¨®n es clave y resulta el principal motor del ascensor social.

Alcanzar esos objetivos pasa tambi¨¦n por reformas sustanciales del sistema de impuestos y prestaciones. Siendo abundantes las v¨ªas de reforma, las m¨¢s apremiantes son dos. La primera es aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal, que recauda y redistribuye peor la renta y la riqueza que el de otros pa¨ªses europeos. La v¨ªa m¨¢s eficaz es ampliar las bases de los impuestos mediante la revisi¨®n de algunos de los beneficios fiscales actuales y del tratamiento que reciben algunas rentas. En l¨ªnea con los debates recientes en la fiscalidad internacional, resulta urgente tambi¨¦n racionalizar la fiscalidad corporativa para evitar que sean las peque?as empresas y los sectores tradicionales los que soporten mayor gravamen. Dado el citado cambio tecnol¨®gico sesgado a favor del capital, es imprescindible, adem¨¢s, ajustar el sistema tributario para gravar con mayor intensidad los rendimientos de aquel.

En segundo lugar, esa mayor dotaci¨®n de recursos presupuestarios deber¨ªa financiar la ampliaci¨®n de las prestaciones sociales y su adaptaci¨®n a las nuevas realidades laborales y demogr¨¢ficas. Su efecto redistributivo actual es menor en Espa?a que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos. El objetivo es transitar hacia un modelo de Estado de bienestar m¨¢s centrado en las necesidades de las personas que en su vida laboral, mediante la extensi¨®n de la cobertura y la cuant¨ªa de las prestaciones no contributivas, siendo clave la reforma de las prestaciones familiares.

Ser¨¢ dif¨ªcil, sin duda, alcanzar acuerdos sobre reformas tan importantes, pero sin ellas no solo estaremos hipotecando nuestro futuro y el de pr¨®ximas generaciones, sino tambi¨¦n nuestro presente, dada la asociaci¨®n entre niveles de equidad bajos e inestabilidad financiera, desincentivo de la innovaci¨®n, barreras para la mejora de las competencias de la fuerza laboral, menor participaci¨®n pol¨ªtica y menor confianza en las instituciones. Los costes de la inacci¨®n pueden ser mayores que los de las inversiones sociales que nuestro pa¨ªs necesita.

Luis Ayala es catedr¨¢tico de Econom¨ªa en la UNED y Olga Cant¨® es catedr¨¢tica de Econom¨ªa en la Universidad de Alcal¨¢ de Henares.