Sierra Leona se queda sin tierra cultivable
Proyectos agroindustriales y mineros desplazan y empobrecen a cientos de campesinos
Sierra Leona atrae flujos significativos de Inversi¨®n Extranjera Directa (IED); esto es, capitales for¨¢neos para la creaci¨®n de empresas agr¨ªcolas, industriales y de servicios, principalmente. Este fen¨®meno comenz¨® hace a?os, pero en 2014 se detuvo cuando la Organizaci¨®n Mundial de la Salud declar¨® la epidemia de ¨¦bola. Ahora, tras superarse esa crisis, de nuevo se ha acentuado. En el peque?o pa¨ªs de ?frica Occidental est¨¢s operaciones est¨¢n orientadas, mayoritariamente, a la miner¨ªa y a la agroindustria para la exportaci¨®n y suelen involucrar acuerdos de tierras a gran escala facilitados y negociados por funcionarios gubernamentales, pol¨ªticos locales y jefes tradicionales.
La realidad dista mucho de las expectativas de una vida mejor
Las personas y comunidades afectadas por la expropiaci¨®n forzosa de tierras que acompa?an a estos proyectos supon¨ªan que iban a recibir compensaciones justas que les permitir¨ªan mejorar sus vidas y, adem¨¢s, esperaban encontrar oportunidades de empleo remunerado con las empresas multinacionales beneficiarias de estos acuerdos. Pero la realidad dista mucho de esas expectativas y promesas. Esto ha creado una frustraci¨®n que se traduce en un aumento de la tensi¨®n social en el pa¨ªs.
Entre 2009 y 2012, al menos 1.154.770 hect¨¢reas, cerca del 21.4% del total de la tierra cultivable de Sierra Leona fueron cedidas para proyectos de agroalimentaci¨®n, estimaba el informe Who is benefiting? elaborado por la coalici¨®n de ONG Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) en 2013. Estas cifras no contabilizan las concesiones realizadas en el sector minero.
Desde que se public¨® aquel estudio no se cuenta con nuevos datos fiables sobre el total de tierra usurpada por compa?¨ªas extranjeras en Sierra Leona. Sin embargo, activistas medioambientales y de derechos humanos apuntan a que el porcentaje ha seguido en aumento una vez que la epidemia de ¨¦bola se declar¨® oficialmente terminada en marzo de 2016.
Uno de los sectores que m¨¢s inversiones ha recibido en Sierra Leona es el de la bioenerg¨ªa. Addax Bioenergy, una filial de Addax and Oryx Group, con sede en Suiza, es el mayor inversor en este campo. Su caso sirve para analizar este tipo de proyectos. La apuesta de la compa?¨ªa en el norte de Sierra Leona fue aprobada como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en conformidad con el art¨ªculo 12 del Protocolo de Kioto. Esta norma permite a los gobiernos de los pa¨ªses industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para cumplir con las metas de reducci¨®n de gases de efecto invernadero (GEI). No cabe duda de que fue una buena noticia al tratarse del primer proyecto de generaci¨®n de energ¨ªa a base de ca?a de az¨²car para la producci¨®n de etanol que adquir¨ªa el sello de MDL en ?frica, como anunci¨® en su d¨ªa el peri¨®dico Awoko.
Desde un principio, la empresa, adem¨¢s de dejar claro que su objetivo principal es la exportaci¨®n, declar¨® que iba a generar 120 GWh al a?o destinados a la red el¨¦ctrica sierraleonesa. Esto le gener¨® grandes elogios por parte del presidente Ernest Bai Koroma durante un discurso en el Parlamento nacional. El problema de la electricidad es uno de los muchos que acucian al Gobierno del pa¨ªs que no termina de cumplir su promesa de conducir la energ¨ªa a las principales ciudades. Adem¨¢s, en aquellas partes donde llega los cortes son frecuentes.
Esta inversi¨®n ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas
A pesar de todo esto, Addax Bioenergy ha sido criticada por ONG locales e internacionales (basta ver el informe de ALLAT como ejemplo de ello). Estas organizaciones alegan que esta inversi¨®n ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas: compensaciones insuficientes a los due?os de la tierra, desplazamiento de poblaciones, bajos salarios e incumplimiento de las expectativas de generaci¨®n de empleo. Adem¨¢s, los privilegios y exenciones de impuestos otorgadas a esta, y otras compa?¨ªas, pueden suponer p¨¦rdidas de millones de euros para el Estado sierraleon¨¦s, denuncia ALLAT.
Este caso sirve para entender las incertidumbres y ambig¨¹edades que acompa?an a la entrada de IED en la miner¨ªa y la agroindustria de Sierra Leona, y de muchos otros pa¨ªses africanos. Los donantes internacionales, los inversores, el Gobierno y tambi¨¦n muchos sierraleoneses de clase alta y media (profesionales, empresarios, elites¡) resaltan las perspectivas de desarrollo asociadas a las IED. Sin embargo, la mayor¨ªa de los sierraleoneses todav¨ªa luchan por poder sobrevivir en una naci¨®n donde, a pesar de estas inversiones millonarias, m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n vive por debajo de la l¨ªnea de la pobreza y el pa¨ªs ocupa el puesto 179 (de 188) en el ¨²ltimo ?ndice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.
Podr¨ªamos tambi¨¦n haber elegido como ejemplo a una de las empresas que han conseguido concesiones en el sector minero. Este es el caso de African Minerals Limited, recogido por Human Right Watch (HRW) en el informe Whose Development? Human Rights Abuses in Sierra Leone¡¯s Mining Boom, y que en noviembre de 2015 fue denunciada ante un tribunal londinense por los residentes de las aldeas cercanas a la explotaci¨®n a la que acusan de desalojarlos de sus comunidades y tierras con m¨¦todos violentos.
En el sector de la miner¨ªa es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores
En el sector de la miner¨ªa es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Aquellos que han conseguido un empleo se quejan de la prohibici¨®n de afiliarse a los sindicatos, de los bajos salarios, de la falta de seguridad en el trabajo y del tratamiento racista que reciben por parte de los expatriados. Esto ha originado algunas huelgas que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad sierraleonesas, como bien recoge el informe de HRW.
Independientemente de los elogios que estas compa?¨ªas puedan recibir, la realidad es que la usurpaci¨®n de tierras est¨¢ teniendo un efecto negativo en la lucha contra la pobreza. Ni siquiera los que consiguen ser empleados por las nuevas compa?¨ªas pueden sentirse privilegiados en su nueva situaci¨®n.
Periodistas sierraleoneses denuncian que estas inversiones no reducen la alta tasa de paro del pa¨ªs
Desde hace tiempo, algunos periodistas sierraleoneses denuncian que, a pesar de los argumentos utilizados por el Gobierno para seguir apoy¨¢ndolas, estas inversiones extranjeras a gran escala no est¨¢n reduciendo la alta tasa de desempleo que tiene el pa¨ªs. Afirman que muchas de las empresas detr¨¢s de estas operaciones, como es el caso de Addax o Socofim, han realizado muchas promesas que son dif¨ªciles de verificar ya que los acuerdos firmados no son transparentes. Adem¨¢s, dudan de que las tierras est¨¦n siendo tasadas de acuerdo con el verdadero precio de mercado. Tambi¨¦n en este punto existe mucha opacidad. Y advierten de que de mantenerse el actual ritmo de concesiones, el pa¨ªs se quedar¨¢ sin tierra cultivable en un futuro no muy lejano.
¡°En realidad, los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras por una miseria. La mayor¨ªa de las esperanzas de mejores medios de vida, m¨¢s empleos y mejores escuelas para los hijos no se han hecho realidad. Los acuerdos de tierras a gran escala han hecho que miles de peque?os agricultores sean hoy mucho m¨¢s pobres¡±, afirma Elijah Grega en un art¨ªculo publicado en Development and Cooperation.
Fruto de todos estos abusos, la tensi¨®n social est¨¢ creciendo en el pa¨ªs. La gente est¨¢ enojada porque los inversores, que se llenan la boca de palabras como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no est¨¢n respetando las promesas hechas. Sin embargo, el Gobierno s¨ª les ofrece importantes recortes de impuestos y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y resistencia de los agricultores que se ven expulsados de sus tierras o de los mineros que reclaman mejoras laborales. Al mismo tiempo, los activistas por los derechos de la tierra est¨¢n siendo criminalizados y algunos han sido condenados a prisi¨®n por los tribunales, afirma Grega.
Lo ¨²nico positivo de esta situaci¨®n es que los agricultores han comenzado a organizarse y a alinearse con los defensores de derechos humanos. Tras varios a?os sin poder ejercer ninguna presi¨®n debido a los toques de queda impuestos por el Gobierno para prevenir la expansi¨®n del ¨¦bola, finalmente retomaron sus acciones. Esto ha empujado al Ejecutivo a aprobar una nueva ley de Propiedad de la tierra, que fue firmada por el presidente el pasado 23 de marzo.
Algunos activistas que consultados afirman que no es un mal documento y que puede significar el principio de algunos cambios. Pero dudan de la voluntad del Gobierno para desarrollarlo e implementar sus propias disposiciones. De todas formas, han decidido darle un voto de confianza hasta ver qu¨¦ sucede realmente. A cambio piden, como gesto de buena voluntad, que no se otorguen nuevas concesiones de tierra, o al menos se disminuya su ritmo, hasta que se pongan en marcha las nuevas reformas. Por ahora, todo indica a que no se est¨¢ teniendo en cuenta esta petici¨®n, por lo que es posible que la tensi¨®n social siga en aumento en Sierra Leona y desemboque en actos violentos en los pr¨®ximos meses, indican las mismas fuentes.
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