La fiscal¨ªa perseguir¨¢ las irregularidades en los centros de reconocimiento de conductores

La Fiscal¨ªa General del Estado ha dado instrucciones a la Polic¨ªa Judicial para que investigue los centros de reconocimiento m¨¦dico de conductores que act¨²an de forma irregular. Seg¨²n el fiscal de Seguridad Vial, Bartolom¨¦ Vargas, se abrir¨¢ una investigaci¨®n "en profundidad" de forma "inminente" para detectar los casos en los que se falsifican los informes m¨¦dicos, en los que no se realiza reconocimiento m¨¦dico alguno, o donde se certifican unas aptitudes sin tener en cuenta lo establecido legalmente.

"Hay una cifra negra, dif¨ªcil de determinar, de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o con permiso de conducci¨®n expedido o renovado sin tener las facultades m¨ªnimas para la conducci¨®n", se?ala la Memoria de 2010 de la Fiscal¨ªa de la Seguridad Vial, que hoy ha presentado Vargas. Seg¨²n el fiscal, aunque la mayor parte de los profesionales ejercen su trabajo de forma "ejemplar", existe un n¨²mero de lo que ha denominado "centros clandestinos", es decir, que "no tienen los facultativos exigidos por la ley", que "carecen de los instrumentos adecuados", o que expiden certificados m¨¦dicos solo por dinero.

La Fiscal¨ªa de Seguridad Vial impulsar¨¢ "la v¨ªa penal" contra este tipo de actividades delictivas para impedir que los conductores "que ponen en grave riesgo la seguridad vial" est¨¦n en las carreteras. "Estamos ante casos de falsedad documental" castigados con penas de entre tres meses y seis a?os de c¨¢rcel y multas de seis a 12 meses, ha asegurado Vargas, que ha prometido intentar acabar con "la picaresca y la impunidad". El fiscal ha recordado que parte de los ciudadanos son responsables de esta problem¨¢tica por elegir, de manera consciente, centros a la carta.

La Direcci¨®n General de Tr¨¢fico (DGT) comunicar¨¢ al fiscal los casos m¨¢s graves detectados. Vargas no ha querido cuantificar los casos que se pueden estar produciendo, pero s¨ª ha avanzado que es un "porcentaje creciente". Junto al fiscal ha comparecido ante la prensa, en Madrid, Jos¨¦ Ignacio Landaluce, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Centros M¨¦dico-Psicot¨¦cnicos (Asecemp), que ha revelado que ese porcentaje puede estar en torno al 5%. En Espa?a hay unos 2.000 centros encargados de valorar los aptitudes para ponerse al volante.

Hace solo unos meses el Gobierno aprob¨® el reglamento de estos establecimientos, que reforzaba las medidas para evitar regularidades. Entre las novedades que presentaba el texto est¨¢ la obligaci¨®n de los centro de transmitir telem¨¢ticamente todos los datos a la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico, que incrementar¨¢ tambi¨¦n el control y la inspecci¨®n a estos centros.

El papel de los m¨¦dicos

Vargas ha recordado que el carn¨¦ de conducir no solo puede perder su vigencia por la p¨¦rdida de puntos sino tambi¨¦n cuando se constata la p¨¦rdida de conocimientos, habilidades y aptitudes psicof¨ªsicas. Por ello, la Fiscal¨ªa de Seguridad Vial ha propuesto un protocolo para que los m¨¦dicos contribuyan a impedir que los conductores incapacitados se pongan al volante.

De acuerdo con este protocolo, basado en un principio de proporcionalidad, cuando los facultativos tengan conocimiento de la inminente "comisi¨®n de un delito de tr¨¢fico", deber¨¢n intentar resolverlo con el tratamiento terap¨¦utico con el paciente. En caso de que no d¨¦ resultado, podr¨¢n ponerlo en conocimiento de los familiares y, en ¨²ltima instancia, acudir a las autoridades administrativas y judiciales.

Nuevo baremo de indemnizaciones

La Fiscal¨ªa de Seguridad Vial ha hecho tambi¨¦n una serie de recomendaciones para modificar la compensaci¨®n econ¨®mica que perciben las v¨ªctimas de tr¨¢fico por parte de las aseguradoras. Seg¨²n la fiscal Elena Ag¨¹ero, "es un baremo muy r¨ªgido" que data del a?o 1995 y que ha quedado desfasado con respecto a los baremos que se manejan en Europa.

Ag¨¹ero ha apostado por elaborar un baremo m¨¢s abierto que incluya cl¨¢usulas para "recoger circunstancias que ahora quedan fuera y que no son indemnizadas". En concreto, la fiscal ha aludido cualquier tratamiento o asistencia hospitalaria, m¨¦dica o farmac¨¦utica posterior a la consolidaci¨®n de las secuelas.