Once comunidades del PP aceptan cofinanciar con el Estado el sueldo de 5.600 profesores universitarios tras dos meses de resistencias

La ministra Diana Morant fue meridiana en las negociaciones con las comunidades aut¨®nomas: el Gobierno repartir¨ªa 900 millones euros para pagar los sueldos de 3.400 profesores ayudantes doctor ¨Dprimero habl¨® de 1.300 docentes¨D durante seis a?os entre las regiones que se comprometieran a asumir sus sueldos tras ese plazo (se estabilizar¨¢n) y a contratar a algo m¨¢s de 20% adicional de docentes con esa figura laboral de cara al curso que viene (han terminado siendo m¨¢s por su recuento de necesidades). Rezongando, y tras semanas de negociaciones, 11 comunidades gobernadas por el PP (incluida Canarias, donde forman parte del Ejecutivo presidido por Coalici¨®n Canaria), que aspiraban a que el Gobierno se hiciese cargo del 100% del coste, han terminado cediendo y han votado a favor del reparto del Programa de Incorporaci¨®n de Talento Docente e Investigador a las Universidades P¨²blicas Espa?olas en la Conferencia General de Pol¨ªtica Universitaria celebrada este mi¨¦rcoles. Entre todos pagar¨¢n el sueldo de 5.634 ayudantes doctores (entre 1.500 y 2.000 euros al mes, dependiendo de los complementos territoriales). Todas las regiones populares han votado a favor de los criterios menos Islas Baleares, que no est¨¢ de acuerdo, aunque el Ministerio de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades no descarta que termine firmando el convenio.

El Gobierno de Baleares ha votado en contra porque no quiere que el Estado financie 28 profesores, sino 238, que son los que a su juicio necesita su universidad hom¨®nima. La idea del ministerio es que el Gobierno regional costease otras 19. El Ejecutivo regional razona que no se tiene en cuenta ¡°las particularidades ni la idiosincrasia¡± de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). ¡°Es necesario recordar que el conocido popularmente como decreto Wert, permit¨ªa aumentar la carga docente a determinados profesores. La UIB aplic¨® el mencionado decreto Wert en toda su extensi¨®n, lo que hizo que hubiera un elevado n¨²mero del profesorado que estaba por encima de las 240 horas anuales de docencia (algunos estaban en 360 horas anuales). Ahora la LOSU no permite este extremo¡±, explico el Govern en una nota. Efectivamente, la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario reduce la carga lectiva de los profesores asociados de 180 a 120 horas. El caso de Baleares, que tiene sus propias figuras, con 360 horas, es muy inusual.

La sorpresa ha sido Madrid, que ha estado hablando durante semanas de ¡°convenio trampa¡±. En el portal El Debate, propiedad de la Asociaci¨®n Cat¨®lica de Propagandistas, el consejero Emilio Viciana desgran¨® su renuncia el pasado lunes. ¡°Estamos ante una intervenci¨®n de facto de la autonom¨ªa regional; una extorsi¨®n que obliga a firmar un manifiesto ideol¨®gico de adhesi¨®n a las pol¨ªticas de [el presidente Pedro] S¨¢nchez para poder recibir dinero que el ministerio est¨¢ obligado a dar; una trampa para la autonom¨ªa universitaria; una hipoteca inasumible para las arcas auton¨®micas (600 millones durante los pr¨®ximos seis a?os)¡±. Por eso ni los rectores madrile?os esperaban este volantazo de ¨²ltima hora.

Esos datos que se?ala el consejero no se sostienen. Cien millones de euros al a?o dar¨ªan para que Madrid contratase a 2.500 profesores ayudantes doctor (cada plaza en esta comunidad supone una inversi¨®n de unos 40.000 euros), cuando la propuesta de Morant al gobierno regional era que el ministerio costease el sueldo de 1.091 profesores y el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso a otros 657.

Las comunidades del PP han estado presionando todos estos meses al ministerio ¨Del plazo para negociar supuestamente terminaba a finales de abril¨D con el argumento del gran desembolso econ¨®mico que supone en seis a?os (las autonom¨ªas desde entonces sufragar¨¢n todas las plazas fijas y las universidades tienen que comprometerse por escrito a estabilizarles), pero la justificaci¨®n la desmontan los n¨²meros. En 2022 hab¨ªa ya a las puertas de la jubilaci¨®n 22.153 profesores titulares y catedr¨¢ticos con entre 59 y 70 a?os, con salarios y complementos de antig¨¹edad y producci¨®n mucho m¨¢s altos, y los funcionarios seguir¨¢n retir¨¢ndose en masa. No ser¨¢, pues, un esfuerzo econ¨®mico extra con tantas bajas. Culparon tambi¨¦n al Gobierno de negociar ¡°por detr¨¢s¡± con la conferencia de rectores (CRUE), sumamente interesada en que todos firmen el acuerdo. Su presidenta, Eva Alc¨®n, ha aplaudido que se hayan impuesto ¡°el di¨¢logo y la responsabilidad institucional¡±.

Antonio S¨¢nchez, diputado regional de M¨¢s Madrid y profesor asociado de filosof¨ªa griega y medieval, ha dialogado sobre este tema varias veces con el consejero Viciana y le resultaba incomprensible la jugada inicial: ¡°El 50% del profesorado madrile?o tiene m¨¢s de 50 a?os y el 30% se jubila en menos de 10 a?os. Es decir, quieran o no ¨Dsalvo que quieran desmantelar la universidad¨D, tendr¨ªan que incorporar a esos ayudantes doctor en los pr¨®ximos a?os¡±. Madrid, pese a estar a la cabeza en PIB, es la comunidad aut¨®noma que peor financia a sus universidades y, junto a Catalu?a, la que dispone de unos precios de matr¨ªcula m¨¢s caros. El pasado abril los seis rectores se juntaron en un acto para hacer una reivindicaci¨®n conjunta: ¡°Con los fondos no cubrimos los gastos de personal¡±.

La temporalidad en Espa?a en el sector p¨²blico alcanza el 12,8% y el compromiso con Bruselas es reducirla a por debajo del 8%, pero en el caso de las universidades se dispara hasta el 49% (la mitad de ellos profesores asociados), un porcentaje a ojos de Morant ¡°inadmisible, inaceptable¡±. La idea es que haya un reparto ¡°objetivo de las plazas¡± atendiendo a las necesidades ¡°dispares¡± de las universidades, se?ala Morant, porque algunas superan por poco el 20% ¨Dla intenci¨®n es que todas se queden por debajo de ese porcentaje¨D y otras llegan al 70%, en el caso de Baleares.

El ministerio supuestamente ha calculado la asignaci¨®n en proporci¨®n a los profesores asociados de cada universidad. La figura del asociado no se emplea mucho en la UNED, el Pa¨ªs Vasco, Extremadura, Andaluc¨ªa y Galicia, mientras que se ha abusado especialmente en Catalu?a ¨Dque ha dise?ado su propio plan de choque con 820 plazas en tres a?os y que es la que m¨¢s fondos va a recibir¨D, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. Ahora los asociados ganan de media entre 600 y 750 euros. El programa contempla que en esos seis a?os los ayudantes, ya doctorados, se acrediten como titulares gracias a la labor cient¨ªfica de ese per¨ªodo, en el que no dar¨¢n demasiadas clases.

Morant culpa del origen del problema a ¡°otros gobiernos¡± que aplicaron ¡°tasas de reposici¨®n casi cero, cuando las jubilaciones se sustitu¨ªan por ning¨²n profesor¡±. En realidad, con el ministro Crist¨®bal Montoro, del PP, llegaron los mayores recortes en los relevos, pero comenzaron en ¨¦poca del presidente socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. En 2011, el PSOE estableci¨® que solo se sustituyese a tres de cada 10 docentes (30%), y al a?o siguiente el PP impuso una tasa de reposici¨®n del 10%. Ello oblig¨® a los campus a buscar f¨®rmulas para que los j¨®venes talentos no emigrasen. En 2014 se subi¨® la tasa al 50% y en 2017 al 100%. A finales del 2021, con Manuel Castells como ministro, se elev¨® la tasa de reposici¨®n al 120%: por cada 10 profesores que se jubilan, las universidades pueden convocar 12 plazas estables. Pero el problema es que muchas no tienen dinero para pagar tantos nuevos sueldos y, por lo general, los gobiernos auton¨®micos no tienen entre sus prioridades dignificar las plantillas de los campus.

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