De qu¨¦ hablamos en la escuela p¨²blica cuando pedimos m¨¢s recursos

Cuando los trabajadores de la educaci¨®n p¨²blica observamos c¨®mo desde 2014 en adelante las transferencias de las Administraciones educativas de Espa?a a centros privados se incrementan de manera continuada, seg¨²n datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educaci¨®n (SEIE), nuestra sensaci¨®n de preocupaci¨®n aumenta. Pero ah¨ª seguimos, pidiendo sin descanso eso que llamamos ¡°m¨¢s recursos¡±. En regiones como Pa¨ªs Vasco, Madrid o Navarra la inversi¨®n destinada a la educaci¨®n concertada es absolutamente desproporcionada y, a la par, vemos c¨®mo (seg¨²n el estudio mencionado) el gasto por alumno en la escuela p¨²blica es inferior, por ejemplo, al que hab¨ªa en los a?os 2008 o 2009.

La tesis repetida de desmantelamiento de la educaci¨®n p¨²blica en nuestro pa¨ªs va m¨¢s all¨¢ de una queja poco razonada, y se cimienta en cifras alarmantes que se reflejan en el d¨ªa a d¨ªa de colegios e institutos: desde el estado de las instalaciones hasta la dotaci¨®n de recursos humanos. De forma simult¨¢nea, vemos que los pol¨ªticos observan la situaci¨®n desde la lejan¨ªa, y anuncian acciones (o m¨¢s bien intenciones) para insuflar optimismo a la galer¨ªa medi¨¢tica; unas pol¨ªticas que, si no van m¨¢s all¨¢ del simple deseo de satisfacer a la opini¨®n p¨²blica, pueden perpetuar, por su ineficacia, la posici¨®n privilegiada de multitud de propuestas educativas alternativas que se nutren del erario p¨²blico a trav¨¦s de la pol¨ªtica de conciertos, simplemente porque el sistema es, ahora mismo, insostenible e inconcebible de otra manera.

Pero volvamos a los datos de la publicaci¨®n anterior: mientras que el gasto p¨²blico por estudiante en centros p¨²blicos en la ense?anza no universitaria creci¨® en 10 a?os (de 2008 a 2018) un 14,1%, las transferencias a la ense?anza privada en ese mismo intervalo crecieron un 17%; esta diferencia, que se agudiza por las desigualdades de origen del perfil de alumnado que suele ir al modelo privado frente al que opta por el p¨²blico (diferencias marcadas muchas veces por la renta per c¨¢pita familiar), representa un caldo de cultivo que incrementa brechas estructurales, en un pa¨ªs en el que, recordemos, algo m¨¢s de uno de cada cuatro estudiantes est¨¢n escolarizados en un centro concertado; esos mismos que han sobrevivido mejor, seg¨²n dicen los ¨²ltimos informes, a los embates de la pandemia en la escuela: no es casualidad.

Cualquier fractura social a gran escala deja en pa?os menores el entramado educativo, y ello ha ocurrido en todo el mundo con la covid-19, que ha desnudado en particular las deficiencias de la educaci¨®n en Espa?a, uno de los pa¨ªses de Europa con m¨¢s conciertos educativos (en 2016 era el cuarto con m¨¢s centros concertados, seg¨²n datos del Consejo Escolar del Estado a partir de cifras de Eurostat) y tambi¨¦n con una mayor segregaci¨®n escolar por nivel socioecon¨®mico ¡ªseg¨²n lo demuestran estudios como el que por ejemplo llevaron a cabo Francisco Javier Murillo y Cynthia Mart¨ªnez-Garrido en 2018¡ª. Esta situaci¨®n es alarmante en regiones como la Comunidad de Madrid, donde el abandono de la escuela p¨²blica es particularmente significativo.

Y en este panorama nos encontramos, en la actualidad, en medio de un intento de modernizar el sistema educativo p¨²blico a partir de una nueva propuesta legislativa. Una remozada ley que procura blindar derechos esenciales y reconstruir una equidad rota por los embates de un virus que bloque¨® nuestros servicios b¨¢sicos, principales baluartes del desarrollo. Pero, a la par, cuando empezamos a ver la luz e intentamos rearmarnos para darle lo mejor al alumnado, nos percatamos de una situaci¨®n de partida alarmante en la que se sigue contando, por ejemplo, con ratios elevadas, incluso en contextos marginales, cifras atenuadas solamente con motivo de la pandemia y los aforos necesarios para las aulas, y no por un motivo pedag¨®gico. Y todo ello, en el coraz¨®n educativo de un pa¨ªs que se encuentra entre los que tiene menos personal de apoyo por n¨²mero de docentes de la OCDE, seg¨²n difundi¨® el ¨²ltimo informe TALIS de este mismo organismo.

Por todo ello, y dentro de esta especial sensibilidad que la LOMLOE tiene en el papel por los derechos de la infancia, la inclusi¨®n y el alumnado m¨¢s vulnerable, los profesionales de la escuela p¨²blica espa?ola siguen clamando por un acercamiento de los pol¨ªticos a las trincheras educativas, m¨¢s all¨¢ de las presencias en foros y congresos para la foto. Reclaman que se les escuche desde dentro de una realidad sobrepasada por una crisis social, econ¨®mica y psicol¨®gica que ha impactado de lleno contra una escuela burocratizada y mecanicista en la que siguen avanzando a un ritmo superior los que parten de situaciones de ventaja, a la par que se incrementan las desigualdades.

Y eso no quiere decir que el profesorado no sea consciente de que el cambio en inercias heredadas es necesario, claro que lo es; y tambi¨¦n es sabedor de que en una formaci¨®n inicial y continua de calidad est¨¢n muchas claves para hacer de la riqueza de la diversidad de la educaci¨®n p¨²blica un elemento distinguidor y un valor a?adido frente a otros modelos. Pero, para ello, las promesas de los programas de cooperaci¨®n territorial que financian acciones para la equidad deben materializarse en una apuesta decidida por los apoyos a esta escuela quebrada por las fracturas de nuestro tiempo.

Los trabajadores del principal pilar del estado del bienestar deben ver, as¨ª, una propuesta firme y detallada para trabajar en la verdadera innovaci¨®n, la que se aleja de la fanfarria medi¨¢tica de galardones o ruedas de prensa. Propuestas que lleguen a todos los centros, empezando por los m¨¢s necesitados, que se acerquen m¨¢s a la l¨ªnea de estrategias como el Programa para la Orientaci¨®n, Avance y Enriquecimiento Educativo (Proa+) o las Unidades de Acompa?amiento y Orientaci¨®n personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable (UAO), que nacen de los fondos europeos de recuperaci¨®n por la covid. En extender y generalizar acciones de este tipo est¨¢ la clave.

Decisiones como estas ¡ªy no otras¡ª demuestran el convencimiento de que la transformaci¨®n de la red de escuelas p¨²blicas de nuestras regiones comienza por poner a la educaci¨®n de todos en el lugar que le corresponde, en su m¨¢ximo nivel. Y ello depende del reconocimiento y la proyecci¨®n del trabajo de sus docentes, del seguimiento desde los primeros signos de riesgo y a cargo de personal especializado del estudiante golpeado por la injusticia social; de una bajada de ratios a la vanguardia de los pa¨ªses europeos para poder atender m¨¢s y mejor al alumnado que m¨¢s lo precisa, y de una planificaci¨®n de los mapas escolares coherente con la b¨²squeda del equilibrio social. De eso es, justo, de lo que hablamos cuando pedimos m¨¢s recursos y es partir de ah¨ª donde nos van a poder encontrar para dialogar y trabajar juntos por la necesaria mejora.

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