El Defensor del Pueblo pide garantizar la competencia bancaria en las zonas despobladas

Garantizar la competencia entre operadores, incluso en las zonas despobladas, declarar la operativa bancaria b¨¢sica como servicio econ¨®mico de inter¨¦s general y mantener oficinas y cajeros en aquellas zonas donde se considere necesario por motivos geogr¨¢ficos u otras razones. Estas son algunas de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo plasma en su ¨²ltimo informe Retos de la inclusi¨®n financiera, publicado este jueves en plena tormenta por la opa hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Sabadell, que dejar¨ªa a la entidad de origen bilba¨ªno como la ¨²nica con oficina bancaria en hasta 48 c¨®digos postales.

Aunque la bancarizaci¨®n en Espa?a sea casi total ¡ªel 98% de los adultos son titulares de una cuenta¡ª, como en el resto de las econom¨ªas desarrolladas, todav¨ªa hay colectivos que no cuentan con este servicio. Son alrededor de 700.000 personas, que deben gestionar sus recursos por otros medios, ¡°en algunos casos a trav¨¦s de canales no oficiales, o acudiendo a la intermediaci¨®n¡± de terceros, en ambos casos soluciones que ¡°plantean problemas y desaf¨ªos pr¨¢cticos¡±, adem¨¢s de favorecer ¡°la invisibilizaci¨®n de estas personas¡±, alerta el Defensor del Pueblo. A la luz de estos datos, reclama una v¨ªa para que cualquiera pueda acceder a una cuenta bancaria, y pide que la apertura de una cuenta no dependa de condiciones complementarias o de la suscripci¨®n de contratos asociados, ya que estos requisitos tambi¨¦n suponen un obst¨¢culo para las rentas m¨¢s bajas o irregulares.

El sector bancario espa?ol, adem¨¢s, est¨¢ muy concentrado, y tras la crisis financiera de 2008 la red bancaria presencial se contrajo a pasos agigantados. Las oficinas se redujeron un 58% hasta 2021, con el resultado que la ratio por cada 1.000 habitantes pas¨® de 1 sucursal a 0,41. La otra cara de la moneda ha sido la disminuci¨®n en el n¨²mero de cajeros disponibles y su concentraci¨®n en zonas muy densamente pobladas y con mucho tr¨¢nsito. Seg¨²n un estudio de Joaqu¨ªn Maudos y Carlos Albert, hab¨ªa 17.648 sucursales operativas a finales de 2022, un 7% menos con respecto al a?o anterior. Los cajeros eran 45.233. En este caso, el ritmo de cierre fue de un 5% interanual. ¡°De acuerdo con los datos aportados, 2.797 municipios carec¨ªan en dicha fecha de puntos de acceso presencial, aunque tal cifra se habr¨ªa reducido en 433 municipios respecto de la del a?o precedente¡±, recoge el Defensor.

Esta tendencia ha ido emparejada a un bum de la operativa digital. Una revoluci¨®n de la cual, sin embargo, se quedan excluidos algunos grupos poblacionales. Los m¨¢s vulnerables, seg¨²n el organismo, son los m¨¢s mayores, pero tambi¨¦n los colectivos que tienen dificultad de acceso por limitaciones sensoriales, por ejemplo con dificultades visuales, o culturales, por ser extranjeros y carecer de los papeles requeridos por las entidades, as¨ª como los habitantes de las zonas rurales.

Por esta y otras razones, la instituci¨®n presidida por ?ngel Gabilondo recomienda que el servicio bancario sea declarado servicio econ¨®mico de inter¨¦s general. Esta clasificaci¨®n obliga a que el operador preste el servicio. Para hacerlo puede contar con el apoyo o no del Estado, y el informe recomienda que, de aplicarse compensaciones, se pondere el coste que supuso, en su momento, el rescate p¨²blico de varias entidades bancarias durante la Gran Recesi¨®n. Asimismo, pide que se establezca d¨®nde, ¡°por motivos geogr¨¢ficos o por la detecci¨®n de necesidades que requieran de atenci¨®n individualizada¡±, se deba garantizar la existencia de oficinas presenciales y de cajeros, y asegurar que tambi¨¦n en estas zonas se ¡°salvaguarde la competencia¡±, hasta con modelos multimarca si esta es la ¨²nica manera para garantizar la concurrencia entre operadores.

El Defensor del Pueblo tambi¨¦n recomienda crear una autoridad de defensa del cliente financiero, revisar las disposiciones sobre infracciones y sanciones aplicables a la denegaci¨®n o cancelaci¨®n de las cuentas de pago b¨¢sicas y reforzar la capacidad del Banco de Espa?a para monitorizar la calidad de la atenci¨®n a la cliente. A la vez, sugiere que el supervisor cree una comisi¨®n de seguimiento de la lucha contra la exclusi¨®n financiera y que se constituya un grupo de trabajo que determine si Correos y Tel¨¦grafos pueden prestar servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, empresas a las que, adem¨¢s, pide adoptar medidas para aumentar la capacidad de atenci¨®n en el mundo rural y en las zonas m¨¢s despobladas.

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