El Gobierno indemnizar¨¢ este a?o con 1.291 millones a Abertis por la AP-7

El Gobierno indemnizar¨¢ este a?o a Abertis con al menos 1.291 millones de euros al finalizar el 31 de agosto la concesi¨®n de tres tramos de la Autopista del Mediterr¨¢neo o AP-7 (Barcelona-La Junquera, El Papiol-Montmel¨® y Barcelona-Tarragona), seg¨²n figura en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. El pago se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena ?lvarez, ministra de Fomento del Gobierno de Zapatero, que acord¨® que la empresa ampliara esas v¨ªas con cargo al aumento de tr¨¢fico que se preve¨ªa. Pero tambi¨¦n introdujo una cl¨¢usula para compensar a Abertis si no se lograban esos flujos al acabar la concesi¨®n. Un escenario que ha ocurrido y por el que Hacienda deber¨¢ pagar a la concesionaria, con el consiguiente aumento del d¨¦ficit p¨²blico en 2021.

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez decidi¨® no renovar las concesiones de autopistas de peaje a medida que estas fueran venciendo, para que pasaran a ser gratuitas. As¨ª ocurrir¨¢ el pr¨®ximo 31 de agosto con los 340 kil¨®metros de varios tramos de la AP-7 que unen Tarragona con la frontera francesa, y que explota ahora Acesa, filial de Abertis. Pero en este caso el fin de la concesi¨®n esconde un viejo conflicto que va a generar una dolorosa factura para las arcas del Estado. Desde hace una d¨¦cada, Abertis, que pertenece a partes iguales al Grupo ACS y la italiana Atlantia, mantiene un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que el Estado cumpla con las compensaciones a las que se comprometi¨® en 2006 cuando firm¨® el convenio con la empresa.

En virtud de este pacto, Acesa realiz¨® obras de ampliaci¨®n y mejora en estos tramos de la AP-7 y aplic¨® descuentos en sus peajes confiando en que el aumento del tr¨¢fico esperado compensar¨ªa esos gastos. Por su parte, el Estado asum¨ªa que abonar¨ªa la diferencia si esas previsiones optimistas de tr¨¢fico no se cumpl¨ªan.

Con el PP en el Gobierno, el ministro de Fomento, ??igo de la Serna, no estaba de acuerdo con el c¨¢lculo de las compensaciones. Y en un Consejo de Ministros de julio de 2017 determin¨® que solo se resarcir¨ªa a la concesionaria por la diferencia de tr¨¢fico esperada, pero no por la ca¨ªda de negocio que se sufri¨® con la crisis financiera.

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El asunto ha acabado en los tribunales. Y el Ministerio de Transportes asegura ahora que una sentencia del Supremo de 2019 desestim¨® un recurso de Abertis y, por tanto, valida la interpretaci¨®n que hizo el Consejo de Ministros en 2017. En consecuencia, solo se muestra dispuesto a pagar 1.291 millones frente a los 3.800 millones que le reclama la compa?¨ªa concesionaria. Bajo esta interpretaci¨®n, la ca¨ªda sufrida por la crisis se considera un riesgo operacional que no tiene por qu¨¦ soportar el Estado.

Por el contrario, Abertis sostiene que la sentencia no entr¨® en el fondo del asunto. Y explica que el Supremo no se pronunciar¨¢ hasta que finalice la concesi¨®n y se proceda con la liquidaci¨®n definitiva del saldo de compensaci¨®n. Es decir, interpreta que el Alto Tribunal dio una patada hacia adelante que deber¨¢ resolverse a partir del 31 de agosto, cuando termina la concesi¨®n. Fuentes de la empresa se?alaron a este diario que ¡°se girar¨¢ la factura al Estado al t¨¦rmino de la concesi¨®n, con los c¨¢lculos pertinentes, puesto que no hay ninguna resoluci¨®n judicial que lo impida¡±. Una sentencia posterior del mismo tribunal de febrero de 2020 aclaraba a Abertis que no pod¨ªa contabilizar la indemnizaci¨®n como un activo financiero porque no se trataba de un derecho, sino de una expectativa de cobro.

Abertis pide el triple

Por el momento, y ah¨ª radica la novedad, el Ministerio de Transportes que dirige Jos¨¦ Luis ?balos, ha admitido que debe indemnizar con 1.291 millones a Abertis, seg¨²n el documento que remiti¨® el Gobierno a Bruselas el pasado viernes. Como ese pago debe computarse en 2021, la cantidad incrementar¨¢ el d¨¦ficit p¨²blico y la deuda. El abono a Abertis tiene un coste equivalente a la mitad del ahorro que el Gobierno quer¨ªa conseguir para el Estado eliminando la deducci¨®n en el IRPF por declaraci¨®n conjunta de un matrimonio, una iniciativa que ha enviado a la Comisi¨®n Europea pero de la que luego se ha retractado.

Pese a ese importante desembolso con cargo el contribuyente, el asunto seguir¨¢ coleando en los tribunales y puede derivar en una factura incluso mayor. Abertis reclama como compensaci¨®n m¨¢s de 3.800 millones de euros, una cantidad muy superior a la que el Estado se aviene a pagarle.

En concreto, la concesionaria eval¨²a en su ¨²ltimo c¨¢lculo, correspondiente a 2020, la factura a pagar en 3.826 millones. De estos, 1.010 millones se corresponden con compensaciones por las inversiones realizadas en la ampliaci¨®n y mejora de la autopista. Y los otros 2.816 millones se justifican por la indemnizaci¨®n debida al descenso del tr¨¢fico. Un importe que todav¨ªa deber¨¢ incrementarse por la compensaci¨®n correspondiente 2021, a?o en que el tr¨¢fico de las autopistas de peaje sigue siendo muy bajo como consecuencia de las restricciones por la pandemia, raz¨®n que explica tambi¨¦n el fuerte salto de 2020.

?Y el plan para poner peaje a las autov¨ªas?

La indemnizaci¨®n a Abertis aviva a¨²n m¨¢s la pol¨¦mica sobre el cobro por el uso de las autov¨ªas del Estado, que hasta ahora eran gratuitas. Por una parte, el Gobierno de S¨¢nchez est¨¢ liberando de peajes todas las concesiones que van venciendo; pero por otra, se est¨¢ disparando el d¨¦ficit por el mantenimiento de la red viaria de alta capacidad del Estado.

En diciembre de 2018, ya liber¨® el peaje de la AP-1 de Burgos-Armi?¨®n, tras vencer su contrato de explotaci¨®n con It¨ªnere. El 1 de enero de 2020 suprimi¨® el cobro en dos autopistas: el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 entre Sevilla y C¨¢diz, al concluir las concesiones que ten¨ªa Abertis y revertir la titularidad al Estado.

El mismo camino seguir¨¢ a finales de agosto el trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterr¨¢neo. En total, m¨¢s de 1.000 kil¨®metros a los que hay que sumar las ocho autopistas quebradas (entre ellas las radiales de Madrid), que han sido rescatadas por el Estado y que suman otros 500 kil¨®metros.

Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido con la Comisi¨®n Europea a poner en marcha un sistema de pago en la red de v¨ªas de alta capacidad (autopistas y autov¨ªas del Estado), para financiar su conservaci¨®n, que cada a?o cuesta unos 1.200 millones de euros. Tambi¨¦n destinar¨¢ a ese fin los ingresos por las concesiones de ¨¢reas de servicio en esas carreteras. El Plan de Recuperaci¨®n recoge esta propuesta para paliar el d¨¦ficit en la conservaci¨®n de la red estatal, que seg¨²n la patronal Seopan asciende a unos 10.000 millones. El Ministerio de Transportes ya ha aclarado que se plantea esta iniciativa a medio plazo, y siempre buscando el consenso y la forma de que los transportistas no soporten el cargo.

Indemnizaciones millonarias

Si el Estado finalmente abona la compensaci¨®n a Abertis, ser¨¢ la segunda indemnizaci¨®n millonaria p¨²blica que consigue una empresa participada por ACS, aunque en este caso proviene de un acuerdo previo a que dicho grupo comprara la concesionaria. Hacienda tuvo que hacer frente al pago de 1.400 millones de euros por el cierre de Castor, el almac¨¦n submarino de gas ubicado frente a las costas de Tarragona y Castell¨®n, que construy¨® Escal UGS, compa?¨ªa controlada por ACS en un 66,7%.

Adem¨¢s, est¨¢ pendiente de la resoluci¨®n judicial la indemnizaci¨®n que reclama por el t¨²nel del Pert¨²s, que conecta Espa?a y Francia por AVE bajo los Pirineos, tras la quiebra de TP Ferro, la empresa de ACS y Eiffage que se adjudic¨® en 2003 la construcci¨®n y explotaci¨®n de la obra y, m¨¢s tarde, se declar¨® insolvente. Los Estados franc¨¦s y espa?ol tuvieron que asumir el rescate del proyecto.