El Constitucional avala la ley de educaci¨®n del Gobierno tras rechazar el recurso de Vox

El Tribunal Constitucional ha decidido dar un completo aval a la Lomloe (Ley Org¨¢nica de Modificaci¨®n de Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n), m¨¢s conocida como ley Cel¨¢a, lo que va a llevar a un cambio en el proyecto de sentencia que hab¨ªa elaborado el ponente, el magistrado Ricardo Enr¨ªquez, del sector conservador del tribunal. El borrador del fallo estaba elaborado desde hace un a?o y medio, pero hasta ahora nunca se llev¨® al pleno al existir en el propio ¨®rgano de garant¨ªas plena conciencia de que la deliberaci¨®n iba a provocar un profundo enfrentamiento interno, dado que se estaba en la fase final del anterior mandato, de mayor¨ªa conservadora, cr¨ªtica con la ley Cel¨¢a.

Esa situaci¨®n ha cambiado desde enero ¨²ltimo, en que la renovaci¨®n del tribunal ha supuesto un cambio de equilibrios en el tribunal, en el que existe ahora una mayor¨ªa progresista que en sus ¨²ltimas sentencias est¨¢ avalando todas las reformas sociales importantes traducidas en leyes impulsadas por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Esta misma semana, el Constitucional ha dictado varios fallos que han rechazado recursos de inconstitucionalidad del PP y/o Vox, como los relativos al primer decreto-ley sobre igualdad de derechos en las empresas ¨Dlo que supuso la equiparaci¨®n de los permisos de maternidad y paternidad¨D, o la ley de eutanasia, sobre la que el tribunal ha declarado que garantiza la autodeterminaci¨®n de la persona sin desproteger el derecho a la vida.

A estas decisiones de aval a la legislaci¨®n social del Gobierno se suma ahora la declaraci¨®n tambi¨¦n de constitucionalidad de la ley Cel¨¢a, mediante una sentencia que va a volver a redactarse. El objetivo de esta nueva confecci¨®n del fallo es que evite los dos puntos en que el primer borrador cuestionaba el encaje de la ley con las previsiones constitucionales. Estos puntos eran, por un lado, los relativos a las subvenciones a los centros educativos que segreguen a los alumnos por sexos. La sentencia, por tanto, no considerar¨¢ contrario a la Constituci¨®n que los poderes p¨²blicos puedan manejar los recursos de acuerdo con sus prioridades, y que ello opere en detrimento de las subvenciones a dicho tipo de centros educativos. El Constitucional, en suma, dir¨¢ en su momento que no es contrario a la Constituci¨®n denegar ayudas p¨²blicas a los colegios que separen por sexos.

El segundo punto conflictivo que cuestionaba el borrador de fallo que ahora se va a cambiar implicaba que la Administraci¨®n solo est¨¦ obligada a tomar en consideraci¨®n la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales que quieran educarlos en centros ordinarios. Lo que se espera es que se tenga tambi¨¦n en cuenta la opini¨®n de las familias que prefieran optar por un centro espec¨ªfico.

Por otra parte, el nuevo texto tampoco aludir¨¢ a una supuesta discriminaci¨®n del castellano en el sistema educativo. La impugnaci¨®n de la ley incluy¨® este punto, pero la ponencia inicial ya evitaba reabrir el debate sobre la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica al resolver sobre la ley Cel¨¢a. La ponencia que el Constitucional ha rechazado hoy se limitaba en este aspecto a subrayar la relevancia de la presencia del castellano como lengua vehicular en la ense?anza, sin entrar en regulaci¨®n alguna de porcentajes. Esta cuesti¨®n ya est¨¢ planteada en otros recursos que el tribunal tiene pendientes, como los relativos a la legislaci¨®n catalana en la materia, en la que s¨ª se ha evitado seguir la pauta marcada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que fijaron en un 25% el porcentaje de dicha presencia del castellano en el sistema educativo de dicha comunidad aut¨®noma. La Generalitat, en cambio, siempre ha abogado por primar la autonom¨ªa de los centros, seg¨²n sus circunstancias sociol¨®gicas, en relaci¨®n con la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica.

El nuevo fallo ser¨¢ redactado por el mismo ponente, el magistrado Ricardo Enr¨ªquez, asumiendo los criterios de la mayor¨ªa del tribunal. Esta posici¨®n es compatible con que luego el mismo magistrado redacte un voto particular discrepante, en el que explique sus criterios personales. Seguramente no ser¨¢ el ¨²nico voto en contra de la sentencia. Los otros tres magistrados del sector conservador del tribunal, Concepci¨®n Espejel, Enrique Arnaldo y C¨¦sar Tolosa, han expresado a lo largo del debate de la ley su coincidencia con el ponente y, por tanto, su discrepancia con los criterios jur¨ªdicos de la actual mayor¨ªa progresista del ¨®rgano de garant¨ªas, en particular con el punto que supondr¨¢ el aval a negar ayudas p¨²blicas a los centros que segreguen a los alumnos por sexos.

La Lomloe, que entr¨® en vigor a principios de 2021, es la octava ley educativa de la democracia, informa Ignacio Zafra. El cambio m¨¢s importante que ha introducido y que apenas ha empezado a desplegarse es el de un nuevo enfoque competencial, que cambia el viejo modelo educativo basado en la memorizaci¨®n de contenidos por un aprendizaje orientado a que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a la resoluci¨®n de situaciones lo m¨¢s parecidas posible a las que se encontrar¨¢n en la vida real. El debate partidista, social y judicial se centr¨®, sin embargo, en lo de siempre: el estatus de la escuela privada y concertada, la asignatura de Religi¨®n (que con la Lomloe dej¨® de contar para el expediente acad¨¦mico) y la financiaci¨®n p¨²blica de los colegios que segregan por sexo.

Las principales patronales de la concertada se opusieron con fuerza a la tramitaci¨®n de la ley, advirtiendo de que pon¨ªa en peligro su viabilidad. El principal punto de fricci¨®n fue el hecho de que la Lomloe eliminase el concepto de ¡°demanda social¡±, introducido por el PP en la anterior ley educativa, la Lomce, como criterio para organizar la oferta de plazas educativas. Ello limitaba la capacidad de los gobiernos auton¨®micos a la hora de dise?arla. Y, en un contexto de ca¨ªda de la natalidad, hab¨ªa impulsado el cierre de aulas de la escuela p¨²blica incluso en territorios partidarios de la misma, despu¨¦s de que los tribunales revocasen la reducci¨®n de unidades de la concertada decretadas por las consejer¨ªas respectivas ante el descenso de alumnado. La entonces ministra de Educaci¨®n se convirti¨® especialmente por aquel paso en blanco de las cr¨ªticas de los representantes de la escuela concertada y de los partidos de derecha, su imagen sufri¨® un gran desgaste, y pocos meses despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley fue relevada por la actual titular de la cartera, Pilar Alegr¨ªa.

El fallo tambi¨¦n despeja las dudas sobre la constitucionalidad de la prohibici¨®n, establecida por la Lomloe, de la financiaci¨®n de centros educativos que segregan por sexo, vinculados normalmente al Opus Dei. La mayor¨ªa de comunidades aut¨®nomas han empezado a retirar los conciertos a medida que la duraci¨®n de los que ya estaban en vigor cuando entr¨® en vigor la Lomloe van expirando. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a hab¨ªa frenado los pasos dados por la Generalitat en dicho sentido, ampar¨¢ndose en que el Constitucional todav¨ªa deb¨ªa pronunciarse al respecto. Y el Tribunal Superior de Navarra hab¨ªa elevado una cuesti¨®n de inconstitucionalidad al ver razones para pensar que dicho precepto discriminaba a los colegios segregadores.

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