Bancos y energ¨¦ticas quieren escaquearse de pagar impuestos

Imagine que las personas m¨¢s ricas de un pueblo no quisieran aportar al sostenimiento de los gastos comunes del ayuntamiento como el alumbrado, la recogida de basuras, los gastos de organizaci¨®n del mercado de los domingos, las fiestas patronales, etc. Y esto a pesar de ser los m¨¢s beneficiados de la existencia del pueblo, pues venden en su mercado la producci¨®n de la tierra agr¨ªcola y ganader¨ªa que poseen y explotan en sus alrededores, y son propietarios adem¨¢s de gran parte de los comercios ubicados en la plaza mayor. Los habitantes del pueblo reclamar¨ªan a su alcalde que impidiera este escaqueo en el pago de impuestos y acabara con este ataque al sentido com¨²n. Los ricos argumentar¨ªan que ellos generan mucho empleo en sus tierras de labranza, ganader¨ªas y tiendas del que se benefician los lugare?os, que ya pagan muchos impuestos estatales y que si les obligan a tributar se llevar¨¢n el molino que pensaban construir al pueblo de al lado, donde el alcalde s¨ª es favorable a suprimir los impuestos a los empresarios ricos.

Este pueblo imaginario se parece a Espa?a donde las corporaciones del oligopolio bancario y energ¨¦tico, al igual que los ricos del pueblo, se quieren escaquear tambi¨¦n del pago de impuestos y con ello del sostenimiento de la sociedad espa?ola, de la sanidad, educaci¨®n y dem¨¢s servicios e infraestructuras p¨²blicas, a pesar de que consiguen beneficios millonarios gracias a su existencia y a la organizaci¨®n social que posibilitan. Seg¨²n las ¨²ltimas cuentas consolidadas del impuesto sobre sociedades para 2022 publicadas por la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria, el tipo efectivo sobre beneficios pagado por los grandes grupos financieros y energ¨¦ticos es inferior al 3%. Los registros tributarios muestran que estas empresas no aportan pr¨¢cticamente nada al sostenimiento de lo com¨²n. Sus dotados departamentos especializados en ingenier¨ªa fiscal logran vaciar el impuesto de contenido aprovechando todos sus agujeros.

Una de estas empresas, cuyo origen son activos de propiedad p¨²blica que fueron incomprensiblemente privatizados, ha amenazado adem¨¢s a la sociedad espa?ola con llevarse inversiones a otros pa¨ªses si se mantienen los grav¨¢menes que se introdujeron a finales de 2022, aprovechando los escandalosos beneficios adicionales que les gener¨® la guerra de Ucrania. Los grav¨¢menes han permitido que, por primera vez en muchos a?os, la gran banca y las corporaciones energ¨¦ticas aportaran algo al erario p¨²blico; en concreto, en 2023 unos 1.200 millones en el primer caso y m¨¢s de 1.600 millones en el segundo. Esto supone que ni siquiera con el gravamen, el tipo efectivo sobre beneficios de estos grandes grupos alcanza el 10%, apreciablemente por debajo del 18% que pagan las peque?as empresas, aunque algo es algo si lo comparamos con su magra contribuci¨®n previa. En consecuencia, transformar los grav¨¢menes en permanentes es crucial para asegurar una distribuci¨®n m¨¢s justa de los impuestos entre contribuyentes y el Gobierno no deber¨ªa rendirse ante ning¨²n chantaje fiscal.

Junto a su continuidad hay que asegurar tambi¨¦n su solvencia jur¨ªdica para que no sean tumbados por los tribunales como ha ocurrido con m¨²ltiples medidas de la era del ¡°eficiente¡± Ministro Montoro: ventas minoristas, canon de aguas, tarifa auton¨®mica de Hidrocarburos, RDL 2 y 3 de 2016. Precisamente, transformar los grav¨¢menes, que son exacciones indirectas, en impuestos directos podr¨ªa incurrir en doble imposici¨®n incluso aunque ¨¦sta se aten¨²e deduciendo parte de la cuota pagada en el impuesto sobre sociedades. Mejor no hacer experimentos fiscales en el alambre que se conviertan en la desagradable sorpresa de tener que devolver lo recaudado dentro de unos a?os. Lo prudente es mantener los grav¨¢menes tal y como est¨¢n actualmente, con alg¨²n retoque, como incorporar la actividad regulada a la base del gravamen sobre las empresas energ¨¦ticas y sumar a todas las entidades de cr¨¦dito en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n del gravamen a la banca.

Tampoco es prudente que el principal promotor de la transformaci¨®n de los grav¨¢menes en impuestos sea una hacienda territorial con recursos por encima de la media, que aumentar¨¢ con el traspaso esa distancia y podr¨¢ incluso incrementarla a¨²n m¨¢s, gracias a la nueva capacidad normativa que ganar¨¢ y que le podr¨ªa permitir hacer un dise?o diferente del impuesto que animara una mayor localizaci¨®n de la actividad de estos grandes grupos empresariales en su territorio. El resultado ser¨ªa un porcentaje de participaci¨®n en la recaudaci¨®n total por encima de su peso en la actividad, como ya sucede en el Impuesto de Transacciones Financieras. Esta privatizaci¨®n territorial de los ingresos p¨²blicos se quiere hacer, adem¨¢s, en un momento cr¨ªtico para el conjunto del pa¨ªs, en el que crece exponencialmente la exigencia de nuevos ingresos en el presupuesto estatal para hacer frente a la consolidaci¨®n fiscal impuesta desde la UE, a las importantes devoluciones pendientes a mutualistas y grandes empresas, y a la necesidad de seguir ampliando derechos sociales.

Fuerzas territoriales han propuesto, asimismo, rebajar el impuesto a las energ¨¦ticas o incluso que desaparezca. A esto ¨²ltimo se ha plegado una parte del Gobierno. Pero dejando a un lado esta medida extrema, la menos radical tambi¨¦n es problem¨¢tica. En efecto, descontar una parte de las inversiones estrat¨¦gicas del impuesto sobre las energ¨¦ticas, como se ha llegado a proponer, supone subvencionar inversiones que ya se est¨¢n ejecutando sin necesidad de ning¨²n incentivo fiscal, pues se trata de inversiones cr¨ªticas para la supervivencia de estas compa?¨ªas y no llevarlas a cabo conducir¨ªa a su desaparici¨®n. El motivo es que muchas de estas grandes corporaciones son campeonas en contaminar nuestro planeta y si no se transforman en empresas verdes desaparecer¨¢n. La extorsi¨®n a la que quieren someternos con la amenaza de deslocalizar inversiones no debe ser aceptada. Nuestra democracia y su Estado cuentan con instrumentos suficientes para responder a este chantaje.

Tambi¨¦n se ha propuesto introducir una rebaja en el impuesto a la banca. El promotor en este caso no es un partido pol¨ªtico sino el Banco de Espa?a que, nuevamente, vuelve a anteponer los intereses de los bancos que regula al inter¨¦s general del que depende. El regulador, habitualmente preocupado en sus informes por la sostenibilidad de las cuentas p¨²blicas, promueve ahora que los bancos contribuyan para este fin menos que el resto de empresas y ciudadanos y para ello propone que el resto de contribuyentes terminen sufrag¨¢ndole al sector bancario parte de su riesgo asegur¨¢ndole as¨ª un nivel de rentabilidad tambi¨¦n durante las crisis. Un caso m¨¢s de captura del regulador, pues cuando el actual Gobernador era presidente de la AIReF, no ten¨ªa ninguna duda en recomendar un impuesto sobre la actividad bancaria similar al gravamen actual.

Espa?a cuenta con espacio fiscal para hacer frente a los importantes retos de futuro, pues todos los a?os el sector p¨²blico deja de ingresar 80.000 millones debido a que nuestro nivel de contribuci¨®n fiscal no llega ni a la media de la Eurozona, o 160.000 millones si nos comparamos con los pa¨ªses n¨®rdicos. Mejorar la suficiencia de ingresos p¨²blicos debe ir acompa?ada, asimismo, por un reparto m¨¢s justo de las contribuciones. Los grav¨¢menes a la banca y a las energ¨¦ticas punt¨²an alto en estos dos objetivos dado el elevado grado de escaqueo de estas empresas en el pago de impuestos. Los ciudadanos no entender¨ªan que los descafein¨¢ramos o, peor a¨²n, que los dej¨¢ramos caer.