Bruselas investiga como ayuda ilegal de Estado un laudo que obliga a Espa?a a pagar por las renovables

Las compensaciones a fondos de inversi¨®n por el recorte a las renovables ejecutado por el Gobierno del PP vuelven a Bruselas. La Comisi¨®n Europea ha abierto una profunda investigaci¨®n para determinar si la indemnizaci¨®n de 101 millones de euros ordenada por un tribunal internacional de arbitraje a dos fondos con sede social en Luxemburgo y Pa¨ªses Bajos constituye una ayuda ilegal de Estado. El Ejecutivo comunitario investigar¨¢, en concreto, si esa decisi¨®n atenta contra el derecho europeo, discrimina a las empresas espa?olas y ¡°falsea indebidamente¡± la competencia.

La Comisi¨®n Europea prosigue su batalla contra los procedimientos de arbitraje ajenos al derecho comunitario. Despu¨¦s de la sentencia del caso Achmea por el Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas public¨® una comunicaci¨®n en la que dejaba claro que la cl¨¢usula sobre arbitrajes entre inversores y Estados miembro derivada de la Carta de la Energ¨ªa no se puede aplicar entre empresas o instituciones de pa¨ªses socios de la UE. M¨¢s tarde, el grueso de los pa¨ªses de la UE decid¨ªa dejar sin efecto en una declaraci¨®n conjunta los tribunales de arbitraje para conflictos bilaterales.

Espa?a, en concreto, ha sufrido una avalancha de procedimientos de arbitraje a causa del recorte aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 al r¨¦gimen instaurado en 2007 por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. La Comisi¨®n Europea aval¨® la rebaja del Ejecutivo del PP. Seg¨²n la Autoridad Fiscal, el monto total de las reclamaciones asciende a unos 10.000 millones de euros, pero el Gobierno sostiene que ha logrado rebajarlo a 4.600 millones despu¨¦s de haber ofrecido a los fondos de inversi¨®n una mayor rentabilidad a cambio de que retiraran sus demandas.

Algunas empresas han cedido, pero otros inversores han decidido seguir adelante con sus reclamaciones, muchos a trav¨¦s del Centro Internacional de Arreglo por Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Ese ¨®rgano resolvi¨® la disputa planteada por las sociedades Antin Infrastructure Services, con sede en Luxemburgo, y Antin Energ¨ªa Termosolar, radicada en Pa¨ªses Bajos. El tribunal de arbitraje resolvi¨® que Espa?a deb¨ªa compensar a esas firmas por las p¨¦rdidas sufridas tras las modificaciones del r¨¦gimen de 2007. El importe de esa indemnizaci¨®n se fij¨® en 101 millones de euros, a los que hay que a?adir los intereses devengados.

Posible discriminaci¨®n por nacionalidad

Bruselas abri¨® una investigaci¨®n preliminar en la que concluy¨® que el laudo ¡°puede constituir una ayuda estatal, dado que concede a Antin una ventaja equivalente a las que otorgaba el r¨¦gimen espa?ol¡± de 2007, que nunca fue notificado a la Comisi¨®n Europea. El departamento que dirige la vicepresidenta Margrethe Vestager tiene sobre todo tres grandes dudas. Para empezar, el TJUE ha dictaminado que esos procedimientos son una amenaza para el derecho comunitario cuando se trata de disputas entre actores de dos pa¨ªses miembros de la UE. Segundo, los laudos pueden generar ¡°discriminaci¨®n entre los inversores¡± por su nacionalidad, puesto que los espa?oles no pueden recurrir al arbitraje. Y tercero, la compensaci¨®n puede ¡°falsear indebidamente¡± la competencia al constituir un apoyo adicional al de las ayudas aprobadas en 2013.

La investigaci¨®n de Bruselas refuerza todav¨ªa m¨¢s la posici¨®n de Espa?a, que se opone a las reclamaciones de inversores internacionales que invirtieron a trav¨¦s de sociedades de Luxemburgo o Pa¨ªses Bajos. El Gobierno, al igual que la Comisi¨®n, se acoge a la sentencia del caso Achmea, seg¨²n la cual los arbitrajes bajo el paraguas de la Carta de la Energ¨ªa no tienen jurisdicci¨®n en la UE. Espa?a, de hecho, es hoy uno de los pa¨ªses m¨¢s cr¨ªticos con ese tratado. Par¨ªs y Madrid empujan para que se reforme e incluso han advertido de que la UE deber¨ªa plantearse retirarlo en caso de que no haya una modificaci¨®n profunda.