La abogada de la UE ve legales las ayudas fiscales de Luxemburgo a Amazon

Adelanto de un nuevo rev¨¦s para la pol¨ªtica de competencia de la Comisi¨®n Europea: la abogada general de la Uni¨®n Juliane Kokott considera que Bruselas se equivoc¨® al declarar que Luxemburgo hab¨ªa concedido a Amazon ayudas de Estado ilegales en forma de beneficios fiscales. Tras haber perdido el caso en primera instancia en 2021, la opini¨®n publicada este jueves ¡ªque no es vinculante, pero que suele guiar a los jueces comunitarios¡ª avanza un nuevo varapalo judicial para la autoridad comunitaria de la competencia ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE).

El caso se remonta a una investigaci¨®n abierta en 2014, que determin¨® que un esquema ofrecido por el Gran Ducado permiti¨® al gigante del comercio electr¨®nico ahorrarse de ingresar al fisco el 75% de sus ganancias en Europa entre mayo de 2006 y junio de 2014. Bruselas oblig¨® a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros en impuestos que consider¨® que Amazon no pag¨® por haberse beneficiado de ese sistema fiscal, que estim¨® contrario a la libre competencia.

El sistema fiscal utilizado entre el Ejecutivo luxemburgu¨¦s y la compa?¨ªa tecnol¨®gica se estructuraba en torno al canon de licencia ¡ªel precio que paga una empresa a otra por el derecho de utilizar una propiedad intelectual¡ª que una de las filiales del gigante tecnol¨®gico, con sede en Luxemburgo, le cobraba a su otra subsidiaria en la Uni¨®n. Los beneficios de esta, seg¨²n Bruselas, se transfer¨ªan casi ¨ªntegramente a la otra como canon por esos derechos. La clave era que, a mayor canon, menor cantidad a pagar en el impuesto de sociedades: entre los dos, hicieron un c¨¢lculo de este canon superior al que la Comisi¨®n Europea consideraba correcto, por lo que se ahorraron hasta 250 millones de euros.

Amazon y Luxemburgo interpusieron recurso de anulaci¨®n frente la decisi¨®n de la Comisi¨®n ante el Tribunal General, que anul¨® la decisi¨®n en mayo de 2021. Bas¨¢ndose en las Directrices de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE), el Tribunal no lleg¨® a la conclusi¨®n de que se hubieran determinado err¨®neamente los precios de transferencia (las cantidades establecidas para transacciones entre empresas de, por ejemplo, un mismo grupo). Los jueces comunitarios consideraron en primera instancia que la Comisi¨®n no hab¨ªa demostrado que se hubiese reducido artificialmente la carga fiscal como consecuencia de una sobrevaloraci¨®n del canon.

Error en los criterios de c¨¢lculo

La Comisi¨®n recurri¨® aquella primera decisi¨®n judicial y, ahora, antes de que el TJUE se pronuncie, la abogada general recomienda al Tribunal que rechace el recurso. Los argumentos expuestos se basan, una vez m¨¢s, en el c¨¢lculo del canon: la abogada recrimina a Bruselas que se basase exclusivamente en las directrices de la OCDE para su c¨¢lculo ¡ªm¨¢s gravoso para la multinacional¡ª, en lugar de tomar como referencia el derecho nacional del Gran Ducado. Este, se?ala, no hac¨ªa ninguna referencia a estas directrices.

¡°Como consecuencia de ese error, todas las dem¨¢s observaciones contenidas en la Decisi¨®n de la Comisi¨®n adolecen tambi¨¦n de errores de Derecho. Por consiguiente, el Tribunal General anul¨® acertadamente la Decisi¨®n ¨Dsi bien por otros motivos¡ª al no haberse probado la existencia de una ventaja selectiva¡±, concluye la abogada.

De seguir la opini¨®n emitida por la abogada, la sentencia del TJUE supondr¨ªa un nuevo varapalo de los jueces comunitarios a la Autoridad de Competencia de la Uni¨®n en materia de ayudas de Estado. Se unir¨ªa as¨ª a la anulaci¨®n, en julio de 2020, de la decisi¨®n de que Apple devolviera a Irlanda 13.000 millones de euros por ayudas de Estado ilegales. O a la sentencia del propio TJUE que anul¨® un dictamen de la instituci¨®n dirigida por la danesa Margrethe Vestager, que consideraba ilegal el r¨¦gimen belga de ¡°ayudas extraordinarias¡± del que se beneficiaron al menos 35 multinacionales. Los jueces comunitarios tambi¨¦n rechazaron en septiembre de 2019 el dictamen que obligaba a Starbucks a devolver 30 millones a los Pa¨ªses Bajos.

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