El manoseado, inexistente y necesario pacto de rentas

La inflaci¨®n crece a un 8,7% anual en el IPC de mayo mientras la subyacente roza el 5%, lo que pone ya de manifiesto efectos de segunda ronda provocados por empresarios no energ¨¦ticos y productores de alimentos no elaborados. Este efecto de segunda ronda se detecta igualmente en la extensi¨®n de las altas subidas a cada vez m¨¢s art¨ªculos de la cesta de la compra. El 46% de las casi 200 subclases de tal cesta crecen al 5% o por encima, y casi el 38% lo hace a un ritmo del 6% o superior.

Las causas de la inflaci¨®n ten¨ªan hasta hace poco un car¨¢cter transitorio. Todos los organismos econ¨®micos nacionales e internacionales coincid¨ªan en que 2022 ser¨ªa un a?o de inflaci¨®n extraordinariamente alta, pero que en 2023 se volver¨ªa a una inflaci¨®n en el entorno del 2%. Cabe recordar que el alza de los precios ya se inici¨® en el ¨²ltimo cuatrimestre del a?o 2021: el fuerte resurgir de la demanda tras la pandemia, la capacidad oligopolista de los productores de energ¨ªas f¨®siles para recuperar los beneficios perdidos durante la ca¨ªda de la movilidad y los cuellos de botella en las cadenas de suministros eran las causas transitorias que explicaban el alza de los precios.

La invasi¨®n de Ucrania elev¨® la incertidumbre presionando m¨¢s los precios al alza. En particular, ampli¨® la ra¨ªz de la inflaci¨®n, que ya no es solo energ¨¦tica, sino que tambi¨¦n impacta contundentemente sobre los precios de los alimentos, que han crecido un 10% en el ¨²ltimo a?o, con alzas por encima del 20% en alguno de sus art¨ªculos y cuya carest¨ªa ¨Cal igual que la energ¨ªa¨C impacta m¨¢s en la cesta de los hogares vulnerables por su mayor peso relativo.

El embargo parcial del petr¨®leo ruso decretado por Bruselas ha a?adido un factor adicional de presi¨®n alimentando la espiral de precios, que ha reforzado, a su vez, el anuncio por el BCE del fin de su pol¨ªtica monetaria expansiva, lo que ya ha hecho subir el Eur¨ªbor y con ¨¦l los tipos de inter¨¦s de las hipotecas, elevando la presi¨®n sobre el poder de compra y la situaci¨®n financiera de los hogares. Cuesti¨®n no menor en un pa¨ªs como Espa?a, donde el precio de la vivienda en propiedad a precios excesivos determina que para millones de ciudadanos el pago de la hipoteca suponga una importante erosi¨®n de sus ingresos mensuales.

Convendr¨ªa hacer una advertencia teniendo en cuenta el cariz que toman las consecuencias econ¨®micas de las medidas respecto a la guerra en Ucrania. Si las instituciones europeas y los pa¨ªses miembros persisten en la estrategia de guerra econ¨®mica, deben tomar asimismo medidas de control y alivio propias de una econom¨ªa de guerra. En concreto, deben habilitarse desde el presupuesto comunitario recursos supranacionales para compensar a los hogares m¨¢s vulnerables, as¨ª como establecerse controles europeos sobre el precio de los bienes y servicios b¨¢sicos, que eviten el aprovechamiento de la situaci¨®n por algunas empresas para obtener sobre-beneficios.

Para afrontar el contexto de alta inflaci¨®n, al tiempo que se terminan de recuperar todas las constantes vitales de la econom¨ªa espa?ola tras la pandemia, es necesario afrontar la traves¨ªa de manera colectiva. El Gobierno ha cosechado grandes ¨¦xitos de la mano de los agentes sociales, afrontando con pol¨ªticas eficaces los momentos de elevada incertidumbre que han atravesado recientemente la econom¨ªa y la sociedad espa?ola. Ahora no debiera ser diferente. La suscripci¨®n de un pacto de rentas que reparta el aumento de los costes de manera equilibrada podr¨ªa ser el instrumento adecuado para encarar la incertidumbre y evitar una espiral de precios, pero tambi¨¦n para hacer frente a un retraimiento de la demanda de consumo que conducir¨ªa a la econom¨ªa espa?ola a un escenario no deseado de estanflaci¨®n.

Sin embargo, no hay negociaci¨®n alguna para la consecuci¨®n de tal pacto. Es m¨¢s, observamos, por un lado, en las organizaciones empresariales una actitud alejada de la corresponsabilidad apreciada en la pandemia, que nos condujo a una docena de acuerdos sociales. Por otro lado, a un Gobierno que se limit¨® a sugerir el pacto de rentas, pero se desentendi¨® del mismo, en una actitud poco comprensible.

El Gobierno debe darse prisa en actuar. Y hacerlo con determinaci¨®n y con sentido pol¨ªtico. El mercado gestiona de manera ineficiente e injusta este tipo de situaciones, y dejarle actuar a su albedr¨ªo elevar¨¢ el malestar social y decepcionar¨¢ a ciudadanos, personas trabajadoras, jubiladas, hogares vulnerables, etc. Complica la situaci¨®n la citada irresponsabilidad en la que se han instalado las organizaciones patronales. Como es conocido, han rechazado la firma de un acuerdo nacional de negociaci¨®n colectiva que sirviera para organizar de manera coordinada y equilibrada el reparto del aumento externo de los precios de la energ¨ªa y materias primas entre los salarios y los altos m¨¢rgenes de beneficios (situados por encima de los de la Eurozona, recordemos los millonarios excedentes acumulados por las empresas no financieras: 211.000 millones de euros desde 2016).

La falta de compromiso empresarial ya es perceptible en la citada inflaci¨®n subyacente. Si adem¨¢s nos fijamos en la descomposici¨®n del deflactor del PIB por fuentes de renta, los beneficios aparecen como los ¨²nicos responsables del aumento de los precios en el cuarto trimestre del a?o pasado y el primer trimestre de este. Asimismo, el consumo de los hogares se ha recortado un 3,7% a principios de a?o y el de bienes duraderos un 11,3%, lo que supone un primer indicio de que a la elevada inflaci¨®n se podr¨ªa sumar una desaceleraci¨®n de la demanda superior a la esperada.

Los sindicatos hemos decidido tensionar los procesos de negociaci¨®n colectiva para tratar de alcanzar acuerdos que garanticen que no sean los salarios los paganos de esta crisis. Determinados conflictos empiezan a tener un importante seguimiento, aunque est¨¦n fuera del foco medi¨¢tico (por citar uno, la huelga del metal de Cantabria est¨¢ teniendo un seguimiento sin precedente en d¨¦cadas). Pero la dimensi¨®n del problema trasciende el ¨¢mbito de la negociaci¨®n colectiva y debe inspirar una actuaci¨®n integral por parte del poder p¨²blico.

El Gobierno tiene instrumentos fiscales para producir una redistribuci¨®n equilibrada de los costes de la crisis, sosteniendo el consumo mediante transferencias y recortando los m¨¢rgenes empresariales. Lo puede hacer, por ejemplo, subiendo la fiscalidad de las grandes corporaciones y de las empresas energ¨¦ticas que est¨¢n obteniendo sobre beneficios, como ya han hecho gobiernos conservadores europeos como el de Italia y el Reino Unido.

CC OO ha mostrado su voluntad de negociar un pacto amplio de rentas que evitase la espiral de precios y el desinflamiento de la demanda de consumo de los hogares, as¨ª como el reparto injusto y desequilibrado de los costes de la crisis de precios, siempre que este se conjugue en plural y no se confunda con un pacto de devaluaci¨®n salarial, como se est¨¢ pretendiendo colar.

En esta l¨ªnea, CC OO entiende que debieran establecerse al menos: un pacto energ¨¦tico que ataque las verdaderas causas de la inflaci¨®n, arreglando las ineficiencias del sector el¨¦ctrico y acelerando la transici¨®n verde.

Un pacto de negociaci¨®n colectiva que detenga el efecto de segunda ronda sobre los precios que ya est¨¢n provocando los m¨¢rgenes de beneficios y que preserve el poder de compra de los salarios para evitar el hundimiento de la demanda de consumo de los hogares y, con ella, de la actividad econ¨®mica y la creaci¨®n de empleo. No olvidemos que la inflaci¨®n erosiona, es cierto que sobre todo los bolsillos de quien menos recursos tiene, pero erosiona todos los bolsillos. No se trata solo de proteger las situaciones de pobreza severa, sino del conjunto de rentas de las clases populares, que son millones de personas trabajadoras y pensionistas.

Un pacto fiscal. De esta crisis no se sale bajando impuestos ni siquiera temporalmente, sino m¨¢s bien al contrario, cerrando la brecha en la contribuci¨®n fiscal que tiene Espa?a con Europa y que explica el permanente d¨¦ficit p¨²blico estructural (-68.000 millones se dejan de recaudar anualmente). Con un 118% del PIB de deuda p¨²blica acumulada tras el rescate bancario y la pandemia, no asumir esa corresponsabilidad fiscal necesaria supone trasladar a las generaciones futuras el coste de la inacci¨®n fiscal actual. No hay una pugna intergeneracional entre trabajadores activos y pensionistas; en todo caso habr¨¢ una pugna entre quienes no asumen normalizar fiscalmente Espa?a respecto a la eurozona, y los damnificados de esa pol¨ªtica, es decir, quienes sufren recortes y privatizaciones de servicios p¨²blicos en la actualidad, y/o quienes asuman el exceso de deuda futura.

Y, por ¨²ltimo, es necesario un pacto sobre las rentas de alquiler de viviendas y locales para el desarrollo de la actividad empresarial de las pymes. Que evite subidas excesivas de los alquileres y que ponga las bases para ubicarlos en niveles acordes con los salarios que se pagan, evitando la extracci¨®n de rentas, en particular de las personas j¨®venes.