El laberinto legal de los clubes de cannabis

Entrar en un club de fumadores de cannabis es algo parecido a ir a una tienda especializada. ¡°Tenemos la variedad sativa, de hojas alargadas y finas, que produce un efecto de mayor interacci¨®n que la ¨ªndica. El follaje de esta ¨²ltima es m¨¢s peque?o y ancho y genera un resultado relajante¡±, explica el encargado de un establecimiento en el centro de Madrid.

Estas organizaciones est¨¢n diseminadas por la geograf¨ªa nacional y su funcionamiento suele ser el mismo. Para acceder se requiere ser mayor de edad, estar en pleno uso de las facultades mentales y contar con el aval de un miembro, pues la regla elemental es que la marihuana no se distribuya a terceras personas ajenas a la asociaci¨®n. Generalmente, se debe permanecer en el local unos 15 minutos para evitar el trasiego de personas en sus inmediaciones. Y la actividad no se limita al uso terap¨¦utico del cannabis, sino que tambi¨¦n cabe la pr¨¢ctica recreativa.

Sin embargo, el objeto de estas asociaciones se encuentra en una situaci¨®n jur¨ªdica controvertida. El C¨®digo Penal castiga en su art¨ªculo 368 a los que ¡°ejecuten actos de cultivo, elaboraci¨®n o tr¨¢fico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas t¨®xicas, estupefacientes o sustancias psicotr¨®picas¡±. En el mismo sentido, el art¨ªculo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, recoge como una infracci¨®n administrativa grave su ¡°consumo o tenencia il¨ªcitos, aunque no estuvieran destinadas al tr¨¢fico, en lugares, v¨ªas, establecimientos p¨²blicos o transportes colectivos¡±.

Ahora bien, ¡°no todo lo ilegal es delito¡± y hay conductas at¨ªpicas, que no encajan en la ley, explica Francisco J. Cabrera, abogado of counsel del bufete Mart¨ªn Molina. Por ejemplo, el consumo individual de cannabis no est¨¢ penado y cuando tiene lugar en espacios cerrados decae la posibilidad de una sanci¨®n administrativa. Adem¨¢s, el cultivo tampoco es delictivo si la marihuana se dirige al autoconsumo. Es decir, lo relevante jur¨ªdicamente es que no se atente contra la salud p¨²blica mediante pr¨¢cticas prohibidas como el tr¨¢fico de drogas.

El Tribunal Supremo ha fijado diferentes criterios para determinar cu¨¢ndo el reproche penal queda excluido. En l¨ªneas generales, ¡°los consumidores han de ser todos adictos; el consumo debe producirse en lugar cerrado; la cantidad ha de ser reducida o adecuada a un solo encuentro; la comunidad ha de estar integrada por un n¨²mero reducido de personas y los consumidores han de estar concretamente identificados¡±, enumera el abogado.

As¨ª, por ejemplo, en una sentencia de junio de 2016 el alto tribunal consider¨® que la entrada y registro en una asociaci¨®n ordenados por un juzgado de Barcelona a petici¨®n de la polic¨ªa, con incautaci¨®n de dosis individuales a los socios, no se ajustaba a Derecho porque se prob¨® que ¡°la finalidad de la asociaci¨®n es la creaci¨®n de un centro de reuni¨®n de gente consumidora de c¨¢?amo¡± con objeto de ¡°crear un consumo responsable, buscando una alternativa al mercado negro, con respeto a la legalidad vigente¡±.

Guiomar Redondo, responsable del departamento jur¨ªdico de Proluco Abogados & Economistas, explica que ¡°es necesario analizar caso a caso la legalidad o no¡± de estas asociaciones. ¡°Los tribunales conjugan diversos aspectos, si bien las cantidades incautadas suelen ser determinantes¡±. La Confederaci¨®n de Federaciones de Asociaciones Cann¨¢bicas (ConFAC) recomienda que la dosis m¨¢xima a repartir a cada socio sea de ¡°tres gramos al d¨ªa¡±, debiendo realizarse la distribuci¨®n en cantidades peque?as para evitar la desviaci¨®n a terceras personas. En cuanto al cultivo, ¡°para que no se generen conductas punibles, es necesario que la cantidad producida vaya en l¨ªnea con los l¨ªmites cuantitativos de consumo se?alados¡± para cada miembro, dice la abogada.

Vac¨ªo normativo

Pese a la interpretaci¨®n de los tribunales, existe un ¡°vac¨ªo legal¡± a nivel estatal sobre la regulaci¨®n de los clubes cann¨¢bicos, explica Redondo. Aunque diferentes comunidades han intentado legislar al respecto, como Navarra o Catalu?a, el Tribunal Constitucional ha anulado posteriormente sus leyes auton¨®micas. Y ello porque se basaban en una materia con incidencia en el ¨¢mbito penal, por versar sobre una droga ilegal y, en consecuencia, reservada al Estado. En el caso del Pa¨ªs Vasco, el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n s¨ª valid¨® su ley de atenci¨®n a las adicciones, pero porque no reglamenta el acopio, adquisici¨®n o distribuci¨®n de la marihuana en este tipo de centros, sino que se limita a establecer que tienen como fin colaborar con la Administraci¨®n sanitaria.

As¨ª, las comunidades ¡°no pueden por s¨ª mismas declarar la legalidad¡± de estas asociaciones porque vulnerar¨ªan el art¨ªculo 149.1.6 de la Constituci¨®n sobre las competencias exclusivas del Estado, aclara Jon Andoni Bengoetxea, letrado de la firma Bengoetxea & Asociados. Y tampoco los ayuntamientos, como ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. En una reciente sentencia, ha anulado la ordenaci¨®n hecha por el Ayuntamiento de Barcelona, que intent¨® regular urban¨ªsticamente estos espacios de fumadores mediante distancias m¨ªnimas entre ellos, sistemas de doble puerta o extractores.

Por tanto, y en defecto de una ¡°norma espec¨ªfica¡± estatal, los clubes de c¨¢?amo se crean al amparo de la ley de asociaciones, que tambi¨¦n sirve de punto de partida a partidos pol¨ªticos, sindicatos o confesiones religiosas, aunque estas entidades s¨ª tienen su propia legislaci¨®n de desarrollo. ¡°Las asociaciones cann¨¢bicas no son por ellas ilegales o legales¡±, recalca el abogado. ¡°Lo que hay que analizar es su conducta espec¨ªfica¡± para determinar si vulneran el bien jur¨ªdico protegido por el C¨®digo Penal, que es la salud p¨²blica.