Dos familias desesperadas y un solo desahucio

El peque?o Amer ha conocido en sus 11 meses de vida cuatro pisos diferentes, pero juega en el suelo ajeno al doloroso relato de sus padres. Para el matrimonio de origen marroqu¨ª formado por F¨¢tima Maknassi, de 31 a?os, y Rachid El Yagoubi, de 51 a?os, el ¨²ltimo a?o ha sido un periplo: F¨¢tima rompi¨® aguas el mismo d¨ªa en que iban a ser desahuciados en Madrid. La comisi¨®n judicial les dio tres semanas m¨¢s. Despu¨¦s pasaron por dos pisos de acogida hasta llegar a su casa actual. Demasiado por asimilar. Ella dice que a¨²n llora al recordarlo. ¡°Ten¨ªa esperanza en la jueza. F¨¢tima estaba embarazada y el d¨ªa del desahucio no s¨¦ qu¨¦ pas¨®¡±, completa ¨¦l. Les escucha su compatriota Noura Zouita, de 43 a?os, quien comprende muchas cosas. La verg¨¹enza que impide a sus hijos llevar amigos a casa. El rechazo de las inmobiliarias. O la frustraci¨®n de esperar un alquiler social que nunca llega. Pero todav¨ªa no conoce el desgarro del desalojo. El juez paraliz¨® el suyo bas¨¢ndose en las medidas especiales por la pandemia.

M¨¢s de 41.000 familias fueron expulsadas el a?o pasado de sus casas en Espa?a, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Siete de cada 10 (cerca de 29.000, en n¨²mero absolutos) eran hogares que viv¨ªan de alquiler. Los casos se dispararon con respecto a 2020, lo que se esperaba porque la paralizaci¨®n de la actividad en el primer a?o de pandemia tambi¨¦n tuvo un reflejo en los juzgados. Pero son una quinta parte menos que en 2019, para lo que solo hay una explicaci¨®n l¨®gica: las normas antidesahucios del denominado ¡°escudo social¡±.

Sin embargo, este no ha sido tan protector como algunos deseaban. ¡°Las medidas que se han llevado a cabo en la pandemia dejan mucho margen de interpretaci¨®n a los jueces, con lo cual no siempre son efectivas¡±, se?ala una portavoz de los sindicatos de inquilinos, uno de los colectivos m¨¢s cr¨ªticos con la normativa. Natalia Palomar, abogada de la asociaci¨®n Provivienda, coincide en que hay ¡°indefinici¨®n¡± en los textos legales y ¡°una ambig¨¹edad que, si no se delimita bien, permite amplias posibilidades de aplicaci¨®n¡±. En definitiva, los propios abogados no saben a qu¨¦ acogerse para intentar parar un desahucio. ¡°Ahora mismo hay varias posibilidades y lo metemos todo a mogoll¨®n¡±, describe gr¨¢ficamente Palomar, ¡°en el escrito pedimos la suspensi¨®n con una causa principal, y la aplicaci¨®n del resto subsidiariamente¡±.

A principios de marzo de 2020, apenas dos semanas antes de que se declarara el primer estado de alarma, el Gobierno reform¨® la Ley de Enjuiciamiento Civil para cambiar los procedimientos de desahucio que siguen esta v¨ªa (la mayoritaria, frente a la penal). Se introduc¨ªa la suspensi¨®n autom¨¢tica del proceso, entre uno y tres meses en funci¨®n del tipo de propietario, si un informe de los servicios sociales se?alaba que la familia afectada era vulnerable. A finales de ese mismo mes, ya con la primera ola de la pandemia azotando Espa?a, otro decreto introduc¨ªa m¨¢s cambios: el plazo de suspensi¨®n se ampliaba (y se ha ido prorrogando sucesivamente hasta el pr¨®ximo 30 septiembre) para hogares vulnerables por la covid, lo que exig¨ªa ciertos requisitos. A finales de 2020, eso se juzg¨® insuficiente y se ampli¨® a situaciones de vulnerabilidad previas a la pandemia, aunque no quedaba claro c¨®mo se acreditaba. Y finalmente, ya en enero de 2021, se a?ad¨ªa un supuesto parecido para casos penales, aunque solo en hogares con dependientes, menores o v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero.

Ninguna de todas las posibilidades sirvi¨® para F¨¢tima y Rachid. La orden de lanzamiento se?alaba que ¨¦l, guarda nocturno, ganaba unos 1.400 euros y su situaci¨®n no hab¨ªa empeorado por el coronavirus. Su abogado destaca que el auto no consideraba que Rachid hab¨ªa estado en paro algunos meses en la pandemia, el avanzado estado de gestaci¨®n de F¨¢tima, ni varios informes de servicios y trabajadores sociales. F¨¢tima se siente incomprendida: ¡°Tienes que vivir esta situaci¨®n para entender lo que estamos sufriendo¡±. Ahora viven en un piso de dos habitaciones con Amer y sus otros tres hijos, todos nacidos en Espa?a. Cuesta 600 euros al mes (200 euros m¨¢s que el piso del que fueron expulsados) que deben salir de los 900 euros que cobra Rachid, otra vez desempleado. As¨ª que por quinta vez en un a?o, buscan casa.

Tambi¨¦n Noura, ¨²nica cabeza de familia de un hogar con cuatro hijos (dos de ellos, ya mayores de edad), sabe que tiene que buscar otra vivienda. En la actual, r¨ªe por no llorar, ha perdido el miedo a las ratas. ¡°Hay d¨ªas que salimos de la Cruz Roja y el peque?o me dice que por qu¨¦ no nos vamos a un hotel¡±, relata. Ingresa unos 530 euros al mes y hace tiempo que dej¨® de pagar a la empresa propietaria. Su esperanza es acceder a un piso social de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (lo que Rachid define como ¡°una loter¨ªa¡±) antes de verse en la calle. De momento tiene hasta el 30 de septiembre, cuando expira la moratoria actual aprobada por el Gobierno, porque el juez acord¨® suspender su desahucio tras la presentaci¨®n de un informe de los servicios sociales.

Independencia judicial

Natalia Palomar, abogada de Provivienda, ve necesario hacer ¡°una revisi¨®n m¨¢s cuidadosa de la normativa [antidesahucios]¡± para que, por ejemplo, los informes de vulnerabilidad tengan el mismo peso en todos los casos. Aner Uriarte, decano de los jueces de Bilbao, admite que entre sus colegas hay discusiones sobre qu¨¦ documentaci¨®n es exigible o cu¨¢ndo puede presentarse la misma. Pero niega la mayor: ¡°La disparidad de criterios no es algo malo en s¨ª, es consustancial a la independencia judicial¡±, afirma. Y Roberto Garc¨ªa Cenicero, juez de primera instancia en Barcelona, considera que ¡°m¨¢s que diferentes criterios, a veces lo que ocurre es que hay diferentes situaciones¡±.

En la Justicia, coinciden ambos magistrados, hay que ir siempre al caso concreto. ¡°Puede haber gente que diga que no se est¨¢n cubriendo todos los supuestos vulnerables porque es verdad¡±, admite Garc¨ªa Cenicero, ¡°pero tambi¨¦n puede haber quejas de peque?os propietarios que tienen que soportar la moratoria, una medida que les perjudica porque se est¨¢ prolongando mucho¡±. Porque el problema de fondo, en eso coinciden todos, no se est¨¢ arreglando ni con los tres meses de suspensi¨®n del desahucio que contemplaba la ley antes de la pandemia ni con la pr¨®rroga que desde marzo de 2020 ha ido alargando el Gobierno. ¡°Si no hay alternativas habitacionales, la situaci¨®n tiene dif¨ªcil soluci¨®n¡±, resume Garc¨ªa Cenicero.