El BID retira el financiamiento en dos hidroel¨¦ctricas tras presiones de grupos mayas en Guatemala
Despu¨¦s de que las comunidades exigieran el fin a los proyectos de energ¨ªa hidroel¨¦ctrica, el banco liquid¨® su deuda con la empresa constructora. Activistas aseguran que el retiro es in¨¦dito
Las presiones por parte de grupos mayas en el norte de Guatemala rindieron frutos. Despu¨¦s de que las comunidades ind¨ªgenas se organizaran para protestar por dos hidroel¨¦ctricas financiadas por el brazo privado del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el BID Invest, alegando que da?aban el medio ambiente y el tejido social, el banco anunci¨® que retir¨® el financiamiento de los proyectos. De acuerdo con activistas ambientales, se trata de una decisi¨®n sin precedentes que supone una victoria para sus intereses y para los derechos ind¨ªgenas en todo Am¨¦rica Latina. Sin embargo, para las comunidades en la regi¨®n de Ixquisis, queda mucho por sanar.
El BID Invest inform¨® a trav¨¦s de un correo electr¨®nico que, a finales del a?o pasado, el banco liquid¨® la deuda con la empresa privada Energ¨ªa y Renovaci¨®n S.A., la cual est¨¢ a cargo de la construcci¨®n de ambas represas en la microrregi¨®n de Yichk?isis (tambi¨¦n conocida como Ixquisis), y retir¨® el financiamiento de los proyectos. El monto total de la inversi¨®n del BID fue de 13 millones de d¨®lares. Adem¨¢s, en un documento de diez p¨¢ginas, el banco tambi¨¦n propone un ¡°plan de acci¨®n¡± para salir de las comunidades de manera responsable, incluyendo un compromiso de ¡°divulgar y difundir la informaci¨®n sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos y las medidas de prevenci¨®n y mitigaci¨®n adoptadas¡± en los idiomas de las comunidades.
¡°Siempre se pidi¨® que no llegaran ni la empresa ni estos proyectos a los territorios¡±, dice Rigoberto Ju¨¢rez Mateo, coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q¡¯anjob¡¯al y Popti¡¯, al tel¨¦fono desde el municipio de Olintepeque. ¡°Han sido 11 a?os, pr¨¢cticamente, que violentamente llegaron. Para las comunidades, este es un logro importante. Sin embargo, hay da?os ocasionados, hay da?os irreparables, no solamente en el lugar espec¨ªfico donde se proyectaba la construcci¨®n de estas hidroel¨¦ctricas, sino m¨¢s bien a nivel de la regi¨®n, entre las comunidades, a nivel de la Naci¨®n¡±.
Seg¨²n activistas y habitantes de la zona, la propuesta, hecha en 2010, era traer a la regi¨®n proyectos de desarrollo como escuelas, canchas deportivas y carreteras. A la par, se instalar¨ªan dos hidroel¨¦ctricas para aprovechar los recursos del r¨ªo, punto central de rituales y rutinas para la comunidad, especialmente para las mujeres. Al poco tiempo, aseguran los habitantes, la empresa empez¨® a generar divisiones entre las comunidades, contratando a residentes y ofreci¨¦ndoles sueldos muy por encima de lo que gana el resto de los habitantes. Los proyectos de desarrollo no se materializaron.
Las comunidades se organizaron y comenzaron a protestar. En 2017, un l¨ªder comunitario, Sebasti¨¢n Alonso Juan, fue asesinado durante una manifestaci¨®n. Sus compa?eros aseguran que el balazo que mat¨® al activista vino de la seguridad del Estado, ya sea de la Polic¨ªa Nacional Civil o del ej¨¦rcito de Guatemala, los cuales, aseguran, resguardaron durante a?os la construcci¨®n de las termoel¨¦ctricas. Fue a partir de este hecho que los pueblos decidieron presentar una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaci¨®n (MICI), una oficina independiente del BID que atiende reclamos de sociedad civil acerca de proyectos financiados por el organismo debido a posibles incumplimientos de las pol¨ªticas. Los grupos se apoyaron en la asesor¨ªa de la organizaci¨®n sin fines de lucro Asociaci¨®n Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA) y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad y con el Gobierno Plurinacional de la Naci¨®n Q¡¯anjob¡¯al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza.
Tras una investigaci¨®n en el territorio, el MICI emiti¨® al BID Invest 29 recomendaciones, incluyendo el retiro del financiamiento, lo cual ¡°allan¨® el camino¡± para que el BID tomara esta decisi¨®n, de acuerdo con AIDA. Por su parte, el BID Invest asegura que ha ampliado y mejorado sus est¨¢ndares ambientales y sociales. ¡°El BID Invest ha estado tomando medidas importantes para aumentar nuestra capacidad para abordar problemas sociales y evaluar riesgos contextuales¡±, dijo una vocera del banco en un correo electr¨®nico. El banco dise?¨® una nueva Pol¨ªtica de Sostenibilidad Ambiental y Social en 2020, agreg¨®, y todos los proyectos financiados despu¨¦s de diciembre de 2020 se llevan a cabo de acuerdo con las ¨²ltimas pr¨¢cticas, que tienen un enfoque en derechos humanos y comunidades ind¨ªgenas. El BID Invest entr¨® al proyecto de las termoel¨¦ctricas en Guatemala en 2013.
Esta decisi¨®n ¡°tiene alcance para otros, para otras latitudes¡± asegura Ju¨¢rez Mateo. ¡°Que el banco est¨¦ reconociendo que tiene que mejorar sus pol¨ªticas internas relativo a pueblos ind¨ªgenas es un ejemplo para otros grupos¡± en Am¨¦rica Latina. Rosa Pe?a, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, coincide: ¡°Este es un gran avance, pero no es el final¡±. La labor de resarcir el tejido social y el da?o ambiental que el banco se ha comprometido a hacer a penas empieza, explica la abogada.
Adem¨¢s, resta el tema de la empresa privada, la cual, de acuerdo con reportes en medios locales, demand¨® en una corte de arbitraje internacional al estado de Guatemala por no garantizar la construcci¨®n de las obras. Por estar constituida en Panam¨¢, la empresa busca ampararse en los acuerdos comerciales de Guatemala. De momento, la construcci¨®n est¨¢ paralizada desde 2020, cuando peg¨® la pandemia de la covid-19.
Otras dos inversiones del BID Invest han terminado en el MICI, el mecanismo a cargo de recoger quejas a violaciones de lineamientos y garant¨ªas. En Colombia, comunidades locales aseguran que un proyecto hidroel¨¦ctrico no cont¨® con una evaluaci¨®n de impacto ambiental, bloque¨® la participaci¨®n de las comunidades y el acceso a la informaci¨®n, se desarroll¨® en un contexto de violaciones a los derechos humanos y se us¨® de manera desproporcionada la fuerza en contra de quienes defendieron su territorio y agua. Mientras tanto, en Chile, una represa financiada por BID Invest afect¨® las actividades econ¨®micas de la comunidad, limitando adem¨¢s el uso recreativo y de turismo de un r¨ªo, de acuerdo con habitantes.
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