Los precedentes fiscales de la operaci¨®n de Ferrovial

Ferrovial celebra este jueves la junta de accionistas m¨¢s trascendente de su historia. Lo hace en un ambiente de enfrentamiento con el Gobierno, que ha cuestionado los motivos alegados por la compa?¨ªa para proponer a los accionistas el traslado de su sede a Pa¨ªses Bajos. Despu¨¦s de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Econom¨ªa, Nadia Calvi?o, cuestionase el martes la existencia de un motivo econ¨®mico v¨¢lido para la operaci¨®n, este mi¨¦rcoles ha sido el ministro de Inclusi¨®n, Seguridad social y Migraciones el que ha advertido que cualquier beneficio fiscal que conlleve la operaci¨®n tendr¨¢ que revisarse ¡°con much¨ªsimo cuidado¡±. Ambos han hecho sus declaraciones en Washington, donde se encuentran con motivo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La ministra de Hacienda y Funci¨®n P¨²blica, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha asegurado este jueves que la carta que el Gobierno ha enviado a Ferrovial no pretend¨ªa ¡°surtir presi¨®n¡± para frenar el traslado a Pa¨ªses Bajos, sino poner de manifiesto que el principal argumento de la compa?¨ªa para marcharse de Espa?a ¡°no se corresponde con la legalidad vigente¡±. En declaraciones a Antena 3, Montero ha defendido que es una ¡°obligaci¨®n¡± y una ¡°responsabilidad¡± del Gobierno dejar claro que no existen obst¨¢culos para que una empresa ubicada en Espa?a cotice a la vez aqu¨ª y en Estados Unidos. La ministra de Hacienda remarc¨® el d¨ªa anterior que ¡°la legislaci¨®n es clara. Cuando no hay motivos econ¨®micos, hay determinados elementos fiscales que no se pueden aplicar a las empresas¡±, dijo en referencia a la posibilidad de que la Agencia Tributaria impida a la empresa aprovechar los beneficios fiscales del r¨¦gimen de fusiones si la empresa no demuestre motivos econ¨®micos. En este caso, la constructora se arriesga a pagar una factura fiscal millonaria por la decisi¨®n de mudarse a ?msterdam.

La operaci¨®n de Ferrovial no es un mero traslado, sino que conlleva una fusi¨®n con una filial holandesa que se convertir¨¢ en cabecera del grupo. Para hacerla efectiva, la compa?¨ªa que preside Rafael del Pino pretende acogerse al r¨¦gimen de neutralidad fiscal de las fusiones, que evita someter a tributaci¨®n las plusval¨ªas latentes en operaciones de consolidaci¨®n empresarial por la mera actualizaci¨®n de balances y otros ajustes contables. Casi todas las grandes operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones se acogen a ese r¨¦gimen contemplado en la ley del Impuesto de Sociedades, pero para ello debe haber un motivo econ¨®mico v¨¢lido.

En esta ocasi¨®n, sin embargo, el Gobierno ha cuestionado abiertamente y por adelantado la aplicaci¨®n de ese r¨¦gimen fiscal. En una carta dirigida por el secretario de Estado de Econom¨ªa, Gonzalo Garc¨ªa, al consejero delgado de la empresa, Ignacio Madridejos, se cuestionaba la validez de los motivos econ¨®micos esgrimidos. Madridejos contest¨® exigiendo respeto para la decisi¨®n que tomen este jueves los accionistas de la compa?¨ªa y pidiendo tambi¨¦n que el Gobierno no prejuzgase el criterio t¨¦cnico que debe aplicar en su momento Hacienda sobre el r¨¦gimen fiscal aplicable.

Preguntado sobre ello la tarde de este mi¨¦rcoles en Washington, pasada la medianoche del mi¨¦rcoles al jueves en la Espa?a peninsular, Escriv¨¢ ha dicho: ¡°Lo que el Gobierno ha hecho es simplemente alertar de que cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos p¨²blicos, tiene que estar muy justificado y habr¨¢ que revisar si se cumplen las condiciones. Yo creo que todo el mundo que crea en la responsabilidad fiscal tiene que estar de acuerdo en que el Gobierno tiene que evaluar con much¨ªsimo cuidado y con much¨ªsima precisi¨®n si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso para una empresa se materializan o no. Yo creo que nadie puede sorprenderse por eso¡±.

El precedente de Airtel

Escriv¨¢ ha cuidado mucho sus palabras y ni siquiera ha cuestionado la existencia de un motivo econ¨®mico v¨¢lido, como hizo la v¨ªspera Calvi?o. Hay pocos precedentes de casos similares en que un Gobierno haya advertido previamente sobre la aplicaci¨®n de un r¨¦gimen fiscal a una operaci¨®n de una empresa concreta. Quiz¨¢ el caso m¨¢s sonado fue la cruzada que emprendi¨® en el a?o 2000 el entonces ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, para que tributasen las multimillonarias plusval¨ªas de la venta de Airtel a Vodafone.

En plena burbuja tecnol¨®gica, los socios de la segunda operadora de telefon¨ªa m¨®vil espa?ola (Santander, Acciona, Alba, Abell¨® y varias cajas de ahorros) vendieron sus acciones en la compa?¨ªa a la multinacional brit¨¢nica, que pag¨® con acciones propias. Los socios espa?oles aprovecharon un cambio legal aprobado por el Gobierno del Partido Popular en junio de 2000 que les pon¨ªa en bandeja que las multimillonarias plusval¨ªas de la operaci¨®n quedasen exentas.

Cuando el diario Cinco D¨ªas desvel¨® en septiembre de 2000 que las empresas pretend¨ªan acogerse a esas exenciones, Montoro reaccion¨® airado y dijo a la vez que aquella interpretaci¨®n de la ley no se pod¨ªa aplicar y que adem¨¢s iba a cambiar la norma (¡°enriquecerla¡±) para que no se pudiera aplicar. A?adi¨® que iba a ser ¡°vigilante y beligerante¡±. Tras el esc¨¢ndalo generado, el Gobierno enmend¨® a fondo su decreto.

La batalla acab¨® en los tribunales. El Santander, que era el que m¨¢s se jugaba en la operaci¨®n, gan¨® al Gobierno en la Audiencia Nacional en 2013, como public¨® EL PA?S, y pudo apuntarse deducciones extra de 195 millones de euros. De ellas, 60,4 millones se apuntaban al ejercicio 2001 y otros 134,2 millones. El Gobierno, en el que Montoro volv¨ªa a ser ministro de Hacienda 13 a?os despu¨¦s, recurri¨® ante el Tribunal Supremo. La que pas¨® inadvertida fue la sentencia que cerr¨® el caso en 2015 de una forma algo absurdamente salom¨®nica, por decir algo.

Las plusval¨ªas proced¨ªan de las declaraciones de los ejercicios 2001 y 2002, pero el abogado del Estado, en su recurso, solo puso ¡°ejercicio 2001¡å. ¡°Ello comporta que el motivo de casaci¨®n que se examina ha de circunscribirse al ejercicio 2001, como consecuencia del acto propio de la parte que limit¨® su impugnaci¨®n al ejercicio 2001 y silenci¨® el ejercicio 2002¡å, escribi¨® el Supremo en su sentencia. El Estado gan¨® el recurso, pero ese olvido tonto del abogado le cost¨® al fisco m¨¢s de 134 millones de euros.

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