El PP acusa a Zapatero de odiar Madrid y de usar al fiscal general de forma partidista

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se defiende de las acusaciones de corrupci¨®n inmobiliaria en el ayuntamiento de Majadahonda ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, "odia y desprecia Madrid", y ha afirmado que el PSOE usa " todas las instituciones de Estado de forma partidista", entre ellas la Fiscal¨ªa General del Estado.

Granados ha hecho estas acusaciones un d¨ªa despu¨¦s de que el fiscal general de Estado haya pedido a Anticorrupci¨®n que investigue la presunta trama urban¨ªstica en dicha localidad madrile?a, gobernada por el PP. El n¨²mero dos de Esperanza Aguirre en el partido asegura que Zapatero trata de "asfixiar y parar" el progreso de la Comunidad "con todos los medios que tiene a su alcance". Y pone ejemplos: "el intento de ¨¦ste de rebajar un 25% las inversiones previstas en la regi¨®n en los Presupuestos Generales del Estado", la "utilizaci¨®n" del Ministerio de Industria para "deportar" instituciones a otras comunidades. Sin olvidar la "detenci¨®n irregular" de dos manifestantes afiliados al PP.

Seg¨²n la denuncia de dos concejales socialistas sobre presuntas presiones para la adjudicaci¨®n a la empresa Afar-4 de dos parcelas municipales en Majadahonda para edificaci¨®n de viviendas. Conde-Pumpido ha ordenado la investigaci¨®n dado el "inter¨¦s p¨²blico" que tiene la venta de suelo p¨²blico destinado a viviendas, y la afirmaci¨®n de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la localidad, Narciso de Fox¨¢, est¨¢n relacionados con los hechos.

La denuncia, acompa?ada por dos carpetas de documentaci¨®n, fue presentada en la Fiscal¨ªa General del Estado el pasado d¨ªa 21 por los concejales del PSOE Ricardo N¨²?ez y Manuel Fort. Seg¨²n el escrito, en fechas posteriores al 2 de noviembre de 2004 miembros del PP del ¨¢mbito municipal de Majadahonda, de ¨¢mbito regional y constructores privados presionaron al entonces alcalde de la localidad, Guillermo Ortega, para evitar que dos parcelas de propiedad municipal fueran adjudicadas a Proinsa, una de las 12 sociedades que tomaba parte en la licitaci¨®n.

Seg¨²n los denunciantes, el arquitecto municipal modific¨® un informe t¨¦cnico emitido el 13 de diciembre de 2004 sobre calidad de dise?o y adecuaci¨®n medioambiental y emiti¨® uno nuevo, fechado el 20 de diciembre, a consecuencia del cual Afar-4 recib¨ªa la mejor calificaci¨®n global.

El valor de ambas parcelas asciende a 48 y 35,2 millones de euros, respectivamente. Seg¨²n los denunciantes, la consecuencia de los comportamiento descritos ser¨¢ la finalizaci¨®n del concurso declar¨¢ndolo desierto, a pesar de la presentaci¨®n de doce propuestas dentro de los criterios exigidos.

El escrito afirma que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de tr¨¢fico de influencias y un delito de prevaricaci¨®n. Aunque no se atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad penal por los hechos, los denunciantes afirman que en ellos intervinieron la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y Narciso de Fox¨¢, actual alcalde de Majadahonda.

Los delitos de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias son de la competencia de Anticorrupci¨®n cuando revisten la especial trascendencia de que pueden atribuirse a altos cargos.