El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps

Francisco Camps est¨¢ a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por haber aceptado regalos de las empresas de la trama G¨¹rtel. El Tribunal Supremo ha decidido esta ma?ana reabrir el caso contra el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, al admitir los recursos de la fiscal¨ªa y del PSPV-PSOE contra el archivo acordado a principios de agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV). Camps vuelve a estar imputado y la causa ser¨¢ ahora devuelta a Valencia, donde el instructor de las diligencias, el magistrado Jos¨¦ Flors, previsiblemente confirmar¨¢ el cierre de la investigaci¨®n y abrir¨¢ el juicio oral, en el que el presidente valenciano afrontar¨¢ la acusaci¨®n ante un jurado popular en unos meses.

La imputaci¨®n sit¨²a al jefe del Gobierno valenciano ante el abismo de su carrera pol¨ªtica, a pesar de que en los ¨²ltimos d¨ªas el PP valenciano, e incluso el l¨ªder nacional del partido, Mariano Rajoy, hayan insistido en que la reapertura del caso no implica el fin de Camps, que est¨¢ dispuesto a aguantar en el cargo. "No va a pasar absolutamente nada" con la decisi¨®n del Supremo, dijo ayer mismo el portavoz popular en las Cortes valencianas, Rafael Blasco.

Si Camps se mantiene en el cargo, esta ser¨¢ la primera vez que se sentar¨¢ en el banquillo un presidente de la Comunidad Valenciana. Lo har¨¢ acusado de recibir trajes y otras prendas valoradas en m¨¢s de 12.000 euros de una trama corrupta que logr¨® contratos con la Generalitat por m¨¢s de 7,2 millones de euros y que se ha encargado durante a?os de los actos del PP valenciano. Junto a Camps, el magistrado Jos¨¦ Flors imput¨® por el mismo delito al ex vicepresidente del Consell V¨ªctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano y diputado auton¨®mico Ricardo Costa. El juicio lo presidir¨¢ el magistrado progresista Juan Climent, ya que es el ¨²nico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que no ha actuado en esta causa.

Con la resoluci¨®n acordada esta ma?ana, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado un auto de archivo del TSJ valenciano que exoner¨® a Camps a partir de una pol¨¦mica interpretaci¨®n del delito de cohecho pasivo impropio. El art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal afirma que incurre en ese delito "la autoridad o funcionario p¨²blico que admitiere d¨¢diva o regalo que le fueren ofrecidos en consideraci¨®n a su funci¨®n o para la consecuci¨®n de un acto no prohibido legalmente", y prev¨¦ una pena de multa de tres a seis meses. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano cerr¨® el caso con los votos a favor del presidente del TSJCV, Juan Luis de la R¨²a, del que Camps hab¨ªa afirmado que es "m¨¢s que amigo", y del magistrado Jos¨¦ Francisco Ceres, repescado tras rechazar el Supremo su nombramiento. Ambos defendieron que los regalos recibidos por los imputados no son constitutivos de delito al no existir una relaci¨®n de "causalidad" entre los presentes a los pol¨ªticos y los beneficios logrados por la red G¨¹rtel.

El tercer magistrado, Juan Montero, discrep¨® de esa interpretaci¨®n en un voto particular en el que abog¨® por mantener abierta la investigaci¨®n. No obstante, coincidi¨® con sus compa?eros de tribunal en exonerar a Ricardo Costa por ser un cargo del partido sin capacidad para adjudicar contratos de la Generalitat a la trama.

Frente a los magistrados del TSJ que no vieron delito en los regalos pese a los numerosos contratos conseguidos por la trama, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el PSPV-PSOE han argumentado que el cohecho pasivo impropio existe desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario en consideraci¨®n a su cargo, aunque esa d¨¢diva no suponga la realizaci¨®n inmediata de ning¨²n acto concreto por parte de este. En su opini¨®n, el TSJCV prescindi¨® del hecho de que los regalos se pudieran hacer en consideraci¨®n a la funci¨®n de Camps y s¨®lo tuvieron en cuenta si los presentes se entregaron a cambio de una contraprestaci¨®n concreta.

El auto de archivo ahora revocado, sin embargo, dej¨® claro que Camps y el resto de imputados hab¨ªan aceptado regalos de las empresas de la red G¨¹rtel, especialmente de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, responsable de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta. Las empresas de la red G¨¹rtel en Valencia multiplicaron por 10 sus contratos con la Administraci¨®n auton¨®mica cuando comenzaron a hacer regalos a altos cargos valencianos.

Camps siempre ha negado las acusaciones. En mayo de 2009, insisti¨® en su declaraci¨®n ante el instructor del caso en el TSJ, el magistrado Jos¨¦ Flors, en que hab¨ªa pagado sus trajes, pero no aport¨® justificante alguno. Flors no le crey¨® y vio indicios suficientes para continuar el procedimiento. Adem¨¢s, en su auto de julio de 2009 para cerrar las diligencias previas, desmont¨® algunas de las explicaciones que dieron los imputados. Todos ellos intentaron distanciarse de El Bigotes tras estallar el esc¨¢ndalo, pero el magistrado puso de manifiesto que exist¨ªa "una relaci¨®n personal con ?lvaro P¨¦rez". As¨ª se constata tambi¨¦n en las numerosas conversaciones grabadas a miembros de la trama durante la investigaci¨®n judicial del caso G¨¹rtel, entre ellas una en la que el propio Camps llama a El Bigotes "amiguito del alma" o aquella en la que la esposa del jefe del Gobierno valenciano, Isabel Bas, comenta a P¨¦rez que se ha pasado "un huevo" con su regalo de Navidad.

Para Flors hab¨ªa indicios racionales de que Camps y los dem¨¢s imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al admitir los regalos pagados por Orange Market, una empresa "que obten¨ªa con asiduidad la adjudicaci¨®n de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalitat".

El instructor, no obstante, no investig¨® los contratos. En febrero de 2009, el TSJCV recibi¨® de manos del juez Baltasar Garz¨®n una causa que apuntaba indicios de cohecho, de tr¨¢fico de influencias y de financiaci¨®n irregular del PP, pero la sala que preside De la R¨²a s¨®lo admiti¨® investigar el asunto de los trajes, que al final archiv¨®. Durante la instrucci¨®n de la parte valenciana del caso, y tambi¨¦n en estos meses posteriores al sobreseimiento, la investigaci¨®n del sumario G¨¹rtel en el TSJ de Madrid ha arrojado nuevos datos y ha afianzado los indicios de la estrecha relaci¨®n entre las empresas de la trama liderada por Francisco Correa (encarcelado) y la Generalitat valenciana.

Las sospechas de una supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, que ahora ha confirmado un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario, ya las apuntaba un informe de la brigada de blanqueo de la Polic¨ªa Nacional que fue remitido al TSJ valenciano d¨ªas antes del sobreseimiento de la causa de Camps. Los magistrados lo ignoraron, pero meses despu¨¦s, con una querella de los socialistas valencianos por financiaci¨®n ilegal sobre la mesa, el propio TSJ admiti¨® que el asunto deb¨ªa investigarse, si bien se declar¨® no competente para hacerlo porque ya instru¨ªa al respecto el magistrado Antonio Pedreira en Madrid. Este ha admitido recientemente al PSPV-PSOE como acusaci¨®n popular.

En el sumario tambi¨¦n hay documentaci¨®n extensa sobre los contratos de Canal 9 para organizar la visita del Papa a Valencia en 2006, entre ellos el de sonorizaci¨®n de los actos y la instalaci¨®n de pantallas que se adjudic¨® a Teconsa y que permiti¨® a la red de Correa embolsarse m¨¢s de un mill¨®n de euros en comisiones ilegales. Adem¨¢s, otro informe, en este caso de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJ madrile?o, desvela que la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejer¨ªas y ocho organismos p¨²blicos de la Generalitat adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta por 7,2 millones de euros. En la mayor¨ªa de los casos, se adjudicaron a dedo y se fraccionaron para evitar la convocatoria de concursos p¨²blicos.