Agroindustria y violencia

El grupo multinacional agroindustrial Socfin no deja de recibir quejas y denuncias en los diversos pa¨ªses africanos donde opera: Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Camer¨²n. En todos ellos mantiene enormes plantaciones de palmeras de aceite o de ¨¢rboles de caucho. En 2016, la compa?¨ªa, controlada por la familia belga Fabri y el grupo franc¨¦s Bollor¨¦ (liderado por Vicent Bollor¨¦), anunci¨® su llamada pol¨ªtica de gesti¨®n responsable. Esta fue aprobada para ¡°completar y sustituir los compromisos de desarrollo sostenible del grupo, formalizados en 2012¡±, dice su p¨¢gina.

M¨¢s informaci¨®n

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Nuevas amenazas para la reserva del Dja, en Camer¨²n

Socfin no parece seguir sus propias normas ya que, seg¨²n se asegura en un informe de la organizaci¨®n Farmlandgrab, sus intervenciones en el terreno conllevan "usurpaci¨®n de tierras a comunidades locales, desplazamiento de estas, explotaci¨®n laboral, destrucci¨®n del medioambiente, incumplimiento de promesas, represi¨®n por parte de la polic¨ªa o el ej¨¦rcito, muertes y encarcelamiento de l¨ªderes comunitarios y activistas medioambientales..."

La nueva pol¨ªtica de gesti¨®n responsable se refiere a normas medioambientales estrictas, respeto a los derechos humanos, transparencia, certificado de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) que garantiza que el aceite de palma es ecol¨®gico y sostenible, o buena gesti¨®n entre otras medidas. Pero dado el historial de esta empresa, ?por qu¨¦ deber¨ªamos creer que ahora s¨ª va a cumplir sus propias normas y cambiar su trayectoria? Esto es lo que se ha preguntado Farmlandgrab, una organizaci¨®n que lucha contra el acaparamiento de tierras en todo el mundo. Por ese motivo ha analizado lo que est¨¢ sucediendo en el terreno en algunos de los pa¨ªses en los que esta empresa promueve plantaciones de caucho y palma de aceite.

El resultado est¨¢ recogido en Socfin¡¯s plantations in Africa: Many places of violence and destruction (Las plantaciones en ?frica de Socfin: demasiados lugares de violencia y destrucci¨®n). Este an¨¢lisis revela la gran brecha que existe entre la denominada gesti¨®n responsable y la realidad de violencia y destrucci¨®n en torno a las plantaciones que, con la complicidad de los gobiernos nacionales, intentan suprimir la resistencia popular. Vemos con m¨¢s detalle lo que sucede en los diversos pa¨ªses:

Nigeria

Ha continuado con la desforestaci¨®n del terreno para ampliar sus plantaciones de palma de aceite

En 1990, Socfin adquiri¨® gran parte de la empresa estatal Okomu Oil Palm Company PLC dedicada a la plantaci¨®n de palmeras y caucho industrial. En 1998, cuatro aldeas fueron destruidas y sus tierras entregadas a Okomu, en el estado de Edo. Cuando dos a?os m¨¢s tarde el pueblo de Makilolo iba a ser desalojado, sus habitantes se resistieron. Las fuerzas de seguridad de la compa?¨ªa lo bloquearon e impidieron cualquier contacto con el mundo exterior. La presi¨®n consigui¨® que parte de los habitantes firmaran un acuerdo de cesi¨®n de sus tierras a Okomu. A cambio esta les permit¨ªa vivir en su aldea y continuar con sus labores diarias. Sin embargo, la empresa solo dej¨® 50 hect¨¢reas como una donaci¨®n para la comunidad y, adem¨¢s, impuso restricciones sobre su uso, como limitar el derecho a sembrar cultivos alimenticios. Adem¨¢s, el r¨ªo del que depend¨ªa el pueblo para su abastecimiento de agua se contamin¨® con agrotoxinas utilizadas en plantaciones de palmeras de aceite.

Tras varios litigios, en 2015, el gobierno estatal de Edo orden¨® la revocaci¨®n de los acuerdos de tierras firmados por Okomu que afectan a unas 13.750 hect¨¢reas. Pero hasta ahora la empresa ha desatendido la orden y ha militarizado sus ¨¢reas de operaciones. Bajo este escudo militar, ha continuado con la desforestaci¨®n del terreno para ampliar sus plantaciones de palma de aceite. Como resultado, m¨¢s de 20.000 campesinos y sus comunidades, que dependen de la selva para sobrevivir, han sido desplazados.

El pasado 21 de junio, a pesar de los intentos de intimidaci¨®n por parte de las fuerzas de seguridad, comunidades afectadas por las operaciones de Okomu organizaron una protesta masiva contra la complicidad del actual gobernador del Estado de Edo con las actividades de la compa?¨ªa.

Sierra Leona

Desde que en 2011, Socfin desembarcase en este pa¨ªs, hemos seguido sus actividades en estas p¨¢ginas. En ese a?o lleg¨® a la zona de Malen en el Distrito de Pujehun, en la Provincia Sur. En este caso, la empresa pag¨® 200 d¨®lares por acre expropiado a sus propietarios, por un periodo de 50 a?os. Adem¨¢s, paga un alquiler anual de 5 d¨®lares por acre, de los cuales la mitad corresponde al propietario y la otra a las autoridades locales y al gobierno central. Estas cantidades son rid¨ªculas, si tenemos en cuenta que las familias podr¨ªan ganar m¨¢s de 200 d¨®lares por acre al a?o si trabajaran sus tierras. y los pocos miembros de la comunidad que podr¨ªan obtener puestos de trabajo en la empresa reciben muy poco.

Los trabajadores? denuncian violencia, abusos y arrestos

Socfin quer¨ªa desplazar algunas comunidades, pero la gente se resisti¨® y cre¨® la Organizaci¨®n de Propietarios y Usuarios de Malen (MALOA) despu¨¦s de que 40 campesinos fueran arrestados por la polic¨ªa durante una protesta contra las actividades de Socfin en 2011. Desde entonces no cesa el acoso a los dirigentes de esta organizaci¨®n: detenciones incluso durante meses, sin juicio, causas penales, multas (de alrededor de 35.000 d¨®lares). La ¨²ltima de estas les ha sido impuesta el pasado mes de julio.

Los pocos vecinos que han conseguido un puesto de trabajo en las plantaciones se quejan de las malas condiciones laborales, especialmente para las mujeres, y de los sueldos que no llegan ni para pagar el colegio de los hijos. Tambi¨¦n hablan de violencia, abusos y arrestos.

Los miembros de MALOA han organizado sentadas de protesta y exigen una revisi¨®n del acuerdo de concesi¨®n, as¨ª como una investigaci¨®n independiente de sus quejas. Tambi¨¦n piden la aplicaci¨®n de las recomendaciones contenidas en el informe sobre la investigaci¨®n dirigida por la Agencia de Protecci¨®n Medioambiental sobre la contaminaci¨®n del r¨ªo Malen por los productos qu¨ªmicos utilizados por Socfin. Igualmente, pide la devoluci¨®n de algunas de las tierras de cultivo a la comunidad y una compensaci¨®n adecuada por sus tierras y sus cultivos, lo que supondr¨ªa una peque?a mejora de la situaci¨®n actual. Sin embargo, saben que sin sus tierras su situaci¨®n nunca ser¨¢ la misma y por tanto luchar¨¢n hasta recuperarlas en su totalidad. La ¨²ltima gran acci¨®n tuvo lugar el 21 de septiembre cuando una manifestaci¨®n de unas doscientas mujeres de MALOA y otras asociaciones que se dirig¨ªa a la capital del distrito a pedir a las autoridades que tomen acciones contra Socfin fue disuelta por la polic¨ªa.

Liberia

En este pa¨ªs, Socfin opera desde 1983, a trav¨¦s de dos de sus filiales: Liberian Agricultural Company (LAC) y Salasa Rubber Corporation (SRC) y controla casi 130 mil hect¨¢reas de tierra gracias a las concesiones obtenidas del gobierno. De ellas 18.000 est¨¢n destinadas a plantaciones de caucho.

Las comunidades en y alrededor de las plantaciones sufren pobreza extrema, asegura Farmlandgrab. Ya en 2006, la Misi¨®n de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) public¨® un informe que describ¨ªa la grave situaci¨®n de los derechos humanos en las plantaciones: uso de menores de 14 a?os, uso generalizado de la subcontrataci¨®n, uso de productos cancer¨ªgenos, persecuci¨®n de los sindicatos, despidos arbitrarios, relaciones con las milicias privadas y su uso para el desalojo de los campesinos que obstaculizan la expansi¨®n de las plantaciones. Desde entonces la situaci¨®n de estas comunidades no ha cambiado.

Camer¨²n

Tambi¨¦n hemos seguido de cerca el caso de este pa¨ªs en esta secci¨®n. En 2000, la empresa p¨²blica Socapalm fue privatizada y vendida al grupo Socfin. En 2005, el estado le aseguraba la disponibilidad de 20 mil hect¨¢reas de tierra, sin informar a las comunidades de los acuerdos de compra con Socfin. En la actualidad, la empresa contin¨²a con la expansi¨®n de sus plantaciones de palmera de aceite en terrenos pertenecientes a las comunidades, sin pagar alquiler o compensaci¨®n por ello, denuncia Farmlandgrab.

Vicent Bollor¨¦ no asumi¨® ninguna responsabilidad por los problemas y violaciones causados por su compa?¨ªa

En 2010, las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin formaron la Asociaci¨®n Nacional de Poblaciones Campesinas y Rurales de Camer¨²n (SYNAPARCAM), que fue reconocida por el gobierno en 2014.

SYNAPARCAM junto a organizaciones de otros pa¨ªses como la sierraleonesa MALOA, crearon una alianza de personas afectadas por Socfin. En 2013, organizaron acciones en cuatro pa¨ªses para protestar contra la multinacional y reivindicar sus derechos como comunidades. Como resultado de estas acciones, en octubre de 2014, se produjo un encuentro entre estas asociaciones y Vicent Bollor¨¦ en Par¨ªs. Pero este no asumi¨® ninguna responsabilidad por los problemas y violaciones causados por su compa?¨ªa y les remiti¨® a las filiales nacionales de esta. Desde entonces no ha habido ning¨²n avance significativo en el di¨¢logo.

Anteriormente, en 2010, varias ONG camerunesas presentaron una denuncia contra Socfin ante la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE), en la que acusaban a la compa?¨ªa de afectar negativamente los medios de vida tradicionales de las personas y los trabajadores de las plantaciones. La OCDE la tom¨® en consideraci¨®n y elabor¨® un plan de acci¨®n para responder a estos alegatos, pero la compa?¨ªa no lo ha aplicado.

SYNAPARCAM contin¨²a con sus protestas para exigir el acceso de las comunidades afectadas por Socfin a 250 hect¨¢reas de tierra alrededor de sus aldeas.

Conclusiones

Despu¨¦s de analizar estos casos, Farmlandgrab concluye que mientras Socfin formula pol¨ªticas y planes de responsabilidad, como los que indic¨¢bamos al inicio, sus pr¨¢cticas sobre el terreno son totalmente opuestas. A diario, miles de personas se enfrentan a la destrucci¨®n de las tierras de sus comunidades, sus medios de subsistencia y cultura y a una violencia severa en muchas ¨¢reas cercanas a las plantaciones de la empresa. Esta act¨²a con total impunidad bajo la protecci¨®n de los gobiernos locales que utilizan a la polic¨ªa y al ej¨¦rcito para reprimir cualquier intento de protesta ante estos abusos y, a pesar de ello, las comunidades locales siguen resistiendo.