El otro peaje millonario de las autopistas que hay que pagar aunque no las usemos

El Gobierno que se conforme tras las elecciones del 23J va a tener que lidiar con el pol¨¦mico peaje a las autov¨ªas hasta ahora gratuitas que contiene el plan de recuperaci¨®n y resiliencia espa?ol aprobado por Bruselas y que fue motivo de pol¨¦mica durante la campa?a electoral. El argumento esgrimido para aplicar ese peaje es el pago por uso con fines disuasorios y medioambientales. Pero hay otro coste asociado a las autopistas que van a tener que afrontar todos los contribuyentes en esta legislatura, tanto si son conductores y usuarios como si no. Este canon singular son las indemnizaciones millonarias que el Estado debe abonar por las nueve autopistas de peaje que tuvieron que ser rescatadas entre 2018 y 2019 tras la entrada en concurso de acreedores y posterior liquidaci¨®n de las concesionarias privadas que se adjudicaron su construcci¨®n y gesti¨®n.

Las concesiones estaban sujetas a unas previsiones de tr¨¢fico para que las empresas recuperaran su inversi¨®n. Por si acaso, se introdujo una cl¨¢usula de salvaguarda ¡ªla llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n (RPA)¡ª, por la que el Estado se har¨ªa cargo de la gesti¨®n de las v¨ªas, compensando en su caso a las concesionarias por la inversi¨®n realizada en su construcci¨®n, si no se cumpl¨ªan esas expectativas. La crisis vaci¨® de autom¨®viles las autopistas de pago y dej¨® en papel mojado las previsiones. Las concesionarias, en las que participaban todas las grandes constructoras (Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL, Isolux Cors¨¢n, Comsa, Sando, Azvi, Europistas, Budimex, Globalv¨ªa y Ploder, entre otras), quebraron dejando un pufo considerable a las cajas de ahorro y los bancos que les hab¨ªan prestado el dinero. Los fondos de inversi¨®n adquirieron a las entidades financieras a precio de saldo esa deuda y ahora pleitean contra el Estado, al que reclaman hasta 4.500 millones en compensaciones. El problema para las arcas p¨²blicas (el contribuyente, al fin y al cabo) es que los tribunales, por el momento, le est¨¢n dando la raz¨®n a los acreedores privados.

En 2021, el Ejecutivo cifr¨® en 1.021 millones de euros el rescate de esas nueve autopistas, importe resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todav¨ªa requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administraci¨®n se haga cargo de futuros pagos. La m¨¢s elevada es la de la AP-36 Oca?a-La Roda (Albacete), que asciende a 320 millones de euros, aunque el Estado ya pag¨® 411 millones en una primera resoluci¨®n provisional; la RPA de la Circunvalaci¨®n de Alicante, asciende a 308 millones; y la de Cartagena-Vera, 283 millones de euros. Ya en Madrid, el coste del rescate de las Radiales 3 y 5, ideadas para descongestionar el tr¨¢fico en las autov¨ªas de Valencia y Extremadura, asciende a 119 millones; el de la AP-41 a Toledo, a 53 millones; y el de la M-12 al Aeropuerto de Madrid-Barajas, a 46 millones de euros. Por el momento, el de la R-4 es de cero euros, dado que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura. Queda por fijar la RPA de la R-2

Cascada de sentencias

El dilema es que desde entonces el Tribunal Supremo en varias sentencias ha tumbado parcialmente la f¨®rmula que se aprob¨® para calcular esas liquidaciones, por lo que la factura total podr¨ªa disparar esta cifra. Se trata de nueve sentencias que estiman parcialmente las pretensiones de las empresas, siete de ellas como respuesta a los recursos presentados por las siete concesionarias de las nueve carreteras, otro presentado directamente por Sacyr, ACS e Iberpistas (Abertis) y un ¨²ltimo de Bankia, que tambi¨¦n form¨® parte de una concesi¨®n.

En varios de esos fallos, se se?ala que no se podr¨¢ minorar del importe a pagar a las empresas el 25% abonado por la Administraci¨®n a los expropiados o se estimar¨¢ como inicio de la amortizaci¨®n el d¨ªa en que la v¨ªa se puso en servicio o en el que se inici¨® el cobro de peajes. Tambi¨¦n se tendr¨¢ en cuenta que las inversiones realizadas por el Estado para poner a punto las carreteras rescatadas nunca har¨¢n alusi¨®n al estado en el que estaban cuando se abrieron, sino en el que se encontraban cuando se procedi¨® a su liquidaci¨®n.

No es este el ¨²nico rev¨¦s para la Administraci¨®n. El mismo Tribunal Supremo, en una sentencia del 18 de mayo, estim¨® el recurso de Deutsche Bank contra la resoluci¨®n inicial y complementaria de la RPA de la AP-36, de la que la entidad alemana es acreedora, y ha ordenado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a que recalcule la cuant¨ªa reconocida oficialmente de compensaci¨®n. El resto de acreedores de las otras autopistas rescatadas puede apoyarse en este fallo para exigir que se revisen tambi¨¦n con urgencia las liquidaciones provisionales que les corresponden.

Mientras se dirime el conflicto en los tribunales, la factura de estas infraestructuras fallidas sigue hinch¨¢ndose al estar ahora bajo el paraguas de la empresa p¨²blica Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) del Mitma, encargada de su conservaci¨®n. Esta sociedad ha licitado el pasado mes de julio obras en total de 700 kil¨®metros por 157 millones de euros en las nueve obras expropiadas. Y deber¨¢ seguir invirtiendo en su mantenimiento en los pr¨®ximos a?os, porque el Consejo de Ministros aprob¨® a finales de 2022 dejar en manos de SEITT la gesti¨®n directa de las autopistas revertidas al Estado hasta finales de diciembre de 2032.

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