La ley que impide vivir en pisos tur¨ªsticos tensiona el sur de Canarias. ¡°Es una expropiaci¨®n encubierta¡±

Elena E. hered¨® el a?o pasado un apartamento de 63 metros cuadrados en Playa del Ingl¨¦s (sur de Gran Canaria). Decidi¨® sacarle rentabilidad y ponerlo en alquiler ella misma. No tard¨® en toparse con la intrincada legislaci¨®n auton¨®mica: est¨¢ prohibido tanto residir en una zona tur¨ªstica como que un particular alquile su apartamento por su cuenta. Tanto el de Elena E. como el del resto de nombres de afectados que aparecen en este reportaje son ficticios; tambi¨¦n se han ocultado los de los complejos tur¨ªsticos, dado que la Administraci¨®n considera una atenuante que los casos no aparezcan en prensa.

¡°Present¨¦ declaraci¨®n responsable en el Patronato de Turismo del Cabildo y me di de alta en el IGIC [el impuesto regional que sustituye al IVA] en la Hacienda de Canarias¡±, relata Elena E. por tel¨¦fono, ¡°Quer¨ªa hacerlo de forma legal, y pagar todos los impuestos¡±. Al mes, sin embargo, la corporaci¨®n insular le inco¨® un expediente. ¡°Me explicaron que la comercializaci¨®n ha de llevarse a cabo a trav¨¦s de una empresa explotadora¡±. Para hacerlo, esta sociedad ha de tener el 50% m¨¢s uno de toda la propiedad. ¡°Quit¨¦ el anuncio y mi expediente qued¨® archivado¡±.

La cosa no qued¨® ah¨ª: una posterior inspecci¨®n del Cabildo al inmueble en abril de 2022 deriv¨® en un expediente contra la propia comunidad de propietarios, dado que algunos apartamentos estaban habitados, y otros se alquilaban por su cuenta. El resultado, una sanci¨®n de 9.000 euros por incumplimiento grave. El del complejo de Elena E. no es el ¨²nico caso. Durante esta legislatura, la Administraci¨®n ha tramitado seis multas que van desde los 2.200 a los 9.000 euros. La Plataforma de Afectados por la Ley Tur¨ªstica asegura tener detectadas hasta 70.000 familias potencialmente afectadas. Fuentes del Ejecutivo (actualmente gobernado por PSOE, junto a Unidas Podemos, Nueva Canarias y Agrupaci¨®n Socialista Gomera) rehusaron comentar la situaci¨®n.

En 2013, el Gobierno de Canarias, entonces en manos de Coalici¨®n Canaria, aprob¨® la Ley de Renovaci¨®n y Modernizaci¨®n Tur¨ªstica de Canarias. En ella, se obligaba a los propietarios a destinarlos al alquiler tur¨ªstico, lo que les impide residir en ellos. En 2017, otra norma a?adi¨® una salvedad para quienes pudiesen demostrar que ya resid¨ªan ah¨ª desde antes de ese a?o. Adem¨¢s, se estableci¨® el requisito de contar con la misma empresa explotadora durante, al menos, diez a?os (o constituirse la propia comunidad en empresa).

Esta legislaci¨®n persigue, sobre todo, evitar la llamada residencializaci¨®n. Es decir, que se conviertan en ciudades las zonas donde turistas se alojan por cortos espacios de tiempo. Son usuarios con necesidades y apetencias diferenciadas (y, en algunos casos, incompatibles): los turistas exigen fundamentalmente ocio; los residentes reclaman equipamientos e infraestructuras. As¨ª, seg¨²n el Gobierno de Canarias, la residencializaci¨®n es la principal culpable de que las plazas extrahoteleras (las que no est¨¢n en hoteles) hayan pasado de 172.110 en 2015 a 98.042 en 2020. El catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Le¨®n, sostiene que este es un fen¨®meno que provocan las crisis tur¨ªsticas, lo que empuja a los propietarios a vender las unidades alojativas a posibles residentes. ¡°Constituye una forma f¨¢cil de obtener una rentabilidad a corto plazo¡±.

Para combatirlo, los hoteleros plantean el principio de unidad de explotaci¨®n: es decir, que no convivan residentes y visitantes en un mismo inmueble. ¡°Las necesidades y horarios de ambos usos a menudo se contraponen y se estorban¡±, explica la Federaci¨®n de Empresarios de Hosteler¨ªa y Turismo (FEHT). ¡°Adem¨¢s, las obligaciones legales y de mantenimiento para un establecimiento tur¨ªstico son muy superiores, lo que a menudo supone una carga que los residentes no est¨¢n dispuestos a soportar¡±. Seg¨²n la Universidad de La Laguna, el 30% de la poblaci¨®n empadronada en San Bartolom¨¦ de Tirajana ¡ªdonde est¨¢n Maspalomas o la propia Playa del Ingl¨¦s¡ª, as¨ª como el 54% en Arona (en Tenerife, municipio que alberga a Playa de Las Am¨¦ricas o Los Cristianos) residen en las zonas tur¨ªsticas.

La vivienda constituye un problema en Canarias, una regi¨®n que presenta la segunda tasa m¨¢s alta de poblaci¨®n en riesgo de exclusi¨®n (36,2%, seg¨²n el ¨ªndice Arope). La regi¨®n registr¨® en 2022 el segundo mayor encarecimiento en el precio de la venta ¡ªdatos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica¡ª y el tercero mayor del precio del alquiler ¡ªseg¨²n Idealista¡ª. San Bartolom¨¦ de Tirajana, en concreto, es el 22? municipio de toda Espa?a con m¨¢s demanda de alquiler, seg¨²n los datos del portal inmobiliario. En Playa del Ingl¨¦s, la situaci¨®n es a¨²n m¨¢s grave, con la presi¨®n por encontrar alojamiento de los trabajadores en la industria tur¨ªstica.

Derecho a la propiedad privada

Los intereses de la industria ¡ªde la cual depende el 33% del PIB canario¡ª chocan, sin embargo, con los de buena parte de la poblaci¨®n de las islas. Sobre todo en Gran Canaria, en la que se dio la participaci¨®n de muchos peque?os inversores particulares, que en los sesenta y setenta pusieron en promociones urban¨ªsticas parte de los ahorros ganados en la agricultura.

Estas peque?as inversiones minoristas constituyen el principal motivo por el cual en la isla ha habido tradicionalmente m¨¢s oferta de apartamentos que de hoteles (al contrario, por ejemplo, de la vecina Tenerife). ¡°En los sesenta, una hermana de mi padre compr¨® cuatro apartamentos en el sur¡±, rememora Elena E. ¡°Primero los disfrut¨®, y luego los explot¨®¡±. Su caso ejemplifica la situaci¨®n de buena parte de los perjudicados. ¡°El derecho a la propiedad privada es inherente al derecho a su uso¡±, manifiesta la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Tur¨ªstica, Maribe Betancor, quien califica la normativa de ¡°inconstitucional¡±. La organizaci¨®n ha presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) ante el Parlamento para que se modifique esta ley, y tambi¨¦n ha acudido a los tribunales. ¡°Ha de entenderse que los propietarios adquirieron un inmueble, s¨ª, pero con la calificaci¨®n de apartamento tur¨ªstico¡±, matiza por su parte Javier Rodr¨ªguez-Batllori, socio del bufete San Telmo Abogados y Economistas, ¡°y nuestra legislaci¨®n no contempla una compatibilidad del uso tur¨ªstico y residencial (a excepci¨®n de ciertas zonas)¡±.

El Defensor del Pueblo, en cambio, dio la raz¨®n a los afectados en una contundente recomendaci¨®n en 2019. En su dictamen, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n admite que ¡°es jur¨ªdicamente admisible¡± que haya un suelo especializado tur¨ªstico donde no est¨¦ permitido el uso residencial. Sin embargo, sostiene que este ¡°a d¨ªa de hoy no existe en Canarias, al haberse anulado por sentencia de 18 de mayo de 2018 del TSJ de Canarias¡±. Y va m¨¢s all¨¢. En su opini¨®n, recalca a su vez que la ¡°imposici¨®n de la unidad de explotaci¨®n es otra limitaci¨®n al derecho de propiedad, y adem¨¢s a la libertad de empresa¡±. Desde su recomendaci¨®n, sin embargo, todo sigue igual.

Escasez de vivienda

La obligaci¨®n de tener que recurrir a un comercializador tambi¨¦n solivianta a los propietarios. ¡°?Me vas a decir que no solo no puedo disfrutar de mi apartamento cuando quiera, sino que, adem¨¢s, se lo tengo que ceder a una empresa por la cara y por dos duros?¡±, asegura Andr¨¦s A., propietario de un inmueble en la playa de San Agust¨ªn (Gran Canaria). Este es otro problema del que se quejan Elena E. y Betancor (y muchos otros propietarios): las abusivas condiciones. ¡°El precio lo pone el explotador y casi siempre son cantidades rid¨ªculas¡±, se queja la primera. Su apartamento lo comercializ¨® una empresa hasta noviembre del 2016. Le abonaba, asegura, apenas 300 euros mensuales (¡°y eso cuando pagaba¡±). El mes escaso que lo alquil¨® por su cuenta ingres¨® una cantidad muy superior.

El precio medio de compra por metro cuadrado asciende a 4.182 euros, seg¨²n Idealista, lo que eleva el valor del apartamento de Elena E. hasta 263.466 euros. Con la retribuci¨®n de la empresa explotadora, tardar¨ªa 73 a?os solo en recuperar la inversi¨®n. O m¨¢s tiempo: ¡°Adem¨¢s, es el propietario el que debe mantener todo en condiciones; afrontar las derramas, pagar el IBI, la basura o la comunidad. Sufrimos una inseguridad jur¨ªdica brutal ante los abusos del explorador¡±. ¡°Estas empresas son como una mafia de la que no te puedes salir¡±, recalca Andr¨¦s A. ¡°Esto es una expropiaci¨®n encubierta¡±, completa Betancor, y acusa a la consejer¨ªa: ¡°Tiene un objetivo trazado, que es favorecer al lobby hotelero¡±.

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