Los constructores denuncian que el 90% de obra p¨²blica queda excluida de las compensaciones por la inflaci¨®n
La patronal del sector pide un nuevo decreto que impida a las Administraciones interpretar de manera restrictiva la revisi¨®n de precio de los contratos
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Los cuellos de botella de la salida de la pandemia y la guerra de Ucrania han formado una tormenta perfecta en torno a la construcci¨®n. El resumen es sencillo: hacer una obra es mucho m¨¢s caro que antes. Seg¨²n calcula la Confederaci¨®n Nacional de la Construcci¨®n (CNC), los costes han subido un 33,2% en un a?o. Pero en algunos materiales o factores productivos se dispara mucho m¨¢s. El aluminio, por ejemplo, ha subido un 55% y el precio de la energ¨ªa, un 84%, de acuerdo con datos oficiales. En la mayor¨ªa de casos, ha denunciado este martes la patronal del sector, los contratistas de la Administraci¨®n no tienen m¨¢s remedio que asumir esas p¨¦rdidas. Pese a que el Gobierno ha aprobado dos decretos en lo que va de a?o para impedir esa situaci¨®n (y evitar que haya trabajos que se queden a medias o concursos desiertos), los empresarios se quejan de que este se est¨¢ interpretando de una manera tan restrictiva que deja fuera a entre el 90% y el 95% de las obras.
El principal problema, lamenta la CNC, es una modificaci¨®n que el segundo decreto (de 29 de marzo de 2022) hizo del anterior (del d¨ªa 1 del mismo mes). Al establecer las condiciones para que las empresas se acogieran a la revisi¨®n de precios, en el c¨¢lculo del encarecimiento de materiales se introdujo la idea de que el periodo ¡°no podr¨¢ ser inferior a un ejercicio anual ni superior a dos ejercicios anuales¡±. La patronal interpreta eso en el sentido de que permite hacer ese c¨¢lculo para 2021 o 2022 (los ejercicios anuales aludidos), pero se queja de que algunas Administraciones lo han interpretado como que la obra no puede tener una duraci¨®n inferior a 12 meses. Solo esto ya deja fuera alrededor de un 80% de los contratos de obra p¨²blica que se firman en Espa?a.
La patronal lamenta, adem¨¢s, que Hacienda haya avalado esa manera de calcularlo y por eso pide la elaboraci¨®n de un nuevo decreto. Este deber¨ªa subsanar otras restricciones que han detectado en la normativa actual, como el hecho de que su adopci¨®n sea voluntaria (lo que se traduce en que algunos Ayuntamientos no la apliquen), que se exigiera tener obra en ejecuci¨®n en el momento de aprobaci¨®n del decreto (lo que deja fuera obras que se terminaron antes del 1 de marzo, incluso si estuvieron activas durante todo 2021) o que solo contemple en el c¨¢lculo tipos de materiales (sider¨²rgicos, bituminosos, aluminio y cobre), sin tener en cuenta, por ejemplo, el encarecimiento de la electricidad. ¡°La respuesta no ha funcionado¡±, ha resumido el presidente de la CNC, Pedro Fern¨¢ndez Al¨¦n, en alusi¨®n a los dos decretos aprobados hasta ahora. ¡°Hemos visto que en la pr¨¢ctica solo se puede aplicar en un n¨²mero extraordinariamente reducido de obras¡±.
En ese peque?o grupo de trabajos que podr¨ªan acogerse a la revisi¨®n, los empresarios citan los de infraestructura ferroviaria (que en general supone un gran aporte de materiales) o algunos de carreteras. Esto, ha asegurado Fern¨¢ndez Al¨¦n, perjudica especialmente a empresas de menor tama?o, ¡°que no se meten en contratos especialmente grandes o largos¡±. ¡°Las obras se est¨¢n ralentizando: lo saben perfectamente la Administraci¨®n y las empresas¡±, ha incidido el patrono de los constructores, quien sostiene que la situaci¨®n actual llevar¨¢ a la ¡°par¨¢lisis del sector y el cierre de empresas¡±.
Para evitarlo, la CNC propone un nuevo decreto que corrija los anteriores. En el mismo, piden que se rebaje el umbral de encarecimiento a partir del cual se puede pedir compensaci¨®n del 5% al 2%, la ampliaci¨®n a todas las obras con ejecuci¨®n en 2021 y sin que los trabajos deban tener una duraci¨®n m¨ªnima o la inclusi¨®n de m¨¢s materiales en el c¨¢lculo, as¨ª como compensaciones por el encarecimiento de la energ¨ªa. Entre las modificaciones que reclaman, tambi¨¦n se encuentran la eliminaci¨®n del tope de compensaci¨®n (ahora no puede exceder un 20% del valor de contrato) o que la medida se ampl¨ªe tambi¨¦n a contratos de servicios, conservaci¨®n y mantenimiento de infraestructuras.
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