El Gobierno devuelve a los estibadores el poder de la contrataci¨®n en los puertos

El Gobierno ha dado marcha atr¨¢s con la estiba. Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han introducido una enmienda en las Cortes que altera el r¨¦gimen de contrataci¨®n de los estibadores en los puertos. Este jueves se aprobar¨¢ al estar incluida en la ley de consumidores vulnerables, que cumplir¨¢ su ¨²ltimo tr¨¢mite en el Congreso tras haber pasado la semana pasada por el Senado. El nuevo articulado restituye un sistema similar al anterior a la sentencia europea de 2014, que oblig¨® a liberalizar la estiba. Con el cambio, se devuelve el control de la contrataci¨®n a los sindicatos, que ganar¨¢n fuerza al permitirse que sea el convenio colectivo el que marque ¡°las especificaciones necesarias¡± para esta actividad.

La enmienda define los centros portuarios de empleo como la f¨®rmula ¡°¨®ptima¡± para satisfacer las necesidades de personal cualificado en la carga y descarga de mercanc¨ªas. Estos centros, que tendr¨¢n car¨¢cter mutualista, ser¨¢n propiedad conjunta de empresas y trabajadores. Y los socios de estos se comprometen a que ¡°contribuir¨¢n al mantenimiento del empleo y garantizar¨¢n la ocupaci¨®n efectiva del centro portuario de empleo¡±, se?ala el texto legal. Es decir, se cierra el paso a la posibilidad de despidos colectivos, algo que introdujo el Gobierno del PP en 2017, y se dificulta que las empresas puedan tirar de trabajadores que no pertenezcan a estas sociedades. ¡°En la pr¨¢ctica, se vuelve a configurar los centros de cada puerto como la empresa que controla la contrataci¨®n y, al vincularlo al convenio colectivo y a la fuerza de los trabajadores, se restablece el mando de los estibadores¡±, explica un jurista consultado.

No obstante, la redacci¨®n especifica algunas salvaguardas para intentar sortear la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y la legislaci¨®n comunitaria. El fallo declar¨® que no se pod¨ªa obligar a contratar con car¨¢cter prioritario a los trabajadores que pertenec¨ªan a la Sociedad An¨®nima de Gesti¨®n de Estibadores Portuarios (Sagep). As¨ª que el texto legal recoge ahora la posibilidad de contratar personal de empresas de trabajo temporal y establece que es voluntaria la pertenencia de las empresas a los centros portuarios de empleo.

Pero estas salvedades en realidad esconden letra peque?a. Aunque las empresas tienen la opci¨®n de salirse de los centros que gestionar¨¢n la contrataci¨®n, si lo hacen perder¨¢n el acceso prioritario al personal cualificado, algo muy perjudicial en los momentos de alta demanda. Adem¨¢s, pese a que en teor¨ªa las compa?¨ªas pueden escoger entre operarios de estos centros o de empresas de trabajo temporal (ETT), al garantizarse en la ley la ocupaci¨®n efectiva de los primeros, en la pr¨¢ctica se limitar¨¢ la posibilidad de contratar empleados de otros colectivos. De esta forma, los nuevos centros portuarios de empleo se parecer¨¢n mucho a la antigua Sagep que impugn¨® la sentencia europea de 2014 y que no se suprimi¨® hasta 2017, cuando el Gobierno de Rajoy se vio obligado por las multas a las que ten¨ªa que hacer frente.

¡°Es una trampa. Por ejemplo, solo se podr¨¢ tirar en realidad de las ETT cuando no haya trabajadores disponibles en los centros portuarios de empleo¡±, critica Joaquim Coello, presidente de la patronal Asoport, que representa principalmente a las empresas peque?as y medianas. Anesco, la asociaci¨®n en la que est¨¢n las compa?¨ªas de mayor tama?o y que generan un 75% del empleo, prefiere evitar hostilidades. En un momento de crisis global de suministros, no les interesa que vuelva la conflictividad a los puertos. ¡°Las compa?¨ªas priorizan la estabilidad y la seguridad jur¨ªdica, algo que creen que existe con los cambios de la enmienda¡±, aseguran fuentes de esta patronal. Los principales sindicatos de estibadores, por su parte, consideran que se trata de un cambio necesario para cerrar un conflicto a¨²n pendiente. Es decir, la mayor¨ªa hace la vista gorda aunque existen dudas acerca del cumplimiento de la legislaci¨®n comunitaria.

El Ministerio de Transporte sostiene que no hay riesgo legal con esta modificaci¨®n. ¡°Mantenemos la compatibilidad de nuestra regulaci¨®n con la normativa europea y con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. Adem¨¢s, ponemos las bases para que la estiba pueda evolucionar en un clima de paz social¡±, explican fuentes del departamento que dirige Raquel S¨¢nchez. En este mismo punto incide C¨¦sar Ramos, del Grupo Socialista: ¡°Lo que buscamos es dar algo m¨¢s de certidumbre a los trabajadores de la estiba¡±.

M¨¢s costes y fuga de empresas

Al reforzarse la falta de competencia entre trabajadores, las compa?¨ªas soportan unos costes laborales superiores. Esto lo sufren especialmente las firmas medianas y peque?as, ya que para las grandes es un sobrecoste asumible: tienen margen y, adem¨¢s, les supondr¨ªa un perjuicio econ¨®mico mayor la paralizaci¨®n de barcos en ruta por la falta de estibadores.

Por este motivo, las compa?¨ªas avisan de posibles consecuencias. Asoport, la asociaci¨®n m¨¢s beligerante sobre este asunto, adelanta: ¡°Habr¨¢ una marcha de empresas de los centros portuarios de empleo¡±, dice Coello. Esta salida se justifica por la p¨¦rdida de competitividad que les podr¨ªa ocasionar unos mayores costes laborales, aunque la respuesta ser¨¢ muy diferente en funci¨®n del volumen de trabajo que tengan. Ni Anesco ni los sindicatos esperan que ocurra una fuga significativa. Tampoco Puertos del Estado. ¡°Con el cambio se cierra el asunto y esperamos que, si hay salidas, sean m¨ªnimas¡±, zanjan fuentes del organismo p¨²blico.