La larga lista de infracciones de las el¨¦ctricas: de subidas de tarifas sin avisar a cambios de contrato a un cliente fallecido

En plena escalada de los precios de la luz, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado que algunas comercializadoras de electricidad cobraron de m¨¢s a sus clientes aprovechando la entrada en vigor del nuevo sistema tarifario el 1 de junio, en alg¨²n caso sin ni siquiera informarles. El organismo no ha hecho p¨²blicos los nombres de las compa?¨ªas ni ha aplicado sanciones. Asegura que muchas ya han refacturado correctamente a los consumidores, que la labor de supervisi¨®n a¨²n no ha acabado y que en una segunda fase la investigaci¨®n se ampliar¨¢ a m¨¢s empresas. Es decir: habr¨¢ que esperar para saber si esta pr¨¢ctica dar¨¢ lugar a multas, que se sumar¨ªan a otras sanciones que la Competencia ya ha impuesto a varias comercializadoras por violar las normas de protecci¨®n del consumidor. De cambios de contrato sin consentimiento a subida de tarifas, la lista es alargada.

Como en tantos otros sectores, en el el¨¦ctrico siempre hay espacio para la picaresca. El a?o pasado, Endesa fue multada con 300.000 euros por cambiar de compa?¨ªa a un cliente sin su consentimiento. Habr¨ªa sido dif¨ªcil lograr su s¨ª, ya que este hab¨ªa fallecido cinco meses antes. Los herederos denunciaron un cambio de suministrador en tres de las viviendas legadas tras notar un encarecimiento de las facturas. La investigaci¨®n detect¨® que las firmas de los contratos y del fallecido no coincid¨ªan y que hab¨ªa habido un cambio de Endesa Energ¨ªa XXI a Endesa Energ¨ªa, S.A., es decir del mercado regulado al libre.

En 2019, la CNMC impuso multas por casi dos millones de euros a comercializadoras de electricidad y gas por incumplir las medidas de protecci¨®n al consumidor. Por ejemplo, formalizaci¨®n de contratos de electricidad y gas sin consentimiento o cambios de tarifa opacos. En 2017 y 2018, las multas superaron los 1,6 millones euros por pr¨¢cticas similares.

No hay que ir muy atr¨¢s en el tiempo para encontrar casos de este tipo. El pasado julio, el organismo dirigido por Cani Fern¨¢ndez mult¨® con 1,35 millones de euros a Iberdrola por cambiar las tarifas de gas a m¨¢s de 45.000 clientes. La empresa comunic¨® la modificaci¨®n, pero olvid¨® informar de que supon¨ªa un encarecimiento de alrededor de un 14% anual y que exist¨ªa el derecho de rescindir el contrato. Al contrario, la comunicaci¨®n se centr¨® en las ventajas de la nueva tarifa: un precio fijo frente a uno indexado al mercado ¨Dsin avisar de que el t¨¦rmino fijo bajaba un 4,5%, pero el variable sub¨ªa un 20,3%¨D, y la comodidad del cambio autom¨¢tico, sin que los usuarios tuvieran que realizar gesti¨®n alguna. Esta pr¨¢ctica, seg¨²n Competencia, supone un incumplimiento grave de la norma de protecci¨®n de los consumidores.

Naturgy hab¨ªa sido sancionada en 2019 con 1,2 millones por pr¨¢cticas similares, tras una denuncia de la asociaci¨®n de consumidores Facua: recomend¨® cambiar la tarifa de gas a 48.700 clientes, sin informarles del encarecimiento de entre el 8% y el 14% que supon¨ªa el cambio. Poco antes, Iberdrola, EDP y Endesa hab¨ªan sido sancionadas por formalizar contratos de suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica sin contar con la documentaci¨®n que acreditase la voluntad del cliente a cambiarse de suministrador y por cambios o altas sin consentimiento.

Adem¨¢s de las grandes compa?¨ªas energ¨¦ticas ¨DIberdrola, Endesa, Naturgy y EDP copan el grueso del mercado¨D, Competencia tambi¨¦n ha multado a empresas m¨¢s peque?as. Es el caso de Flip Energ¨ªa, que en 2020 fue sancionada con 50.000 euros por cambiar de suministro de electricidad a un cliente sin informarle de que con el cambio de tarifa ya no podr¨ªa acogerse al bono social ¨Dun descuento para los clientes vulnerables¨D. El a?o pasado tambi¨¦n fue sancionada Holaluz con 30.000 euros por un cambio de comercializador de electricidad sin consentimiento

Mercado libre y regulado

El sector el¨¦ctrico es un gran enredo y descifrar la factura supone una misi¨®n casi imposible. La mayor¨ªa de los clientes (16,2 millones) se encuentra en el mercado libre, es decir tiene una tarifa donde el precio de la energ¨ªa se acuerda con la comercializadora. Solo en este caso se pueden contratar tarifas planas, descuentos respecto a contratos anteriores u otro tipo de ofertas.

El resto de consumidores (10,6 millones) tiene la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Peque?o Consumidor (PVPC), que es la ¨²nica que da acceso al bono social. En este caso, el precio del kilovatio-hora (kwh) est¨¢ indexado al mercado mayorista y fluct¨²a cada hora de cada d¨ªa. El problema es que solo un 25% de los usuarios conoce la diferencia entre los dos mercados, seg¨²n la ¨²ltima encuesta de la CNMC, y un 63% ni siquiera sabe qu¨¦ tarifa tiene contratada.

Para rizar el rizo, distinguir las comercializadoras del mercado regulado ¨Dllamadas de referencia¨D y del libre no siempre ha sido f¨¢cil. Por ello, y tras una denuncia de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), Competencia oblig¨® en 2018 a diferenciar de manera m¨¢s clara los dos servicios. La confusi¨®n se debe al hecho que las comercializadoras del mercado regulado est¨¢n integradas en grupos empresariales que a su vez operan en el mercado libre a trav¨¦s de otra compa?¨ªa. Pero los logos, siglas y denominaciones, adem¨¢s de los canales de atenci¨®n al cliente, eran pr¨¢cticamente los mismos y causaban confusi¨®n en el consumidor.

Desde 2018, tambi¨¦n est¨¢ prohibida la comercializaci¨®n puerta a puerta. Varias asociaciones de consumidores y Competencia llevaban tiempo pidiendo al Gobierno que regulara las pr¨¢cticas comerciales de las compa?¨ªas el¨¦ctricas. La misma CNMC hab¨ªa solicitado que se obligara a los agentes de venta a domicilio a que se identificaran claramente ante los usuarios con el nombre de la compa?¨ªa e inform¨¢ndoles de que ofrec¨ªan tarifas del mercado libre. El Ejecutivo finalmente opt¨® por cerrar este canal de venta. Pero las malas pr¨¢cticas parecen no haber acabado.