El plan de Musk contra la Administraci¨®n de EE UU fracasar¨¢

A cambio de ayudar a Donald Trump a ser reelegido presidente de EE UU gast¨¢ndose 130 millones de d¨®lares en su campa?a, y de convertir a X (antes Twitter) en su m¨¢quina de mensajes, Elon Musk se gan¨® la oportunidad de codirigir ¡ªjunto con Vivek Ramaswamy, otro donante importante¡ª un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Bautizado as¨ª por una criptomoneda que comenz¨® como una broma, el DOGE no ser¨¢ una agencia oficial. Pero, aunque su papel es puramente consultivo, Trump ha prometido poner en pr¨¢ctica sus recomendaciones para reducir el exceso de regulaciones, reestructurar las agencias federales y recortar los gastos superfluos, todo ello con la vista puesta en mejorar la eficiencia.

La ley federal exige que todo comit¨¦ consultivo gubernamental notifique p¨²blicamente sus reuniones y d¨¦ acceso a todos los informes, transcripciones y documentos relacionados con su trabajo. Pero el DOGE puede incumplir estos requisitos alegando que infringen inconstitucionalmente el poder presidencial.

Al igual que con sus otros nombramientos, Trump no se molestar¨¢ en investigar a fondo a Musk y Ramaswamy, ni les exigir¨¢ que se desprendan de sus participaciones corporativas o se abstengan de ofrecer recomendaciones sobre cuestiones que plantean un conflicto de intereses evidente ¡ªcomo, por ejemplo, las compras importantes de servicios de la NASA a la empresa SpaceX, propiedad de Musk¡ª. En la medida en que el DOGE meter¨¢ mano a las regulaciones, promete ser un poderoso veh¨ªculo para el capitalismo de amigos. Sus recomendaciones tendr¨¢n poco que ver con la mejora de la eficiencia gubernamental o la reducci¨®n de costes, y mucho con la eliminaci¨®n de regulaciones y agencias que los donantes poderosos y los lobbistas quieren ver muertas.

Afortunadamente, el DOGE fracasar¨¢ porque se est¨¢ centrando en los objetivos equivocados, con el enfoque equivocado y el liderazgo equivocado. Musk inicialmente prometi¨® recortar el gasto del Gobierno federal en dos billones de d¨®lares, lo que supone casi un tercio de todo el gasto previsto para 2025. Tras darse cuenta r¨¢pidamente de lo absurdo que era ese objetivo, desde entonces lo ha reducido en un 75%, a 500.000 millones de d¨®lares.

El gasto en defensa, seguridad social, Medicare, Medicaid, la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare) y el pago de intereses de la deuda p¨²blica estadounidense representan, en conjunto, el 74% del gasto federal total. Por otra parte, el gasto en defensa probablemente aumente con Trump, el gasto en el pago de intereses es esencial para evitar un incumplimiento del pago de la deuda del Gobierno federal, y el gasto en seguridad social, Medicare y Obamacare es legalmente obligatorio y cuenta con el apoyo contundente de los votantes que ayudaron a reelegir a Trump. El 26% restante del gasto federal cubre todas las dem¨¢s funciones del Gobierno federal.

Aunque todos los fondos para programas discrecionales deben ser autorizados por el Congreso, el nuevo objetivo de 500.000 millones de d¨®lares abarcar¨ªa tanto los programas cuya autorizaci¨®n depende del Congreso y finalizan en 2024 como aquellos que Musk considera incompatibles con las intenciones originales del Congreso. Pero la atenci¨®n m¨¦dica de los veteranos es la funci¨®n individual m¨¢s importante (119.000 millones de d¨®lares) cuya autorizaci¨®n por parte del Congreso finaliza en 2024 y, a pesar del desprecio de Trump por los militares, es dif¨ªcil imaginar que el DOGE vaya a por la salud de los veteranos.

En su lugar, el DOGE ya ha indicado que recortar¨¢ la financiaci¨®n de Planned Parenthood y otros grupos progresistas (300 millones de d¨®lares al a?o), la Corporaci¨®n para la Radiodifusi¨®n P¨²blica (535 millones) y varias organizaciones internacionales (1.500 millones). Tambi¨¦n podr¨ªa disparar contra partidas discrecionales de mayor envergadura, como la Administraci¨®n Nacional Oce¨¢nica y Atmosf¨¦rica (6.600 millones), responsable de las previsiones meteorol¨®gicas del pa¨ªs; la Administraci¨®n Federal de Aviaci¨®n (7.000 millones), que regula la seguridad de la aviaci¨®n civil; muchas agencias dentro del Departamento de Estado (38.000 millones), y el Departamento de Educaci¨®n (29.000 millones). La NASA (25.400 millones), por razones obvias, quedar¨¢ excluida.

El problema de esta agenda de desfinanciaci¨®n es que sigue sin acercarse a los 500.000 millones de d¨®lares. Si el DOGE quisiera aportar algo positivo, abandonar¨ªa este objetivo y se centrar¨ªa, en cambio, en mejorar la eficiencia de los organismos responsables de los programas gubernamentales, y en eliminar las regulaciones que no superen una prueba rigurosa de costo sobre beneficio. Pero esto ya se ha intentado muchas veces, y normalmente sin demasiado ¨¦xito. La encuesta del sector privado sobre el control de costes del presidente Ronald Reagan, conocida como la Comisi¨®n Grace, por ejemplo, afirmaba que un tercio de todos los ingresos procedentes del impuesto a la renta era consumido por el despilfarro y la ineficacia ¡ªuna exageraci¨®n salvaje¡ª. Muy pocas de las 2.500 recomendaciones de la comisi¨®n se pusieron en pr¨¢ctica, y la combinaci¨®n de los recortes fiscales de Reagan y un Gobierno federal cada vez mayor hizo que la deuda nacional se disparara.

Esfuerzos similares que se remontan a la Comisi¨®n Hoover del presidente Harry Truman tambi¨¦n se han juzgado como ¡°fracasos abyectos¡±. La mayor¨ªa fracasa por un defecto fundamental en su dise?o. Dirigidos por l¨ªderes empresariales que no entienden c¨®mo funciona el Gobierno, estos organismos tienden a producir listas de ideas no examinadas, pero no tienen capacidad para llevarlas a cabo. La implementaci¨®n sigue siendo responsabilidad de los organismos competentes y del Congreso, que legisla y financia los programas federales.

La Asociaci¨®n Nacional para la Reinvenci¨®n del Gobierno del vicepresidente Al Gore evit¨® a principios de los a?os noventa este fallo de dise?o. Integrada en la Administraci¨®n de Clinton, estaba supervisada por un grupo de reformistas del Gobierno que consigui¨® aprobar una ley concreta: la Ley del Desempe?o y los Resultados del Gobierno de 1993, cuyo objetivo era integrar las m¨¦tricas de desempe?o en los procedimientos operativos est¨¢ndar del Gobierno federal.

Musk y Ramaswamy, por el contrario, no son m¨¢s que los ¨²ltimos de una larga lista de ni?os modelo del sector privado cuyos enfoques de gesti¨®n empresarial para las operaciones gubernamentales fracasar¨¢n. Menos de una cuarta parte de todos los programas de reforma del Gobierno tienen ¨¦xito, y los que lo logran presentan dos caracter¨ªsticas diferenciadoras en com¨²n: los empleados del sector p¨²blico dise?an las reformas y luego utilizan herramientas digitales para medir y mejorar el desempe?o.

Desafortunadamente, el Congreso no proporciona fondos suficientes para que las agencias dispongan de las herramientas que necesitan. Por eso el Servicio de Impuestos Internos ha sido incapaz de recaudar ingresos anuales estimados en un bill¨®n de d¨®lares de los evasores y defraudadores fiscales. Sin que sea culpa suya, la mayor¨ªa de los organismos del Gobierno federal siguen muy rezagados respecto del sector privado en cuanto a la digitalizaci¨®n de sus servicios.

Ir deprisa y romper cosas no funciona en el Gobierno. Si Musk y Ramaswamy quieren conseguir mejoras significativas y duraderas tendr¨¢n que colaborar con los funcionarios p¨²blicos para cambiar la forma de hacer su trabajo. El ¨¦xito depende de los cambios poco atractivos y dif¨ªciles de implementar en materia de procesos operativos que se pueden incorporar en los departamentos gubernamentales. La contrataci¨®n basada en resultados, la gesti¨®n moderna del talento, la gesti¨®n ¨¢gil de la tecnolog¨ªa de la informaci¨®n, los datos y la transparencia del desem?pe?o, las herramientas digitales modernas y la participaci¨®n ciudadana son cruciales si queremos mejorar la funci¨®n del Gobierno. El DOGE producir¨¢ memes divertidos y oportunidades fotogr¨¢ficas para Musk y X, pero tendr¨¢ poco impacto tangible y duradero en el tama?o y la eficiencia del Gobierno federal.