El Gobierno baraja permitir la entrada del grupo saud¨ª STC en Telef¨®nica con estrictas condiciones

El presidente Pedro S¨¢nchez ha dejado muy claro que la operaci¨®n saud¨ª para comprar casi el 10% de Telef¨®nica est¨¢ siendo sometida a un intenso escrutinio del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo apuntan que lo m¨¢s probable es que se acabe autorizando, pero con unos l¨ªmites estrictos, que incluso podr¨ªan hacerla inviable. La vicepresidenta segunda y l¨ªder de Sumar, Yolanda D¨ªaz, ya hab¨ªa pedido que se impida al grupo STC que tenga voz y voto en el consejo de la empresa espa?ola. S¨¢nchez no ha sido tan claro, pero en un acto en la CEOE, un lugar simb¨®lico para tocar esta cuesti¨®n, el presidente ha hablado por primera vez de la operaci¨®n y de sus palabras se deduce que la est¨¢n mirando con lupa para ponerle condiciones muy estrictas. ¡°El l¨ªmite a la inversi¨®n extranjera es la protecci¨®n de nuestros leg¨ªtimos intereses nacionales¡±, ha resumido.

En primer lugar, S¨¢nchez ha abierto la puerta a la inversi¨®n extranjera, incluida la saud¨ª, que ya est¨¢ presente en varios sectores en Espa?a como la de otros pa¨ªses del Golfo. La gran preocupaci¨®n del Ejecutivo es que rechazar de plano la operaci¨®n pudiera ahuyentar a otros inversores internacionales. ¡°Quiero se?alar que el inter¨¦s de los grandes inversores por Espa?a siempre es una buena noticia, porque demuestra que nuestro pa¨ªs cuenta con un tejido de empresas de primer nivel y gran potencial¡±, ha arrancado el presidente. Pero enseguida han surgido las cautelas y los avisos a los saud¨ªes. ¡°El Gobierno cuenta con mecanismos para proteger la soberan¨ªa. La legislaci¨®n espa?ola es una de las m¨¢s rigurosas de Europa. Todo ello de forma alineada y coherente con las directrices que emanan de la Uni¨®n Europea. El Gobierno est¨¢ analizando la operaci¨®n. Garantizaremos que en todo momento est¨¦n a salvo la defensa y la seguridad nacional, y que no trascienda los l¨ªmites de una influencia indebida¡±, ha rematado S¨¢nchez.

Preocupaci¨®n por las represalias

El Gobierno se reserva un bot¨®n nuclear para detener la operaci¨®n si esta toma unos derroteros que no le gustan. Dispone de una legislaci¨®n, el art¨ªculo 7 de la Ley 19/2003, que le permitir¨ªa suspender, casi a voluntad y sin ning¨²n l¨ªmite, la entrada de los saud¨ªes en el capital de Telef¨®nica. Este art¨ªculo no se ha usado nunca y debe argumentarse muy bien jur¨ªdicamente para evitar que m¨¢s adelante se tumbe en los tribunales.

Se trata del as en la manga que se guarda el Ejecutivo. Sin embargo, existe un problema de reciprocidad: se teme que si se veta la operaci¨®n, los saud¨ªes puedan tomar represalias con los contratos de empresas espa?olas, sobre todo de defensa. Compa?¨ªas como Navantia, Maxam o las constructoras espa?olas podr¨ªan verse golpeadas. As¨ª que lo m¨¢s probable es que, seg¨²n fuentes conocedoras, el Gobierno decida dar la autorizaci¨®n con condiciones, igual que sucedi¨® con la entrada de los australianos de IFM en Naturgy. Esa operaci¨®n se condicion¨® al mantenimiento de la actividad nacional, el empleo, una pol¨ªtica de dividendos prudente y el apoyo a las inversiones renovables. Esta es la opini¨®n por la que se inclina una parte del Ejecutivo. Con los australianos las exigencias fueron pactadas. Ahora no est¨¢ claro si ser¨ªa posible negociar con los saud¨ªes o si ser¨ªan una imposici¨®n del Gobierno, lo que podr¨ªa poner en riesgo la operaci¨®n.

En cualquier caso, fuentes gubernamentales subrayan que todav¨ªa hay que estudiar en profundidad la operaci¨®n y que se est¨¢ dando tiempo al an¨¢lisis del Ministerio de Defensa. ¡°Solo nos pronunciaremos cuando dispongamos de todos los detalles. Se busca un equilibrio entre incentivar la inversi¨®n extranjera y que no te compren empresas a precios baratos¡±, explica una fuente del Ejecutivo.

En un principio los departamentos econ¨®micos del Gobierno consideraban que la entrada de la saud¨ª STC podr¨ªa ser una mera operaci¨®n financiera en una compa?¨ªa como Telef¨®nica que precisa reforzarse. No obstante, al mismo tiempo exist¨ªa mucha preocupaci¨®n porque Sumar y el resto de los socios de investidura pudieran orquestar un revuelo medi¨¢tico que obligara a actuar al tratarse de una inversi¨®n controlada por un Estado con dudosas credenciales. Adem¨¢s, la forma en que se comunic¨®, sin avisar al Ejecutivo, ha levantado importantes suspicacias y molestado al Gobierno.

Tambi¨¦n despierta recelos el paralelismo que se ha trazado con Vodafone, donde la operadora de Emiratos Etilsat entr¨® de una forma muy parecida y ha acabado dando un vuelco a la direcci¨®n de la compa?¨ªa. En ning¨²n caso se quiere la p¨¦rdida de una empresa emblem¨¢tica como Telef¨®nica.

La operaci¨®n de los saud¨ªes ha sido cuidadosamente dise?ada para saltarse los dos principales escollos que le puede plantear la legislaci¨®n espa?ola, un escudo antiopas que fue reforzado con la pandemia a fin de evitar que empresas de otros pa¨ªses pudieran aprovechar las ca¨ªdas en Bolsa para quedarse a precios de saldo con las multinacionales espa?olas. Uno es el l¨ªmite del 10% a la compra del capital. De ah¨ª que STC solo haya anunciado la adquisici¨®n del 9,9% y que no tiene intenci¨®n de tomar el control de la teleco espa?ola. El otro es una barrera del 5% del capital, a partir de la cual se activa la necesidad de una autorizaci¨®n previa de Defensa en la que se determina si la operaci¨®n pone en riesgo los intereses nacionales. En este punto, Telef¨®nica s¨ª que tiene contratos con el ministerio para las redes 5G de las Fuerzas Armadas, las telecomunicaciones de Defensa y la ciberdefensa, entre otros.

La propia Yolanda D¨ªaz admit¨ªa en sus primeras declaraciones que hab¨ªa que reforzar las herramientas para poder intervenir. Sin embargo, hay otra v¨ªa mucho m¨¢s poderosa de la que el Gobierno se sabe poseedor, pero de la que nunca se ha hecho uso.

La Ley 19/2003 declara la libertad de movimientos de capitales y de transacciones con otros pa¨ªses de acuerdo con los tratados de la UE. Sin embargo, se?ala en su art¨ªculo 7 que el Gobierno puede suspender este r¨¦gimen de liberalizaci¨®n cuando las operaciones o negocios puedan afectar, aunque solo sea de modo ocasional, el ejercicio del poder p¨²blico, la defensa nacional, el orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica y la salud p¨²blica.

La palabra ocasional implica que no hace falta siquiera que afecte ahora. Podr¨ªa bastar con el riesgo para invocarla. Es por tanto mucho m¨¢s fuerte legalmente que el informe de Defensa y se extiende a cualquier ¨¢mbito de los poderes del Estado. El problema es que no se ha usado nunca, se desconoce c¨®mo activarlo y bajo qu¨¦ procesos. Y hay que evitar un varapalo judicial en el futuro. Por esa raz¨®n, es imprescindible que, en el supuesto de usarlo, se justifiquen muy bien los motivos. Los tribunales no permitir¨ªan una utilizaci¨®n indiscriminada de esta legislaci¨®n.

En este sentido, los expertos apuntan a una sentencia europea que puso algunos l¨ªmites al empleo de este mismo art¨ªculo en Francia debido a que puede ser contrario a la libertad de capitales establecida en el derecho de la Uni¨®n. Este dictamen explica que, al ser una norma tan ambigua, podr¨ªa ser desproporcionada en tanto que el inversor necesita saber de antemano qu¨¦ autorizaciones necesita. En concreto, era una solicitud de la Iglesia de la Cienciolog¨ªa de que se eliminase la autorizaci¨®n previa para invertir, y la Corte europea indic¨® que no se pod¨ªa alegar el orden p¨²blico con fines puramente econ¨®micos.

Desde entonces abunda la jurisprudencia en este sentido: la justicia europea ha tratado de encontrar un equilibrio entre las razones imperiosas de estrategia nacional y la libertad de empresa. Pero diversas fuentes jur¨ªdicas creen que esta l¨ªnea doctrinal podr¨ªa cambiar mucho ahora. En un contexto en el que la autonom¨ªa estrat¨¦gica est¨¢ cobrando tanta importancia tras la pandemia y la guerra de Ucrania, el Tribunal de Luxemburgo probablemente se muestre bastante m¨¢s indulgente con las intervenciones por patriotismo econ¨®mico. De hecho, la UE ya ha anunciado una nueva estrategia de seguridad econ¨®mica que, entre otras cosas, busca dotar a la Uni¨®n de los mismos instrumentos de los que ya disponen en esta materia pa¨ªses como Estados Unidos y China.

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