Los empresarios catalanes exigen en bloque un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica

La mejora de la financiaci¨®n auton¨®mica es desde hace muchos a?os una de las piezas m¨¢s preciadas para los empresarios en Catalu?a, entendida como una de las f¨®rmulas que podr¨ªa calmar los ¨¢nimos pol¨ªticos en la comunidad aut¨®noma. Ahora una veintena de organizaciones econ¨®micas y empresariales, en un gesto de unanimidad que no se recuerda en material fiscal, se han unido para exigir ¡°una reforma ambiciosa¡±, con tres propuestas, a las que ha tenido acceso EL PA?S, sin cifras que van desde una ¡°profunda¡± mejora del actual sistema a un pacto fiscal.

El momento no es casual. El president de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, tiene intenci¨®n de presentar este mes de marzo su propuesta de financiaci¨®n singular, que pact¨® negociar con el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez durante su ¨²ltima investidura. Y el PSC est¨¢ elaborando tambi¨¦n un documento para acabar de fijar su posici¨®n en el debate. Instituciones del peso de la C¨¢mara de Comercio de Barcelona ¨Dque ha liderado los trabajos seg¨²n diversas fuentes consultadas¨D, el C¨ªrculo de Econom¨ªa o las patronales Foment del Treball y Pimec rubrican la petici¨®n conjunta (que previsiblemente se oficializar¨¢ este martes), que muestra el apoyo a las formaciones catalanas y, sobre todo, mete presi¨®n a La Moncloa, que tiene pendiente ese debate desde hace al menos 10 a?os y que ahora lo tiene complicado por el predominio auton¨®mico del PP.

Las entidades no han fijado una propuesta concreta como preferida, pero marcan como m¨¢ximos el pacto fiscal del que disfrutan Pa¨ªs Vasco y Navarra. Es decir, Catalu?a podr¨ªa administrar y recaudar todos los tributos que se pagan en la comunidad, acabando con la participaci¨®n en la cesta de impuestos actual y los tres fondos que acaban definiendo el reparto. Los firmantes del documento consideran que ese sistema, que ya fue demandado por Artur Mas en octubre de 2012 cuando era presidente antes del inicio del proceso independentista, obligar¨ªa a la Generalitat a hacer una gesti¨®n responsable y a asumir un mecanismo de solidaridad.

El pacto fiscal es tambi¨¦n la base de lo que anhela el Govern, como parte para resolver el repetido d¨¦ficit fiscal: la diferencia de recursos que se pagan en Catalu?a como impuestos y los que vuelven, ya sea en forma de transferencias para los Presupuestos, gastos de la Administraci¨®n central en Catalu?a o inversiones en infraestructuras. Seg¨²n los ¨²ltimos c¨¢lculos de la Generalitat, ese agujero fue de casi 22.000 millones de euros, el equivalente al 9,6% del PIB, que la consejera Nat¨¤lia Mas ha calificado de ¡°castigo¡±.

El otro modelo m¨¢s ambicioso que han puesto en el radar las instituciones es el federal, utilizado en Estados Unidos, que se abrir¨ªa al resto de territorios. Estado y comunidades aut¨®nomas compartir¨ªan ingresos, pero el gran cambio respecto al modelo actual es que los gobiernos regionales contar¨ªan con los recursos que ingresan el mismo a?o, sin esperar al sistema de adelantos y liquidaciones posteriores para equilibrar previsiones e ingresos reales que caracterizan al actual modelo de financiaci¨®n.

Un reparto m¨¢s claro de los recursos

La tercera gran opci¨®n es actualizar el modelo actual, con un reparto m¨¢s claro de los recursos entre comunidades y asegurando su autonom¨ªa financiera, adem¨¢s de capacidad de gesti¨®n tributaria. Los empresarios consideran que las comunidades deber¨ªan tener mayor participaci¨®n en los impuestos estatales, que en definitiva representan el grueso de sus ingresos a trav¨¦s del modelo de financiaci¨®n.

En el caso de Catalu?a, es del 84%. Pero en el fondo, lo que hay detr¨¢s de la demanda es mayor claridad y dotar de mayor capacidad para conocer los recursos con los que se contar¨¢n antes de cada ejercicio. Por ejemplo, reformar o finiquitar el modelo de adelantos a cuenta del sistema de financiaci¨®n. Pero, sobre todo, acabar con los tres fondos de reparto existentes actualmente, que acaban desvirtuando los criterios generales de reparto.

Las organizaciones econ¨®micas y empresariales firmantes, entre las que tambi¨¦n se encuentran el lobby FemCat, el club automovil¨ªstico RACC o el Colegio de Economistas de Catalu?a, se ponen al lado de la Generalitat en una de sus reivindicaciones hist¨®ricas: el respeto al principio de ordinalidad, incluido adem¨¢s en el Estatuto de Autonom¨ªa. Es decir, que una comunidad aut¨®noma no pueda superar a otra en la clasificaci¨®n de ingresos disponibles per c¨¢pita despu¨¦s de producirse la redistribuci¨®n de recursos a partir de los mecanismos de solidaridad.

Cada verano, el Departamento de Econom¨ªa y Finanzas repite el mismo ejercicio: toma los datos de la liquidaci¨®n del ¨²ltimo ejercicio publicado y calcula cu¨¢ntos euros aport¨® a la caja com¨²n de promedio cada catal¨¢n y cu¨¢ntos acab¨® recibiendo ¡ªde hecho, lo hace para todas las comunidades aut¨®nomas¡ª. En 2021, por ejemplo, y siempre seg¨²n sus c¨¢lculos, aport¨® al sistema com¨²n 3.153 euros y recibi¨® 2.848. Es decir, siendo la tercera comunidad que m¨¢s aporta, despu¨¦s de la redistribuci¨®n queda en la d¨¦cima posici¨®n. Es un problema que padecen tambi¨¦n Baleares y Madrid.

Desde que se aprob¨® el actual modelo, solo se ha cumplido ese demandado principio de ordinalidad en una ocasi¨®n, en 2009. Y las instituciones empresariales que ahora se suman a la reivindicaci¨®n consideran que ese desajuste no es equitativo y que condiciona las mejoras de la actividad econ¨®mica de las comunidades m¨¢s ricas. Hay otro elemento m¨¢s novedoso que esta propuesta exige incluir en los fondos de redistribuci¨®n, que actualmente se fijan b¨¢sicamente en cuestiones de poblaci¨®n o insularidad. Se trata de las diferencias del coste de la vida, al considerar que ese elemento acaba impactando como una p¨¦rdida de renta familiar disponible real.

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