El ministro Escriv¨¢ entra en la segunda fase
El titular de la cartera de Seguridad Social aborda la reforma inacabada de las pensiones con las espadas en todo lo alto
Se intu¨ªa que la propuesta que hiciera el ministro de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, para entrar en la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones iba a dejar indiferentes a muy pocos. Ni la patronal, ni los sindicatos y ni su compa?era de Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz, tardaron en descalificarla. No les gusta porque consideran unos (sindicatos y ministra) que es ¡°un recorte de derechos¡± y otros (los empresarios) que supone un aumento de las cotizaciones en las que las empresas se llevan la peor parte (el 80%).
Escriv¨¢ plantea el aumento del periodo para calcular la pensi¨®n de 25 a 30 a?os y el aumento de las cotizaciones. El ministro, que propone que el cambio se haga de manera progresiva entre 2027 y 2038, ha planteado calcular la pensi¨®n con los mejores 28 a?os de cotizaci¨®n dentro de un periodo total de 30 a?os (es decir, permite descartar las 24 peores mensualidades). A su entender, la propuesta ¡°protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales¡±.
Sostiene el departamento que la reforma, que supone una rebaja sobre la inicialmente prevista (se barajaban 35 a?os), ser¨¢ neutra en t¨¦rminos de gastos, lo que significa que tampoco supondr¨¢ ahorros. Y que tendr¨¢ efectos redistributivos, ya que lo que se recaude con el impacto que tenga en los trabajadores con carreras largas se perder¨¢ con la rebaja a perfiles m¨¢s vulnerables.
Escriv¨¢ ha emplazado a los agentes sociales para el 12 de diciembre. Es llamativo que haya tardado tanto en trasladar la propuesta despu¨¦s de la ¨²ltima vez que se reuni¨® con ellos, el 12 de septiembre, cuando el objetivo es acabar con un acuerdo antes de fin de a?o, plazo comprometido con Bruselas para poner en marcha la reforma, a la que est¨¢n vinculadas ayudas europeas del Fondo de Recuperaci¨®n en 2023.
F¨¢cil no va a ser. Las espadas parecen muy en alto. La inc¨®gnita est¨¢ en a qui¨¦nes beneficia m¨¢s, a qui¨¦nes menos y a qui¨¦nes perjudica, si los hay. En principio, los sindicatos (adem¨¢s de D¨ªaz y Unidas Podemos) consideran que es necesario que haya un destope de las cotizaciones y se cotice toda la masa salarial que se percibe, lo que implica una inyecci¨®n de ingresos y permitir¨ªa recaudar un 0,7% del PIB (10.000 millones) y no un 0,3% (4.000).
Para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que gan¨® las ¨²ltimas elecciones patronales recientemente apelando al di¨¢logo social aunque no a cualquier precio, la propuesta supone la primera acometida del nuevo mandato. A su juicio, no es sostenible y forzar¨ªa una p¨¦rdida de competitividad. De momento, ha adelantado que es ¡°un tema muy serio que obliga a los grupos pol¨ªticos a sentarse con responsabilidad y seriedad¡± en el seno del Pacto de Toledo. El dirigente se basa en la fuerte subida que se vislumbra para las cotizaciones sociales y que, seg¨²n los c¨¢lculos, las cotizaciones m¨¢ximas pasar¨ªan de 54.000 a 75.000 euros, mientras la pensi¨®n m¨¢xima lo har¨ªa de 42.000 a 45.000. El Gobierno plantea la posibilidad de vincular las bases m¨¢ximas de cotizaci¨®n a la revalorizaci¨®n de las pensiones (es decir, al IPC interanual entre noviembres) m¨¢s un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, siendo los Presupuestos de cada a?o los que fijen la subida de las bases m¨¢ximas. Si el IPC es negativo, solo se aplicar¨ªa el aumento de 1,154 puntos.
Asimismo, plantea que la pensi¨®n m¨¢xima suba seg¨²n la inflaci¨®n establecida de las pensiones contributivas y la pensi¨®n m¨ªnima el IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre m¨¢s un porcentaje adicional de 0,115 puntos. Es decir, la pensi¨®n m¨¢xima subir¨ªa igual que las cotizaciones con un desfase y, a partir de 2050, se establecer¨ªa el aumento adicional ¡°hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%¡± en el marco del di¨¢logo social.
Para los expertos la propuesta ayudar¨ªa a garantizar la viabilidad del sistema, pero no ser¨ªa suficiente y se concentrar¨ªa sobre un grupo determinado de trabajadores con salarios en tramos altos. Supondr¨ªa una fuerte subida de impuestos para un determinado tramo de renta sin que se traduzca en mayor pensi¨®n. Por otro lado, se pretende extender el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de 2032 hasta 2050. Este mecanismo, que es una a cotizaci¨®n adicional finalista para alimentar al fondo de reserva, supone una subida de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde enero para hacer sostenible la vinculaci¨®n de las pensiones con el IPC.
Los corros
- El BBVA gana en Chamartín. El fallo a favor del BBVA en el arbitraje sobre la Operación Chamartín planteado por sus socios (Merlin y Constructora San José, que controlan en torno al 24,5% conjuntamente) permite canalizar el desarrollo del interminable proyecto del norte de Madrid en el que se prevé construir 10.500 viviendas, varios rascacielos con oficinas y un gran centro de negocios. El banco que preside Carlos Torres Vila, propietario del resto del capital, había eliminado el derecho de tanteo y los otros socios protestaron. Tras la decisión, la oportunidad de participar en el negocio que se avecina se diluye bastante y el banco podrá vender a terceros.
- Se va un histórico de Renault y del coche. José Vicente de los Mozos, histórico de Renault y del sector automovilístico español, deja la presidencia de la filial española del grupo francés y la dirección industrial del grupo, así como el consejo de administración. De los Mozos, que ha presidido también la patronal de constructores Anfac y preside la Institución Ferial Madrileña (Ifema), entró de aprendiz en la empresa con 16 años y ha estado 43 en el grupo hasta llegar a dirigirlo. Le ha tocado, posiblemente, la etapa más transformadora, sobre todo por la adaptación de la cadena a la nueva movilidad.
- Las ‘start-ups’ ya tienen su ley. La ley de Fomento del Ecosistema de Empresa Emergentes, o sea, la ley de start-ups, recibió esta semana la aprobación definitiva en el Congreso de Diputados. Ha sido un largo periodo de desarrollo hasta llegar a la nueva normativa que regula el ecosistema emprendedor español y que ha sido recogido con muy buenas sensaciones por el sector y los inversores. Con esta ley se prevé un crecimiento de entre el 20% y el 25% en cinco años en el mundo del emprendimiento, según calcula Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
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