Los sindicatos de inquilinos piden que el tope del 2% en la actualizaci¨®n de los alquileres sea permanente

La Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda ha hecho p¨²blicas este jueves las 60 enmiendas que presentar¨¢ al proyecto de ley de vivienda que present¨® el Gobierno. Para ello, representantes de este movimiento que agrupa a unas 150 organizaciones sociales ¡ªdesde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hasta sindicatos de inquilinos y de trabajadores (CC OO y UGT, entre otros)¡ª se han concentrado a las puertas del Congreso, donde la citada norma se encuentra en tramitaci¨®n y donde han recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la izquierda con la excepci¨®n del PSOE. Es decir, los mismos que en su d¨ªa apoyaron la ley alternativa propuesta por el movimiento social.

Que el texto que present¨® el Gobierno no gusta a los proponentes de la norma alternativa, que qued¨® sentenciada al no recibir el apoyo parlamentario del PSOE, es de sobra conocido. En su d¨ªa dijeron que el proyecto que pactaron los socialistas y Unidas Podemos es poco ambicioso. ¡°A d¨ªa de hoy no ser¨ªa ¨²til ni para bajar los alquileres ni para parar los desahucios¡±, ha reiterado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalu?a, a las puertas del Congreso. Detr¨¢s tiene el apoyo de representantes de Unidas Podemos, M¨¢s Pa¨ªs, ERC, Comprom¨ªs, Bildu y BNG. ¡°Nos vamos a movilizar para tratar de incorporar al PSOE al consenso que logre el reconocimiento del derecho a la vivienda en Espa?a¡±, ha asegurado otro de los portavoces del movimiento, Paco Morote, de la PAH.

La iniciativa plantea 60 enmiendas con cambios de calado, cuyo debate ya se han asegurado porque este jueves M¨¢s Pa¨ªs las ha asumido todas y las ha registrado. Como el plazo para presentarlas se ha extendido otra semana, otros partidos las est¨¢n estudiando y tambi¨¦n asumir¨¢n muchas como propias, aunque probablemente no todas. Es el caso de Unidas Podemos, socio de Gobierno y que ha estado presente en la foto a las puertas del Congreso a trav¨¦s de su diputada Pilar Garrido para mostrar su ¡°apoyo¡± a la iniciativa. De aprobarse las 60 enmiendas, estas no afectar¨ªan solo a la futura ley de vivienda, sino que reformar¨ªan aspectos muy relevantes de otras normas de vivienda, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula los alquileres.

Una de las enmiendas pide, por ejemplo, que la actualizaci¨®n de las rentas se vincule para siempre al ?ndice de Garant¨ªa de Competitividad. Esta es una medida que el Ejecutivo acaba de aprobar temporalmente en el plan de choque econ¨®mico por la guerra de Ucrania y que impide que los alquileres, cuando se revisan en cada anualidad dentro del mismo contrato, suban m¨¢s de un 2%. Pero se reclaman muchos m¨¢s cambios en relaci¨®n con la regulaci¨®n de los arrendamientos, como una extensi¨®n m¨ªnima de siete a?os cuando el casero es un particular y de 12 a?os si es una empresa (frente a los cinco y siete a?os, respectivamente, que contempla ahora la ley). Proponen, adem¨¢s, que incluso al acabar el contrato el propietario no pueda echar al inquilino sin causa justificada. Y que las pr¨®rrogas, en lugar de hacerse anualmente, se hagan tambi¨¦n durante otros siete o 12 a?os.

Sobre la futura norma y una de las medidas que m¨¢s controversia han provocado, la regulaci¨®n de precios de los alquileres, piden un mecanismo m¨¢s sencillo para declarar un ¨¢rea como tensionada. Tambi¨¦n que los ayuntamientos puedan llevar a cabo esa declaraci¨®n (el texto del Gobierno solo lo contempla para las comunidades aut¨®nomas, por lo que no se aplicar¨ªa en las que gobierna el PP, contrario a la medida) y que en las mismas las bajadas de precio obligatorias afecten a todos los caseros, y no solo a las empresas propietarias de m¨¢s de 10 viviendas.

Pero los alquileres son solo uno de los seis ejes b¨¢sicos en los que piden intervenir a trav¨¦s de esas 60 enmiendas. Reclaman, adem¨¢s, la garant¨ªa de la vivienda como un derecho subjetivo, el fortalecimiento de los parques p¨²blicos de pisos de alquiler, nuevas normas que impidan los desahucios de familias vulnerables, nuevas regulaciones hipotecarias y medidas sobre los suministros b¨¢sicos. Estos grandes bloques se concretan en medidas como la prohibici¨®n de cortar el gas, la luz o el agua a las familias vulnerables, la supresi¨®n de los beneficios fiscales a las socimis (empresas cotizadas cuyo negocio es arrendar cualquier tipo de inmueble) o la obligaci¨®n a los bancos y grandes propietarios de ofrecer alquileres sociales.