El Constitucional ampara a la madre de una menor que se opuso a que su hija se educara en un colegio religioso

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que concede amparo a una mujer que se opuso en los juzgados para impedir que su hija fuera a un colegio religioso, como quer¨ªa el padre. La madre recurri¨® al Constitucional frente a las resoluciones judiciales que, tras el divorcio de los c¨®nyuges ¡ªque manten¨ªan la custodia compartida¡ª, acordaron que el centro escolar m¨¢s adecuado para que cursara sus estudios la ni?a fuera el elegido por el padre. La madre, en cambio, prefer¨ªa que fuera educada en una escuela laica. El tribunal le ha dado la raz¨®n en aplicaci¨®n del art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n, relativo al derecho a la libertad religiosa, y el 27.3, que se refiere al derecho a recibir la educaci¨®n moral y religiosa acorde con las propias convicciones. Considera que, dadas las diferencias que manifiestan los progenitores, lo acorde al inter¨¦s de la menor es que la formaci¨®n se desarrolle en un entorno neutro para que pueda desarrollar sus convicciones libremente.

La discrepancia fue planteada ante la jurisdicci¨®n de familia, que fall¨® a favor de los deseos del padre, con determinadas condiciones. Durante el procedimiento por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad se atribuy¨® al padre la facultad de elecci¨®n del centro escolar de la menor ¡ªun colegio concertado religioso¡ª, permitiendo a la madre decidir que la hija se inscribiera en la asignatura alternativa a la religi¨®n cat¨®lica.

La madre de la menor decidi¨® entonces acudir en amparo al Constitucional, al considerar que las resoluciones judiciales antes citadas son contrarias a los mencionados derechos constitucionales sobre libertad religiosa y a recibir la formaci¨®n religiosa y moral de conformidad con sus propias convicciones o creencias. El tribunal de garant¨ªas ha estimado vulnerados en este caso ambos derechos, ya que el centro elegido por el padre ¡°tiene un proyecto educativo en el que la religi¨®n y moral cat¨®lica impregnan todas sus actividades, resultando por ello indiferente que la menor curse una asignatura alternativa a la de religi¨®n cat¨®lica¡±.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalb¨¢n, se ha aprobado por siete votos, los de los magistrados del sector progresista, frente a tres, correspondientes al bloque conservador. La resoluci¨®n estima que las decisiones judiciales impugnadas ¡°al tratar de identificar el inter¨¦s superior de la menor han soslayado sus derechos fundamentales o los han identificado con otras circunstancias ajenas a los derechos fundamentales en conflicto¡±. En dichas decisiones judiciales pes¨®, en definitiva, que el centro concertado elegido por el padre ¡°cubre todos los ciclos formativos, la ense?anza de un segundo idioma extranjero tras finalizar la primaria, la impartici¨®n de varias clases en ingl¨¦s y otras actividades como nataci¨®n¡±.

El Constitucional, en cambio, ha dado una relevancia preponderante a los mencionados derechos fundamentales, que estima que no se ponderaron adecuadamente en el proceso previo. As¨ª, la sentencia sostiene que sin perjuicio de la valoraci¨®n positiva que puedan merecer los aspectos del centro concertado, ¡°los ¨®rganos judiciales han soslayado en su razonamiento el verdadero conflicto entre derechos fundamentales que les fue puesto de relieve en el proceso judicial, no ponderando los bienes y derechos dignos de protecci¨®n constitucional que est¨¢n en juego, ni tomando en consideraci¨®n el principio de aconfesionalidad del Estado del art¨ªculo 16.3 de la Constituci¨®n¡±.

En el fallo del tribunal de garant¨ªas es esencial el razonamiento relativo a que el derecho a la libertad religiosa de la menor, ¡°que no puede abandonarse por completo a la decisi¨®n de los padres, hubiera obligado, en el caso de que la menor hubiera tenido suficiente madurez, a respetar su propia libertad de creencias¡±. Y a?ade la sentencia: ¡°No obstante, en este caso, a pesar de su corta edad, el ¨®rgano judicial deb¨ªa haber tomado en consideraci¨®n que la menor es titular del derecho a la libertad religiosa y que mientras carezca de madurez para ejercer dicha libertad, si los padres no se ponen de acuerdo en la elecci¨®n de un centro educativo, el respeto al derecho fundamental obliga a protegerla para que pueda en su momento autodeterminarse en materia de creencias religiosas¡±.

Seguidamente, el tribunal subraya que en un contexto de divergencia sustancial e irreconciliable entre los progenitores en cuanto a sus creencias religiosas, del que deriva el desacuerdo en cuanto al tipo de formaci¨®n escolar que debe proporcionarse a la menor, ¡°lo m¨¢s acorde al inter¨¦s superior de esta es que la decisi¨®n que se adopte procure que esa formaci¨®n escolar se desarrolle en un entorno de neutralidad, con el fin de que pueda formar sus propias convicciones de manera libre¡±.

La sentencia se cuida bien de matizar que se efect¨²an estas consideraciones ¡°sin perjuicio de que, fuera del entorno escolar, cada uno de los progenitores puede hacer part¨ªcipe a su hija de sus propias convicciones morales y religiosas dentro del respeto a los derechos y convicciones del otro progenitor hasta que la menor adquiera la suficiente madurez para tener sus propias convicciones y creencias, que podr¨ªan ser diversas a las de sus padres¡±.

El Constitucional tambi¨¦n subraya que ¡°en una sociedad cada vez m¨¢s diversa, puede ocurrir, y de hecho sucede, que las convicciones morales y religiosas de los padres no sean coincidentes, bien porque uno se sit¨²e en el ¨¢mbito de la laicidad y el otro participe de unas concretas creencias religiosas, bien porque cada uno de ellos pertenezca a una religi¨®n distinta¡±.

Los magistrados del bloque conservador Ricardo Enr¨ªquez, Concepci¨®n Espejel y C¨¦sar Tolosa han efectuado un voto particular discrepante. El cuarto integrante de este grupo, Enrique Arnaldo, no pudo asistir a la votaci¨®n por razones personales, aunque s¨ª intervino en la deliberaci¨®n. El voto discrepante estima que la sentencia no tiene en cuenta que las resoluciones judiciales anuladas s¨ª han llevado a cabo una adecuada ponderaci¨®n entre las posiciones enfrentadas de los padres. Por eso, la decisi¨®n de que su hija sea escolarizada en un centro religioso concertado advierte que no deber¨¢ cursar la asignatura de religi¨®n ni participar en actividades de car¨¢cter religioso, sin perjuicio de que cada uno de los padres pueda educar a su hija en los principios que consideren pertinentes.

Los magistrados discrepantes estiman, en suma, que la soluci¨®n que se hab¨ªa dado a la diferencia de criterio de los padres fue ¡°ponderada¡±, negando ¡°todo adoctrinamiento, ni religioso ni laico¡±, porque permit¨ªa que ¡°vaya completando su formaci¨®n hasta el momento en que decida, habiendo tenido a su disposici¨®n todos los elementos que le permitan hacer una elecci¨®n plenamente consciente¡±. A?aden que, por el contrario, la sentencia ¡°aplica un automatismo que contradice la necesidad de conciliar las posiciones contrapuestas de los padres; la falta de acuerdo entre ellos conduce a que se imponga una educaci¨®n en un colegio p¨²blico y a la exclusi¨®n de los centros concertados, si son de titularidad de alguna orden o congregaci¨®n religiosa¡±. El magistrado Juan Carlos Campo, del sector progresista, ha apoyado la aprobaci¨®n de la sentencia, pero con el anuncio paralelo de un voto concurrente, es decir, a favor de la resoluci¨®n, pero con otros argumentos.

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