La cient¨ªfica que denunci¨® los contratos ilegales gana su batalla judicial

La cient¨ªfica Cristina Garc¨ªa acaba de conseguir una victoria agridulce en su batalla legal contra el Estado. Esta licenciada en qu¨ªmica especialista en protecci¨®n radiol¨®gica trabaj¨® durante una d¨¦cada en el Centro de Investigaciones Energ¨¦ticas, Tecnol¨®gicas y Medioambientales (Ciemat), uno de los siete organismos p¨²blicos de investigaci¨®n que dependen del Ministerio De Econom¨ªa. Lleg¨® a ser supervisora de dos de sus laboratorios, entre ellos el que calibra las m¨¢quinas de radioterapia que se usan en muchos hospitales para tratar a enfermos de c¨¢ncer. Durante una d¨¦cada encaden¨® contratos temporales con cargo a diferentes proyectos de investigaci¨®n. En 2016, cuando expiraba su ¨²ltimo contrato y sin tener la garant¨ªa de que tendr¨ªa uno nuevo, la cient¨ªfica denunci¨® su situaci¨®n. Los tribunales declararon sus contratos en fraude de ley y condenaron al Ciemat a indemnizarla o readmitirla.

Su caso no es ni mucho menos ¨²nico, pero s¨ª especial. Hay cientos de sentencias similares que han dado la raz¨®n a los denunciantes. En el Ciemat hay varios casos parecidos pero muy pocos deciden dar la cara por miedo a represalias o a quedarse en el paro.

Tras la primera sentencia favorable, la abogac¨ªa del Estado recurri¨® en representaci¨®n del Ciemat. Uno de los argumentos de la abogac¨ªa del Estado fue que la ley de la ciencia ampara este tipo de contratos. Esta norma, aprobada en 2011, hace ciertas excepciones al estatuto de los trabajadores para que cient¨ªficos y t¨¦cnicos puedan encadenar contratos temporales. Ahora, el tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de los abogados del Estado. Su fallo, tomado el pasado mi¨¦rcoles, confirma que el contrato de Garc¨ªa est¨¢ en fraude de ley y condena a la Administraci¨®n a abonar las costas del letrado de Garc¨ªa, de 400 euros.

Decid¨ª contar mi caso porque no quiero que esto le pase a otra gente, algo tiene que cambiar, hay que modificar las leyes

La decisi¨®n del tribunal confirma que Garc¨ªa tendr¨¢ que ser readmitida o indemnizada por despido improcedente. Fuentes del Ciemat han explicado hoy que a¨²n no han recibido la notificaci¨®n de la sentencia y que hasta que eso suceda no se comunicar¨¢ a Garc¨ªa la decisi¨®n del centro.

La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. ¡°Para conseguir que se admita a tr¨¢mite un recurso como este hay que demostrar que hay una sentencia previa de un caso id¨¦ntico pero de fallo contrario, generalmente nunca se recurren casos as¨ª¡±, explica Ra¨²l Ma¨ªllo, letrado de Garc¨ªa.

La falta de nuevas plazas fijas y los recortes en los presupuestos de investigaci¨®n han favorecido que esta situaci¨®n se agrave. El a veces complicado encaje del trabajo cient¨ªfico dentro de la normativa de la Administraci¨®n y la creciente fiscalizaci¨®n por parte del Ministerio de Hacienda han recrudecido la situaci¨®n de algunos cient¨ªficos y t¨¦cnicos. El problema supone adem¨¢s un creciente coste para las arcas p¨²blicas. En 2016, el Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC), contabiliz¨® un total de 617 readmisiones por sentencia entre sus trabajadores que supusieron un coste de 2,6 millones de euros. En el Ciemat, en 2017 hubo unas 30 denuncias y un tercio de los demandantes tuvieron que ser readmitidos.

¡°Decid¨ª contar mi caso porque no quiero que esto mismo le pase a otra gente, algo tiene que cambiar, hay que modificar las leyes¡±, explica Garc¨ªa, de 44 a?os y con una hija de menos de un a?o de edad. Su situaci¨®n es algo menos cr¨ªtica desde que decidi¨® denunciar, pues acaba de encontrar un puesto de trabajo como especialista en protecci¨®n radiol¨®gica en otro centro de investigaci¨®n, en principio con un contrato temporal de cuatro a?os.