La escuela concertada ante las desigualdades: el debate pendiente

En Espa?a, la educaci¨®n concertada es un sector diverso y complejo. Tanto el perfil de las escuelas concertadas como su peso relativo sobre la matr¨ªcula var¨ªan considerablemente entre comunidades aut¨®nomas, pero tambi¨¦n dentro de ellas. En Catalu?a, Madrid o el Pa¨ªs Vasco y en algunas ¨¢reas urbanas de otras comunidades, la educaci¨®n concertada tiene un peso especialmente relevante sobre el total de la matr¨ªcula, y el gasto en conciertos representa un porcentaje muy significativo sobre el gasto p¨²blico en educaci¨®n. A pesar de su gran heterogeneidad, los datos muestran que la educaci¨®n concertada contribuye a la generaci¨®n de desigualdades educativas, especialmente en t¨¦rminos de segregaci¨®n escolar. El ¨²ltimo estudio PISA indica que, para el conjunto de Espa?a, los centros p¨²blicos escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioecon¨®mico 2,2 veces superior a los centros concertados, y 1,6 veces m¨¢s alumnos de origen inmigrante.

Hace unos d¨ªas, present¨¢bamos el estudio La Concertada a Debate, que, desde una perspectiva internacional y comparada, pretende abordar la cuesti¨®n de los conciertos educativos en Catalu?a. M¨¢s all¨¢ del foco en el caso catal¨¢n, gran parte de los resultados y reflexiones recogidos en el informe tienen tambi¨¦n implicaciones para el debate a nivel estatal.

La evidencia internacional sobre la relaci¨®n entre educaci¨®n concertada y desigualdades educativas es clara y contundente. Aquellos sistemas con modelos de provisi¨®n mixta (donde se combinan escuelas p¨²blicas y privadas financiadas con fondos p¨²blicos), presentan mayores niveles de segregaci¨®n escolar y estratificaci¨®n social entre centros de diferente titularidad. Esta desigualdad se acent¨²a cuando la educaci¨®n concertada tiene un peso significativo sobre la matr¨ªcula total. Un reciente informe publicado por Eurydice as¨ª lo constata. Seg¨²n este organismo de la Comisi¨®n Europea encargado del an¨¢lisis de los sistemas educativos, tras controlar por el nivel de gasto p¨²blico en educaci¨®n, la segregaci¨®n en funci¨®n de la capacidad acad¨¦mica de los alumnos es mayor en aquellos pa¨ªses donde la educaci¨®n privada financiada con fondos p¨²blicos tiene un mayor peso.

En Espa?a, el origen del actual sistema de conciertos se remonta a los a?os ochenta. ?ste emerge como respuesta a la necesidad de expandir la educaci¨®n en el contexto de restricciones presupuestarias de los a?os ochenta, pero tambi¨¦n como forma de resolver una tensi¨®n hist¨®rica sobre el rol de la iglesia cat¨®lica en la provisi¨®n educativa. En todo caso, este origen hist¨®rico del modelo de conciertos no deber¨ªa ser excusa para no revisarlo. Prueba de ello es que, durante los ¨²ltimos a?os, otros sistemas de provisi¨®n mixta con una larga trayectoria (como es el caso de los Pa¨ªses Bajos, B¨¦lgica o Chile) han iniciado procesos de debate y reforma a ra¨ªz de los efectos de la educaci¨®n concertada sobre las desigualdades educativas.

La educaci¨®n concertada contribuye a las desigualdades, la evidencia es contundente. Ha llegado el momento de abrir el foco del debate y centrar la conversaci¨®n p¨²blica en los cambios que se deben realizar en el modelo, tal y como han hecho pa¨ªses de nuestro entorno. El reto es may¨²sculo, pero la ca¨ªda demogr¨¢fica abre una oportunidad ¨²nica para replantear el sistema de conciertos educativos en Espa?a. El acusado descenso de la poblaci¨®n escolar, cuyos efectos s¨®lo ir¨¢n a m¨¢s en los pr¨®ximos a?os, tendr¨¢ implicaciones en la planificaci¨®n del conjunto del sistema educativo, pero ser¨¢ especialmente determinante para el sector concertado, cuya viabilidad depende especialmente de su capacidad de mantener un cierto nivel de matr¨ªcula. En este contexto, el debate regulativo deber¨ªa responder a dos preguntas principales. Por un lado, ?qu¨¦ reformas pueden permitir que el sector concertado contribuya a los objetivos de calidad y equidad del sistema educativo?, y, por otro lado, ?qu¨¦ escuelas privadas deben tener cabida en el sistema de conciertos?

Sobre la primera cuesti¨®n, la experiencia internacional demuestra que las reformas necesarias deber¨ªan producirse en diferentes ¨¢mbitos regulativos. En el ¨¢mbito de la financiaci¨®n escolar, se tiende cada vez m¨¢s hacia una mayor equivalencia entre escuelas p¨²blicas y concertadas. Se trata, sin embargo, de un cambio que debe estar inexorablemente supeditado a la corresponsabilizaci¨®n del sector concertado en la escolarizaci¨®n del alumnado socialmente desfavorecido, as¨ª como a un compromiso firme con hacer efectiva la gratuidad de la educaci¨®n. Esto, a su vez, pasa inevitablemente por la supresi¨®n efectiva de las cuotas y otras contribuciones familiares a la escolarizaci¨®n, y requiere de mayores niveles de transparencia financiera. La evidencia internacional apunta tambi¨¦n a la necesidad de dotar de mayor protagonismo a los poderes p¨²blicos en la gobernanza del sistema, reforzar el peso de los criterios de planificaci¨®n educativa en el dise?o de la oferta p¨²blica y concertada, para evitar, por ejemplo, situaciones de sobreoferta que contribuyan a la distribuci¨®n desequilibrada de alumnado.

Respecto a qu¨¦ escuelas deber¨ªan formar parte del modelo de conciertos, cabe tener presente que el nivel de corresponsabilidad de los centros concertados en la escolarizaci¨®n del alumnado socialmente vulnerable es muy diverso. Una agenda de equidad deber¨ªa definir criterios de concesi¨®n y extinci¨®n de conciertos educativos con los que asegurar que s¨®lo aquellos centros con una clara voluntad de servicio p¨²blico tienen cabida en el sistema de financiaci¨®n p¨²blica. Esto implica condicionar la continuidad de los centros en el sistema de conciertos a su compromiso con un horizonte de gratuidad y a una corresponsabilidad inequ¨ªvoca en una distribuci¨®n equilibrada del alumnado. Cabe recordar que, especialmente en aquellas comunidades aut¨®nomas donde la concertada tiene un mayor peso sobre la matr¨ªcula, existe un segmento de centros educativos con una clara voluntad elitista integrado al sistema de conciertos. De nuevo, la evidencia comparada apunta a que estos son centros que en otros contextos formar¨ªan parte de la oferta privada no concertada. Cabe por lo tanto establecer mecanismos de salida del sistema de conciertos que permitan redimensionar la oferta concertada de acuerdo a criterios de equidad y servicio p¨²blico.

La reforma de los sistemas de provisi¨®n mixta es una empresa tan urgente como compleja. De hecho, los intentos de reforma de los modelos de conciertos tienden a ser el foco de oposici¨®n y resistencia. As¨ª se ocurrido en pa¨ªses como B¨¦lgica y Chile, donde la oposici¨®n no s¨®lo ha venido de los titulares de escuelas concertadas, sino tambi¨¦n de las propias familias. D¨¦cadas de provisi¨®n educativa concertada tienen implicaciones en aspectos como las preferencias de la poblaci¨®n respecto a los modelos de provisi¨®n, y contribuyen a la internalizaci¨®n de la elecci¨®n escolar como v¨ªa de distinci¨®n social. Por ello, determinadas reformas son vividas por algunas familias como una usurpaci¨®n de derechos.

En nuestro contexto, vemos como, ante las propuestas de cambio que se han planteado los ¨²ltimos a?os, el sector concertado ha respondido a menudo con una defensa del status quo, reivindicando un aumento del financiamiento del sector bajo el argumento que ello se traducir¨¢ autom¨¢ticamente en una mayor corresponsabilizaci¨®n del sector en la matr¨ªcula del alumnado vulnerable. No obstante, las reformas necesarias son de mayor calado y requieren de la adecuada regulaci¨®n de muchos aspectos que incluyen pero van mucho m¨¢s all¨¢ de la financiaci¨®n. Adem¨¢s, para ser efectivas, estas reformas deben contar con la colaboraci¨®n y el compromiso de todas las partes implicadas. Para el sector concertado, colaborar con estos cambios regulativos no implica renunciar a su autonom¨ªa escolar, siempre y cuando ¨¦sta no se utilice como estrategia de clausura social, por ejemplo, mediante proyectos educativos excesivamente costosos. Pero s¨ª implica admitir que el problema de la desigualdad social entre centros p¨²blicos y concertados es una realidad, y adquirir un compromiso firme con los objetivos de equidad del sistema y, como no, con el inter¨¦s p¨²blico en educaci¨®n.

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