Los asesores fiscales auguran una ola de reclamaciones contra el impuesto a las grandes fortunas

El 1 de julio arranc¨® el periodo de pago voluntario del nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, un tributo temporal que grava riquezas superiores a los tres millones de euros y que en su corta vida ya ha acumulado varios recursos judiciales en su contra que est¨¢n pendientes de resolver. Cuando finalice el plazo de pago, el d¨ªa 31, y sobre todo a la vuelta del verano, la Asociaci¨®n Espa?ola de Asesores Fiscales (AEDAF) prev¨¦ una ola de reclamaciones. ¡°Los miembros de la asociaci¨®n tienen la recomendaci¨®n de declararlo e inmediatamente reclamar¡±, ha se?alado este jueves Stella Ravent¨®s-Calvo, presidenta de AEDAF, durante la presentaci¨®n de un informe que destaca algunos puntos flacos del tributo, desde su ¡°extravagante¡± y ¡°mete¨®rica¡± aprobaci¨®n a la asimetr¨ªa que genera entre residentes y no residentes, y que podr¨ªan suponer ¡°vulneraciones jur¨ªdicas de calado¡±.

El impuesto a las grandes fortunas se aprob¨® en tiempo r¨¦cord en diciembre del pasado a?o como enmienda a la proposici¨®n de ley que crea los grav¨¢menes extraordinarios a la banca y las empresas energ¨¦ticas. El primer ejercicio que grava es el de 2022, lo que no ha dejado margen para realizar una planificaci¨®n fiscal a los contribuyentes obligados a abonarlo. Adem¨¢s, se solapa al impuesto sobre el patrimonio, que gestionan las comunidades aut¨®nomas, generando una armonizaci¨®n encubierta para que tambi¨¦n tributen por su riqueza los residentes en aquellos territorios donde el gravamen auton¨®mico est¨¢ bonificado, como son Madrid o Andaluc¨ªa.

El profesor de la Universidad Complutense y autor del estudio de AEDAF, Jos¨¦ Almud¨ª, ha explicado qu¨¦ aspectos del nuevo tributo podr¨ªan acabar consider¨¢ndose inconstitucionales o contrarios a la normativa europea. En primer lugar, ha se?alado su inusual tramitaci¨®n parlamentaria, que ha reducido la posibilidad de aplicar ¡°los mecanismos de calidad normativa¡±, como presentar enmiendas por parte del resto de grupos. ¡°Esa forma de legislar es dif¨ªcilmente conciliable con el principio de autoimposici¨®n¡± que defiende la Constituci¨®n, as¨ª como del art¨ªculo 23.1, que determinan que solo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de car¨¢cter p¨²blico con arreglo a la ley y que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos p¨²blicos. Tambi¨¦n ha hecho hincapi¨¦ en el embrollo t¨¦cnico sobre la definici¨®n de la base imponible que ha sido se?alado por el Consejo de Estado.

El segundo gran foco de preocupaci¨®n es la armonizaci¨®n encubierta que se ha llevado a cabo con la aprobaci¨®n del tributo de solidaridad. De hecho, el gravamen ha causado el rechazo frontal de varias comunidades aut¨®nomas. Andaluc¨ªa, Madrid y Galicia han presentado recursos al Constitucional, que los ha admitido a tr¨¢mite, y tambi¨¦n AEDAF y otras asociaciones han recurrido el impuesto. ¡°No es el recurso por el recurso¡±, ha matizado Javier G¨®mez Taboada, vocal de la organizaci¨®n. ¡°Es en defensa de los derechos de los contribuyentes y del Estado de Derecho¡±, ha a?adido Ravent¨®s-Calvo.

Almud¨ª considera que el tributo tambi¨¦n vulnera los principios de seguridad jur¨ªdica y protecci¨®n de la confianza leg¨ªtima, que defiende la normativa comunitaria, por su aprobaci¨®n tard¨ªa y retroactiva. Por ¨²ltimo, destaca la asimetr¨ªa entre residentes y no residentes. Estos ¨²ltimos, si tienen inmuebles en Espa?a a trav¨¦s de sociedades extranjeras, no pueden beneficiarse de algunas ventajas como el m¨ªnimo exento o el l¨ªmite relativo a la cuota ¨ªntegra.

Este supuesto podr¨ªa ser contrario a los convenios de doble imposici¨®n celebrados por Espa?a seg¨²n el modelo de la OCDE, por el cual no se ¡°podr¨ªa gravar la titularidad indirecta de personas f¨ªsicas no residentes en Espa?a de bienes inmuebles situados en territorio espa?ol¡±, se?ala el informe. ¡°Solo se podr¨ªa gravar si no existiera un convenio de doble imposici¨®n o, en caso de convenio, que esto lo permitiera¡±, ha se?alado Almud¨ª: ¡°Esta discrepancia plantea problemas no solo para residentes UE, sino de terceros Estados¡±.

Reclamaci¨®n

Si el impuesto fuera declarado inconstitucional antes de que termine el a?o, Hacienda deber¨ªa devolver a los contribuyentes la cuota pagada para el ejercicio 2022 m¨¢s los intereses. ¡°Pero solo a quienes hayan presentado el recurso¡±, ha subrayado G¨®mez Taboada.

El fiscalista ha matizado que los constituyentes afectados son un n¨²mero exiguo (unos 23.000, seg¨²n Hacienda), pero ha afirmado que dentro de ese grupo habr¨¢ un porcentaje muy elevado de reclamaciones. ¡°Ser¨¢ hacia finales de a?o cuando se pueda ver una foto fija¡±, calcula. Seg¨²n Ravent¨®s-Calvo, la estrategia del Gobierno da?a las arcas p¨²blica, porque habr¨¢ que devolver el impuesto. ¡°Se est¨¢ primando la recaudaci¨®n inmediata y da?ando los intereses del Estado¡±.

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