El Tribunal Supremo avala el ERE de Indra que impuls¨® Abril-Martorell

La Sala Social del Tribunal Supremo ha validado el Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) que aplic¨® Indra Soluciones Tecnol¨®gicas de la Informaci¨®n (ISTI), filial del grupo tecnol¨®gico controlado por el Estado, en noviembre de 2020, en plena pandemia y bajo la presidencia de Fernando Abril-Martorell. Precisamente, ese ajuste laboral y otros de menor calado llevados a cabo en el ¨¢rea de Defensa fueron los que precipitaron la salida del ejecutivo de la direcci¨®n del grupo, a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que estaba descontenta con la gesti¨®n de este directivo independiente y prefiri¨® nombrar a un hombre de su confianza pr¨®ximo al Gobierno.

El ERE, que afect¨® finalmente a 580 empleados, fue respaldado por CC OO, UGT, USO y ASIC, que ostentaban el 71% de la representaci¨®n sindical, peor fue impugnado por los sindicatos minoritarios USO, CGT, RSTIC y COBA, que llevaron el asunto a los tribunales. Estas formaciones sindicales alegaban para pedir la anulaci¨®n del ERE diversas causas como la vulneraci¨®n de la libertad sindical, la discriminaci¨®n negativa en el expediente hacia las mujeres y la falta de justificaci¨®n econ¨®mica para la presentaci¨®n del mismo.

El Supremo desestima todas las alegaciones y considera que la filial de Indra de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n realiz¨® el citado expediente ¡°con un efectivo periodo de consultas, siendo la informaci¨®n y documentaci¨®n solicitada por la empresa suficiente, que concurren las causas, que las medidas no resultan ni desproporcionadas, ni abusivas ni fraudulentas, y que no se lesion¨® ni el principio de igualdad y no discriminaci¨®n entre mujeres y hombres, ni la libertad sindical¡±. Sobre este ¨²ltimo punto, la sentencia argumenta que, contra lo que afirman los sindicatos querellantes, del n¨²mero de salidas, el 33,8% fueron mujeres, porcentaje muy similar al que representan en el total de la plantilla, que es del 29%.

Abril-Martorell hab¨ªa impulsado este ERE al considerar que la plantilla estaba sobredimensionada, lo que se agudiz¨® con la ca¨ªda de la actividad derivada de la pandemia. Pero para c¨ªrculos cercanos a La Moncloa, que no ve¨ªan con buenos ojos haber heredado a este gestor independiente del anterior Gobierno del PP, este fue el detonante para provocar un cambio en el tim¨®n de la compa?¨ªa.

Finalmente, la SEPI, que controla el 18% del capital de Indra, llev¨® a cabo el cese de Abril-Martorell en mayo de 2021 y su sustituci¨®n por Marc Murtra, que hab¨ªa ocupado diversos cargos en la Administraci¨®n, pero siempre el amparo del PSC-PSOE, al que despoj¨® de todos los poderes ejecutivos de su antecesor en el cargo.

El ERE fue pactado con los sindicatos mayoritarios tras rebajar su impacto a 580 trabajadores, entre despidos y prejubilaciones, frente a los 1.036 anunciados al comienzo de las negociaciones, as¨ª como una rebaja salarial para otro centenar. Del total de 580 salidas, 360 fueron por extinci¨®n de contrato y 220 por prejubilaciones. En el primer caso, los afectados recibieron una indemnizaci¨®n de 45 d¨ªas por a?o trabajado y 42 mensualidades o de 33 d¨ªas por a?o trabajado y 24 mensualidades, seg¨²n la antig¨¹edad del trabajador. Los prejubilados a partir de los 57 a?os se llevaron una prestaci¨®n correspondiente al 80% del salario fijo bruto, descontando la cantidad de la prestaci¨®n de desempleo, hasta los 63 a?os. Adem¨¢s, para los empleados que tuvieran m¨¢s de 63 a?os, Indra ofreci¨® una indemnizaci¨®n equivalente a 20 d¨ªas por a?o trabajado, con un m¨¢ximo de 12 mensualidades.