El Reino Unido se opuso en su d¨ªa al arbitraje que su juez ha usado para embargar bienes de Espa?a

El Reino Unido tom¨® en su d¨ªa una postura claramente opuesta al uso abusivo de los laudos de arbitraje internacional, en contra del criterio con que un juez brit¨¢nico acaba de ordenar esta misma semana el embargo de bienes del Estado espa?ol ¡ªen concreto, de las cuentas bancarias en su territorio del Instituto Cervantes o de la agencia exterior Acci¨®, de la Generalitat de Catalunya¡ª por el cambio de r¨¦gimen de retribuci¨®n a las renovables impuesto en su d¨ªa por Espa?a, que persegu¨ªa reducir el montante total de las primas. El 15 de enero de 2019, cuando el Brexit era todav¨ªa un enredo por negociar y el pa¨ªs segu¨ªa formando parte del club comunitario, el representante brit¨¢nico ante la UE puso su firma en una declaraci¨®n solemne, junto a otros 21 miembros, en la que se acordaba rescindir todos los mecanismos de arbitraje a los que pod¨ªan acogerse inversores internacionales a ra¨ªz de tratados bilaterales entre Estados y que estaban suponiendo indemnizaciones multimillonarias a fondos internacionales.

¡°La legislaci¨®n de la Uni¨®n tiene prioridad sobre los tratados bilaterales de inversi¨®n celebrados entre los Estados miembros. En consecuencia, todas las cl¨¢usulas de arbitraje entre inversores y Estados [¡­] no son aplicables¡±, sosten¨ªa el documento.

Los pa¨ªses firmantes iban m¨¢s all¨¢, como inform¨® en su momento EL PA?S, y aseguraban que tambi¨¦n son contrarios al derecho comunitario los arbitrajes derivados de la Carta de la Energ¨ªa. Ese era el tratado internacional en el que se hab¨ªan respaldado laudos internacionales para fallar contra Espa?a. El Tribunal de Justicia europeo sent¨® la doctrina comunitaria en marzo de 2018, en la conocida ya como ¡°sentencia del caso Achmea¡±, al establecer incompatibles con las leyes europeas las cl¨¢usulas sobre arbitraje recogidas en algunos tratados bilaterales entre pa¨ªses de la UE. Poco despu¨¦s, otro fallo, la llamada ¡°sentencia Micula¡±, remat¨® la jugada al afirmar que la ejecuci¨®n de esos laudos arbitrales tambi¨¦n ser¨ªa contraria al derecho comunitario.

Aquel veredicto puso en peligro la reivindicaci¨®n de gran parte de los demandantes en litigios del sector energ¨¦tico, que reclamaban indemnizaciones millonarias a Espa?a tras la reducci¨®n de las primas a renovables. Sin embargo, en su momento, expertos jur¨ªdicos restaron fuerza a la sentencia, porque muchas de las reclamaciones contra Espa?a se basaban en la Carta de la Energ¨ªa. Apenas dos meses despu¨¦s, un tribunal de arbitraje condenaba a Espa?a a indemnizar con 60,5 millones de euros a la compa?¨ªa holandesa Masdar Solar & Wind Cooperatief, que hab¨ªa invocado el mecanismo de protecci¨®n previsto en ese tratado.

Un juez brit¨¢nico contra el Cervantes

En los ¨²ltimos a?os, muchos juristas cr¨ªticos han se?alado que la justicia brit¨¢nica corre el riesgo de convertirse en una ¡°justicia boutique¡±, a la que un club selecto de fondos o individuos pueden acceder tanto para obtener un divorcio multimillonario o un golpe de efecto contra un tercer Estado. El magistrado Andrew Baker, del Alto Tribunal de Justicia de Londres, que ya acept¨® hace un mes el registro del laudo arbitral a favor de Infrared y contra Espa?a, dot¨¢ndole de ese modo del valor de una sentencia, ha decidido esta semana imponer tres ¨®rdenes provisionales de pago contra bienes del Estado espa?ol. En concreto, ha decidido el embargo de las cuentas en territorio brit¨¢nico de todos los Institutos Cervantes en el Reino Unido ¡ªLondres, una de las joyas culturales de Espa?a en el exterior, Leeds y M¨¢nchester¡ª y la de Acci¨®, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Catalunya, establecida en el edificio que la delegaci¨®n del Ejecutivo catal¨¢n tiene en Fleet Street, en la capital brit¨¢nica. Son ¡°medidas cautelar¨ªsimas¡± que adem¨¢s, en este caso, han sido aprobadas ¡°inaudita parte¡±. Es decir, sin atender las explicaciones de la Abogac¨ªa del Estado espa?ola, y en respuesta a una pretendida situaci¨®n de emergencia. Una decisi¨®n, sugieren los expertos consultados por EL PA?S, cuya aplicaci¨®n se espera antes contra un oligarca ruso a punto de evadir la justicia que contra un Estado soberano socio y amigo.

La parte demandante es un fondo de inversi¨®n radicado en el para¨ªso fiscal estadounidense de Delaware, Blasket Renewable Investments LLC, que se ha hecho con los derechos de la gran mayor¨ªa de los laudos arbitrales contrarios a Espa?a en el asunto de las renovables que pueden suponer m¨¢s de 1.000 millones de euros.

¡°Los servicios jur¨ªdicos del Estado est¨¢n trabajando junto con bufetes locales del Reino Unido para definir las medidas de defensa oportunas¡±, ha asegurado la Oficina de Informaci¨®n Diplom¨¢tica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha confirmado el bloqueo de las cuentas del Instituto Cervantes.

En r¨¦gimen de alquiler

Aunque concede dos meses de tregua para que tanto el Cervantes como Acci¨® decidan si convocan o no ¡°inmunidad estatal¡±, antes de proceder al embargo de sus edificios, el juez Baker parece desconocer que las dos sedes de Londres est¨¢n en condici¨®n de alquiler.

El Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico ya ha anunciado su intenci¨®n de personarse ante el Alto Tribunal de Londres, tanto en el procedimiento principal como en los accesorios de embargos de bienes. La ejecuci¨®n del laudo arbitral no ha sido notificada a¨²n al Gobierno espa?ol.

¡°Estamos preparando la reacci¨®n jur¨ªdica en defensa de los intereses del Estado, analizando en detalle la situaci¨®n a la espera de la notificaci¨®n. Y, como siempre, actuando con absoluta escrupulosidad, conforme a derecho, con respeto al marco comunitario y primando la defensa de los intereses del Estado¡±, han asegurado fuentes del ministerio. Entre otras cosas, debe comunicarse el asunto a la Comisi¨®n Europea, porque ¡°los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal¡±, tal y como estableci¨® la sentencia del ¡°caso Achmea¡±.

El Gobierno espa?ol ya aprob¨® en 2019 un real decreto-ley ¡°para recuperar la confianza de los inversores¡±, que otorg¨® a los afectados por los recortes una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031. De los 52 arbitrajes presentados, informa el ministerio, se han dictado 29 laudos, 6 se han ganado, 2 se han anulado y hay 19 pendientes.

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