WWF calcula que 30.000 toneladas de frutos rojos de cultivos ilegales en Huelva se comercializar¨¢n en Europa

Unas 30.000 toneladas de frutos rojos cultivados procedentes de los invernaderos ilegales de Huelva se vender¨¢n en los mercados europeos este invierno, seg¨²n c¨¢lculos de la organizaci¨®n ecologista WWF. La estimaci¨®n supone el 9,5% de la producci¨®n agr¨ªcola de fresas, ar¨¢ndanos, frambuesas y moras del a?o pasado, que alcanz¨® las 313.344 toneladas por un valor de 1.067 millones, seg¨²n datos de la patronal del sector, Freshuelva.

Las fincas ilegales de esta provincia andaluza ocupan 1.180 hect¨¢reas, que son regadas con seis millones de metros c¨²bicos de agua, una cantidad equivalente a unas 2.400 piscinas ol¨ªmpicas. Al margen de la sequ¨ªa sufrida durante los ¨²ltimos a?os, el problema afecta al parque nacional de Do?ana porque los frutos rojos son regados con pozos ilegales que extraen agua del acu¨ªfero de la reserva, muy pr¨®xima a estas fincas que esquilman el agua subterr¨¢nea hasta secar muchos humedales cada temporada. Las Administraciones, tanto la estatal a trav¨¦s de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, como la regional, la Junta de Andaluc¨ªa, tienen dotaciones de agentes medioambientales cuyos medios no consiguen atajar este problema que de manera c¨ªclica supone una competencia desleal para los agricultores que se ajustan a la ley, resalta WWF.

?Por qu¨¦ se siguen comercializando estas fresas plantadas en fincas ilegales? A pesar de que los polic¨ªas del agua multan a los agricultores incumplidores y luego se promueven procesos judiciales contra ellos, la justicia es muy lenta y dado que el beneficio econ¨®mico logrado con las cosechas de frutos rojos, que recogen los temporeros con salarios reducidos, es muy elevado y la ilegalidad compensa. Cada bracero suele cobrar unos 50 euros por seis horas y media de trabajo seis d¨ªas a la semana. Tanto el sector de la distribuci¨®n como las cadenas europeas y nacionales de supermercados han intentado en el pasado imponer sellos que exijan la trazabilidad del agua y el origen legal de las tierras, pero las producciones al margen de la ley siguen presentes en el mercado, en torno al 10% de la producci¨®n.

La detecci¨®n de las 30.000 hect¨¢reas de producci¨®n agr¨ªcola ilegal se han llevado a cabo gracias a im¨¢genes satelitales y ortofotograf¨ªas a¨¦reas obtenidas por la organizaci¨®n ecologista. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir lanz¨® hace dos meses una nueva herramienta muy ¨²til para localizar a los agricultores piratas: ¡°Proporciona teledetecci¨®n en tiempo real, con actualizaci¨®n cada cinco d¨ªas, el tratamiento autom¨¢tico de las im¨¢genes en muy poco tiempo, aproximadamente dos minutos¡±, para as¨ª poder inspeccionar los bombeos de agua y clausurar las captaciones clandestinas, subraya el comunicado de WWF.

El Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica y la Junta de Andaluc¨ªa alcanzaron un acuerdo millonario el pasado invierno que buscaba eliminar los agricultores con fincas fuera de ordenaci¨®n, pero su traslaci¨®n del papel a la realidad es una ardua tarea, y de momento las fresas cultivadas en invernaderos ilegales son una realidad. Solo tres meses despu¨¦s del pacto, la Junta intent¨® reform¨® su ley forestal para poner una alfombra roja a los agricultores con frutos rojos en suelo forestal -y as¨ª legalizarlos-, pero ante el esc¨¢ndalo el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) ech¨® marcha atr¨¢s.

Los ecologistas piden, para poder salvar a Do?ana de la emergencia que sufre, que tanto la Junta como Transici¨®n Ecol¨®gica, act¨²en de manera contundente para multiplicar el cierre de pozos y precinto de hect¨¢reas ilegales, unas actuaciones que se suceden cada a?o pero que han demostrado su ineficacia a lo largo de las ¨²ltimas d¨¦cadas. ¡°Exigimos que se impida que las fresas cultivadas ilegalmente lleguen a los estantes de los mercados nacionales y europeos a partir de diciembre (¡­) Acabar con las ilegalidades en el uso del suelo y el agua es vital para que los incentivos que se contienen en el marco socioecon¨®mico para Do?ana del Gobierno central tengan utilidad¡±, subraya la organizaci¨®n ecologista.