Cuando salir de casa es una odisea: atrapados por falta de accesibilidad

Cincuenta y seis escalones y cuatro pasillos separan el portal de la puerta del piso de Amparo Jim¨¦nez, en la calle de Clivia, en Madrid. Un edificio sin ascensor que hace que su familia no pueda hacer vida normal. Ni su marido, Jos¨¦ Mart¨ªnez, de 57 a?os, que sufre de la enfermedad pulmonar EPOC, con un 53% de discapacidad; ni su hijo, con una movilidad reducida y un 75% de discapacidad; ni su hija, con anemia degenerativa, que le causa fatiga y cansancio y un 37% de discapacidad; ni ella misma, Amparo, que sufre de operaciones de espalda. Para m¨¢s inri, la vivienda, de la que son inquilinos, es de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS, el antiguo Ivima).

En esa comunidad, ocho vecinos son propietarios y dos inquilinos en pisos que son de la AVS. ¡°Llevamos desde 2015 reclamando a la Comunidad de Madrid, y tambi¨¦n desde 2018 al Defensor del Pueblo, para que ponga un ascensor. Tras los requerimientos de este ¨²ltimo, en 2020 se pronunci¨® la AVS que pedir¨ªa presupuestos para su instalaci¨®n. Hasta hoy¡±, argumenta Amparo. ¡°Mientras, mi marido cada vez que regresa del hospital tiene que ir escal¨®n por escal¨®n poni¨¦ndose una medicaci¨®n de rescate, y cuando entra por la puerta se dirige directamente al balc¨®n porque casi no tiene ox¨ªgeno¡±, relata. ¡°Y aunque mi hijo vive con nosotros, ocasionalmente se muda a la casa de su pareja, que tiene ascensor, para evitar las escaleras¡±.

No es un caso aislado. Muchas personas con discapacidad han tenido que abandonar su casa por falta de accesibilidad, pr¨¢cticamente un 22% con movilidad reducida, que asciende al 31% en el caso de quienes se desplazan en silla de ruedas, seg¨²n el informe Accesibilidad y movilidad: mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, elaborado por la Fundaci¨®n Mutua de Propietarios. Otras 100.000 personas no tienen la posibilidad de buscar una alternativa y viven permanentemente encerradas en sus propias casas. La falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos econ¨®micos (55%) son las principales razones para no llevar a cabo este tipo de mejoras, apunta Laura L¨®pez, vicepresidenta ejecutiva de esta fundaci¨®n.

Otro estudio de Fotocasa calcula que un 38% de los espa?oles vive en viviendas poco accesibles. Seg¨²n el Real Decreto 1/2013, en diciembre de 2017 venc¨ªa el plazo para que todas las edificaciones, en su parte p¨²blica, permitieran el uso y el acceso de todas las personas. Siete a?os despu¨¦s, la situaci¨®n no ha mejorado, pese a las subvenciones existentes para la eliminaci¨®n de barreras.

¡°Aunque la ley es de obligado cumplimiento, las administraciones no tienen capacidad para controlar la efectiva adecuaci¨®n a la normativa de accesibilidad de los edificios existentes¡±, revela Elisa Entrena, miembro de la Comisi¨®n de Accesibilidad del Consejo General de la Arquitectura T¨¦cnica de Espa?a (CGATE). Una exigencia que normalmente se realiza a trav¨¦s del Informe de Evaluaci¨®n del Edificio, en aquellos municipios que lo tienen regulado, o bien cuando se plantean intervenciones de rehabilitaci¨®n integral o se act¨²a en las zonas comunes de las comunidades de propietarios.

Esta misma opini¨®n comparte Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe, la Confederaci¨®n Espa?ola de Personas con Discapacidad F¨ªsica y Org¨¢nica, para quien las administraciones no realizan un seguimiento ni act¨²an de oficio para garantizar su cumplimiento: ¡°No hay recursos, estrategia, ni instrumentos para ello¡±.

Adem¨¢s del Real Decreto 1/2013 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, hay otras normativas que cumplir en paralelo, como es la Ley de Propiedad Horizontal. ¡°Existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, ampar¨¢ndose en un coste excesivo¡±, razona Queiruga. Cocemfe lleva a?os proponiendo una reforma de esta ley para que los costes de las obras y actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 a?os sean asumidos en su integridad por las propias comunidades de vecinos, aunque exceda de las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas las subvenciones, como fija la norma.

Tambi¨¦n desde Famma, la Federaci¨®n de Asociaciones de Personas con Discapacidad F¨ªsica y Org¨¢nica de Madrid, su presidente, Javier Font, cree que en Espa?a se apuesta por construir viviendas accesibles para personas con discapacidad sobre el papel, pero la realidad es muy distinta. ¡°La Ley de Propiedad Horizontal es el gran obst¨¢culo que existe para desbloquear la situaci¨®n que viene castigando a millones de personas¡±, dice.

Mayores dificultades

No es un secreto que las dificultades m¨¢s importantes se encuentran en los accesos y las ¨¢reas comunes del edificio, pero el problema principal sigue siendo la falta de un ascensor. Aunque el perfil del ciudadano que vive en bloques de tres o m¨¢s alturas sin un elevador, y que representa al 10% de la poblaci¨®n, son personas mayores de 60 a?os, tambi¨¦n hay j¨®venes en viviendas m¨¢s c¨¦ntricas que deciden dejar el edificio sin ascensor en beneficio de una mayor comodidad, precisa Carmen Fern¨¢ndez, arquitecto t¨¦cnico con especialidad en accesibilidad. Y describe el caso de una persona con 45 a?os que resid¨ªa en un edificio de nueve viviendas distribuidas en tres plantas, que tras pasar la covid-19 le dej¨® importantes secuelas para la movilidad y respiraci¨®n. ¡°Tras diversas gestiones para instalar un ascensor, y ante las dificultades por la cantidad de casu¨ªstica que se daba entre los vecinos, decidi¨® mudarse¡±, relata.

Desde el a?o 2010 el C¨®digo T¨¦cnico de la Edificaci¨®n obliga a que todos los edificios residenciales, tanto de promoci¨®n p¨²blica como privada, sean accesibles en los accesos y en las zonas comunes (pasillos, garajes, jardines¡­), sin embargo, en lo referente a los proyectos de viviendas protegidas se programa un m¨ªnimo de un 4% de inmuebles accesibles.

¡°Ser¨ªa interesante ampliar esta obligatoriedad a cualquier tipo de promoci¨®n, aunque ser¨ªa m¨¢s pr¨¢ctico que los promotores de vivienda libre entiendan la necesidad que tiene la sociedad de este tipo de pisos accesibles y que se trata de iniciativas rentables, sin tener que recurrir siempre a la exigencia de la normativa¡±, opina Entrena.

Mientras, llevar a cabo actuaciones de accesibilidad (ascensor, rampa, salvar el escal¨®n del portal, abrepuertas motorizado¡­) tiene un precio. La barrera de 2.000 euros por hogar es el punto de inflexi¨®n para considerar probable o no la ejecuci¨®n de estas acciones, seg¨²n explica la Fundaci¨®n Mutua de Propietarios.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal